Valencia
Seis exmilitantes de organizaciones sociales denuncian las torturas sufridas a manos de Benjamín Solsona

Con estas son ya doce las personas que han denunciado la práctica de tortura por Solsona y otros policías de la Brigada Político-Social en València. 

Benjamín Solsona 4
Los grises en la Plaza de la Virgen antes de cargar en València. Imagen de archivo

publicado
2019-10-21 06:16

Lucila Aragó tenía 20 años cuando fue detenida por la Brigada Político-Social (BPS) en València. Fue el 22 de septiembre de 1975. En esa época era estudiante de Económicas y militaba en el PCE(m-l)/FRAP. Pasó nueve días encerrada en los calabozos de la Dirección General de Seguridad en València recibiendo puñetazos, descargas eléctricas y todo tipo de torturas por parte de varios agentes. “Me torturaron varios policías, entre ellos recuerdo a Manuel Ballesteros y Benjamín Solsona”, señala.

Aragó fue a la cárcel y, poco después, salió el libertad con la sucesión de indultos que siguieron a la muerte de Franco. Es una de las seis personas que hoy presentarán una querella contra Solsona y otros policías del régimen por las torturas que sufrieron en los últimos meses de la dictadura.

“Somos seis personas pertenecientes en nuestro momento a distintas organizaciones de izquierda”, explica Aragó, que relata la campaña represiva que el régimen había lanzado entonces. “Eran los últimos meses de la dictadura, había una situación de conflictividad política elevada, y de violencia”, recuerda. Un mes antes de la detención de Aragó, el régimen había aprobado una ley antiterrorista que, además de ampliar los supuestos en los que aplicar la pena de muerte, tenía como principal foco los “grupos u organizaciones comunistas, anarquistas, separatistas”. En ese mes fueron ejecutados los últimos condenados a muerte del franquismo —los militantes del FRAP José Humnerto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, y los dos miembros de ETA político-militar Juan Paredes ‘Txiki’ Mano y Ángel Otaegui—. “En ese contexto, fuimos detenidas alrededor de unas cien personas de distintas organizaciones de izquierda en València, la mayoría sufrimos vejaciones y torturas”, continúa Aragó.

“Fuimos tratados de forma absolutamente indigna, éramos personas que luchábamos por las libertades democráticas y contra un régimen dictatorial”, afirma. Aragó tiene actualmente 64 años y, como muchos de sus compañeros de esa época, está actualmente vinculada a la Plataforma de apoyo a la Querella Argentina en País Valencià que hace cinco años se creó en el territorio. Varios de ellos han dado su testimonio ante la juez María Servini, titular del Juzgado número 1 de Buenos Aires que desde 2010 instruye la causa contra los crímenes del franquismo.

“Colaboro con este tipo de actividades porque considero que ya está bien, han pasado 44 años desde la muerte del dictador y ya está bien. No es normal que en un país democrático estén aún por resolverse estos temas”, reclama Aragó. “Nuestro caso es uno más de los miles que han sucedido en los 40 años de dictadura, que fueron crímenes de lesa humanidad”, continúa, señalando que “aún quedan miles de personas en fosas comunes y miles de familias que no saben dónde están enterrados sus familiares en un país que presume de tener una democracia ejemplar”.

Con las seis querellas de hoy son ya doce las presentadas por torturas contra Benjamín Solsona y otros miembros de la Brigada Político-Social en Valencia. En abril de 2018, otras seis personas denunciaron ante juzgados de lo penal las agresiones que sufrieron estando bajo detención en 1971 por parte de Solsona y otros policías en Valencia. 

A las querellas contra Solsona se suman otras 17 querellas presentadas contra Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’ —una de ellas ya admitida a trámite y otras dos archivadas—, tres más presentadas contra Pascual Honrado de la Fuente en Oviedo, y seis más contra Jesús Muñecas Aguilar en Tolosa y otras cuatro en Donosti.

Benjamín Solsona, que cuenta actualmente 88 años de edad, está en paradero desconocido. Es uno de los policías del franquismo imputados, junto a Antonio González Pacheco, Jesús Muñecas Aguilar y otros tantos —además de cargos políticos como Rodolfo Martín Villa o Fernando Suárez— en la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, que instruye desde 2010 la titular del Juzgado número 1 de Buenos Aires, María Servini, y que desde 2014 está bloqueada por un decreto aprobado por el Consejo de Ministros.

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