Policía
Policías siniestros sin punto final

Al principio la noticia hacía reír. La detención del joven Francisco Nicolás, un pillo a medio camino entre un buen personaje de ficción y una mala serie de Antena 3, introdujo a la periodista Patricia López en la investigación más importante de su vida. Hasta entonces trabajaba cubriendo sucesos para un programa de escándalos en una cadena de televisión de medio pelo. Recordó que aquel joven se había acercado a ella para ofrecer información sobre la tragedia de Madrid Arena en 2012. Le contactó y Nicolás le habló de un comisario.

López explica a El Salto que nunca había oído hablar de José Manuel Villarejo hasta el momento en que Nicolás dejó caer ese nombre. El responsable de prensa de la Policía le aseguró que no existía ningún Villarejo. Posteriormente, López escribió en Público que, el día en el que España entera se preparaba para reírse con el caso del pequeño Nicolás, Villarejo hizo tres llamadas: la primera, al ocho veces condecorado con la medalla del mérito policial José Luis Olivera —cesado este año por el ministro de Interior—; las siguientes, a dos directivos de Indra y ACS; y la última, al brazo político de Atresmedia, el empresario de la comunicación Mauricio Casals.

El caso Villarejo es el más importante para el periodismo de la última década —y en la historia reciente solo comparte plano con el caso GAL— también porque implica a periodistas que habrían sido cómplices en la intoxicación informativa. Correas de transmisión de las cloacas, también llamada policía patriótica. Una estructura forjada en las Brigadas de Información, constituida por varias decenas de policías siniestros dispuestos a hacer mucho daño para obtener objetivos políticos, casi siempre por dinero. No siempre fue así, al menos hace 60 años la pasta no era el factor fundamental.

Uno de los afectados por las filtraciones a medios del comisario Villarejo explica que miembros de su familia y su entorno fueron acosados con informaciones que se demostraron falsas, con la amenaza de publicación de materiales íntimos. “Nunca te imaginas los costes reales sobre la vida cotidiana”, comenta a este medio, sin más ganas de hablar de esa historia. Tampoco las personas que fueron torturadas en los años 60 y 70 quieren extenderse, cuatro décadas más tarde, al contar cómo era el sufrimiento físico, el miedo, la ira o el dolor al estar frente a sus torturadores.

Mirar desde demasiado cerca el engranaje que ha funcionado en torno a un círculo de agentes de la ley conlleva riesgos, aunque formar parte de esa maquinaria puede ser una tentación. Patricia López lo sabe. La han amenazado, también le han presentado una lista de periodistas “favorecidos” por la policía corrupta: “¿Cuál de estos quieres ser?”, cuenta que le preguntó el comisario Enrique García Castaño. Le ofrecía acceso directo a exclusivas. Un futuro como periodista de élite a cambio de cerrar la boca sobre un puñado de asuntos.

Álvaro de Cózar apenas recuerda cuándo escuchó por primera vez el nombre de Villarejo. Está seguro de que fue en El País, y que sonaba con más frecuencia cuando se hablaba de casos turbios. Años después, realizó V, las cloacas del Estado, un podcast que acumula más de un millón y medio de escuchas en el que traza una aproximación a 40 años de democracia a través de la actividad de Villarejo. “La expresión ‘las cloacas del Estado’ puede ser confusa, porque da la sensación de que son policías que trabajan haciendo cosas chungas para el Estado —chungas pero que, de alguna manera, sirvieran a los ciudadanos— y realmente no, realmente a lo que se llama las cloacas del Estado es a un grupo de policías que ha montado un chiringuito”, valora para El Salto.

En la propia policía se conoce y se habla sobre esa estructura paralela, confirma Luis Miguel Lorente Moreno, coordinador General de la Agrupación Reformista de Policías (ARP): “Sabemos que aquí hay gente que se ha aprovechado de su puesto para lucrarse y no es que se justifique, pero tampoco se hace nada al respecto”. Su sindicato ha denunciado a Villarejo por revelación de secretos, pero Lorente denuncia que sindicatos del cuerpo con “mucha más potencia y mucho más poder” se han dejado llevar por el corporativismo y la falta de diligencia.

Se asume la cifra de unos 60 policías en esa mafia de un cuerpo de 60.000, pero no son agentes cualquiera, ya que algunos se encuentran entre los más condecorados. Sus nombres se han quemado a raíz del hilo que se soltó con la detención de Francisco Nicolás. Eugenio Pino —director adjunto de la Policía desde 2012 hasta su jubilación en 2016—, los comisarios José Luis Olivera y Carlos Salamanca, o los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano y Andrés Gómez Gordo —que fuera jefe de Seguridad en Castilla-La Mancha con Cospedal—. Nombres relacionados con casos contra líderes independentistas y nacionalistas —operación Catalunya, caso Pujol—, contra Podemos —caso Pisa— y contra Luis Bárcenas, el hombre que sabía demasiado del PP —caso Kitchen—. Son piezas dentro del conocido como caso Tándem, más conocido aún como caso Villarejo. El 29 de marzo de 2019 saltaba la sorpresa en la Audiencia Nacional. Enrique García Castaño, uno de los policías imputados en el caso Villarejo, relacionaba al comisario con un viejo conocido de las personas torturadas en el Franquismo, Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.

Faltan muchos. López ha publicado números de registro de agentes activos que han ejercido de muñidores de operaciones de las cloacas. De Cózar recuerda que el término de cloacas es difuso y que no cabe pensar en términos demasiado rígidos: “Es un departamento sin despachos, sin nombres en las puertas, sin teléfonos claros que te lleven a ese sitio”. Un círculo de confianza en el que quizá no todos participan con la misma intensidad, pero en el que se mueve la información, los favores, el compadreo. Los llaman los “40 principales”, comenta De Cózar, y se tratan unos a otros de “troncos”. ¿Es Villarejo el jefe? Patricia López, pese a todo, cree que la fama del comisario está eclipsando la dimensión organizativa del entramado, y cree que el policía es algo así como el director ejecutivo —o CEO— de la empresa. “El jefe, o uno de los jefes, desde luego sí ha sido, sobre todo en los últimos años”, resuelve De Cózar. En las páginas de Vanity Fair, el condenado por narcotráfico —y detenido por el excomisario— Laureano Oubiña discrepaba: “Villarejo, que es un gángster, es un santo al lado de lo que hay en las cloacas del Estado. Han sacrificado a un peón para no sacrificar al rey”.

el caso malaya

Lo llaman la Costa del Sol y es, junto con Sotogrande, el epicentro del lujo en Andalucía. Cada año, miles de aspirantes se juegan los puestos de trabajo que los jeques árabes demandan para cubrir sus cuidados durante la temporada estival. Junto con Alicante, la Costa del Sol es un destino relajado para excombatientes de las guerras sucias del norte, también una especie de paraíso para quienes consideran paradisíacas la trata, la prostitución y el mercado de las drogas ilegales. Son los años 2000, y la semilla de una serie de escándalos ha quedado enterrada en terrenos en proceso de recalificación.

Para la población madrileña sobresalen dos sustantivos: ático y Estepona. En marzo de 2019, Ignacio González —retirado de la política por el caso Lezo—pidió personarse en la causa contra Villarejo. El expresidente de la Comunidad de Madrid denuncia que la grabación de una conversación suya con Villarejo y García Castaño no se corresponde con la grabación real. El mismo tipo de montaje de un audio que denuncia la doctora Elisa Pinto, presuntamente apuñalada por Villarejo durante un trabajo privado para un exalto cargo de OHL, López Madrid —el ‘compiyogui’ de la reina Letizia’—. En el caso de González, fue El Mundo el que publicó que el expresidente había, siempre presuntamente, recibido una mordida en forma de ático. Sucedió en Estepona (Málaga).

Para la población del resto del país, la clave de la época se llama Malaya. En el epicentro del lujo, el terremoto llegó a través de un caso de corrupción fundacional, en el que Villarejo tuvo una participación doble. Álvaro de Cózar lo explica: “Ser policía y detective, una pata privada y una pública, está prohibido por ley. Para cualquier cosa, se necesita pedir permiso”. La estructura paralela organizada por Villarejo se plasmó en 2006 en una venta de terrenos a Sandokán —Rafael Gómez Sánchez—, un pico de seis millones de euros para el comisario que, a la sazón, era colaborador en el caso Malaya de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). La UDEF, estructura creada en la sobria —muy sobria— primera legislatura de Aznar, estaba dirigida entonces por José Luis Olivera, desde la llegada del PSOE al Gobierno retirado al Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado.

La UDEF atiende a una nueva demanda de control del patrimonio evadido. Para López, es una respuesta a la red de blanqueo generada por las cloacas entre finales de los 90 y mediados de la primera década del siglo. Una “línea de negocio” que consiste en cobrar a las empresas por repatriar el dinero evadido. Previamente, sospecha la periodista, el dinero fue a algunos de los puntos en los que Villarejo extendió sus redes: Uruguay, Argentina, Panamá, Guinea Ecuatorial. El escritor e historiador Iñaki Egaña añade la conexión entre la costa del Sol y la guerra sucia. La “trama vasca” de Malaya, en la que el papel de altos cargos de Kutxabank ha sido denunciado.

Los locos años de los locos dosieres

Estamos en los locos 90. España está de moda. También sus detectives. A excepción de Pepe Carvalho, el resto han sido policías o lo son en excedencia. Uno de ellos, reciclado tras su paso por las cloacas del sindicalismo policial, ofrece todo tipo de servicios a empresas e instituciones. Ha pasado por Estados Unidos y adquirido nuevos saberes y trucos. José Villarejo, para servirles, desarrolla un fino instinto para el contrabando de información. Es algo chuleta, más bien poco fino, pero se ha hecho imprescindible para el Estado. En cualquier caso, se avecina una purga y tiene que volver de su excedencia oficial de una década. Le repescará Agustín Linares, subdirector adjunto de la Policía durante la etapa del hombre de la patada en la puerta, José Luis Corcuera.

Interior cambia de manos cuatro veces en tres años. José Barrionuevo ha sido llevado a la picota por el estallido en la prensa del caso GAL y sus sucesores Corcuera y Antoni Asunción han desfilado por la puerta de salida por distintos y escandalosos motivos. El Gobierno está acosado por los
casos de corrupción y recurre a una nueva generación, incorporada en torno a 1993, año de elecciones, las últimas que ganó Felipe González.

Entre las estrellas fichadas, sobresale una: Baltasar Garzón, superjuez, curtido en la lucha contra el narcotráfico gallego —operaciones Nécora y Pitón—. Se marchará pronto. Felipe González atrae al partido al juez Juan Alberto Belloch, que será ministro de Interior tras el 93. Con él llega la magistrada Margarita Robles, hoy ministra de Defensa en funciones, que sustituye a Rafael Vera como secretaria de Estado de Interior. La combinación funciona a medio gas. El nuevo equipo descubre lo que técnicamente se conoce como una tonelada de mierda en los despachos de Vera y de Barrionuevo. Entre las medidas que toma Robles, una es clave para el esclarecimiento de la guerra sucia: dejar de pagar con fondos reservados al subcomisario José Amedo y al inspector Michel Domínguez, ambos posteriormente condenados por los GAL.  Simultáneamente, Garzón, que ha salido del Gobierno por la puerta de atrás, está investigando por su cuenta el caso GAL. Todo es demasiado regeneracionista para ser verdad. La cosa estalla y Garzón se convierte en una molestia.

Estamos en los loquísimos años 90. Un puñado de policías de los 80 han constituido sus propias empresas de seguridad e investigación —la especialidad son los seguimientos y las escuchas—, otros se convierten en altos cargos de seguridad en empresas del Ibex 35. Los empresarios, “en una lógica puramente capitalista, contratan a los mejor posicionados”, explica Egaña. Empresas que buscan gente capaz de hacer lo legal, lo ilegal y lo alegal. Pepe Carvalho no está disponible —además, tiene un estómago delicado—, y quienes lo están son nombres como Francisco Álvarez —conocido como Gálvarez por las tres primeras letras del mote—, Benjamín Solsona, Antonio González Pacheco y un tal José Villarejo.

Entre los trabajos más habituales está la elaboración de dosieres: carpetas con pruebas acumuladas de actividades ilegales, o que pueden poner en un compromiso a determinada figura pública o con aspiraciones de serlo. Dos personajes presumen de una colección de ellos, son Javier de la Rosa —para quien trabajó González Pacheco— y Mario Conde, con quien Villarejo entró en contacto a raíz de uno de esos dosieres, encargado, supuestamente, por Interior: el informe Crillón —elaborado por detectives de la agencia Kroll, para la que trabajó Villarejo— contra el banquero del pelo engominado. Ni De la Rosa ni Mario Conde ordenaron la creación del Informe Véritas, posiblemente el más famoso de todos ellos. Fue el Gobierno. O al menos eso es lo que dijo Villarejo en una de las televisiones del grupo de Mauricio Casals.

El 16 de febrero de 1995, el diario El Mundo publicaba el titular: “Un grupo especial de la Policía ha espiado al juez Garzón y a funcionarios de Interior” y una pequeña columna especial dedicada al comisario Villarejo, que explica con detalle cómo y por qué reingresó en el cuerpo. Villarejo, cuenta la nota, trabajó para Monzer Al Kassar, investigado por Garzón por tráfico de armas, y también para Interior, a quien entregó un informe sobre el juez.

El asunto era feo. Interior, supuestamente —años después Villarejo inculparía a Margarita Robles—, estaba metido en el espionaje del que hasta dos tardes antes había sido el fichaje estrella de su campaña contra la corrupción. Todo el informe, que no solo atañía a Garzón, quedó como una sarta de mentiras. La depuración policial afectó a tres efectivos del cuerpo, que fueron trasladados de sus comisarías: Villarejo, García Castaño y un tal Ramón Lillo —Ray Nolan en sus pinitos cinematográficos—, aparentemente víctima de las escuchas y seguimientos, y, también, hombre de la sirian connection con Al Kassar. El ejecutor del informe, Carlos Rubio pasaría posteriormente a la nómina del Banco Santander como jefe de Seguridad.

La sobria —muy sobria— primera legislatura de Aznar, comenzó con el escándalo de los dosieres y terminó con la matanza del 11M, y una llamada del propio presidente para desinformar a los directores de los principales diarios. El desenfrenado juego que se trajeron los servicios secretos —y sus gargantas profundas—, los mandos intermedios que no quieren pagar el pato de los GAL —Amedo, San Cristóbal—, los banqueros y empresarios —Conde, de la Rosa, Ruiz Mateo— y la beautiful people —caso Ibercorp— terminó en tablas. Lo importante es que España siguió siendo el país donde más rápido se podía forrar un emprendedor.

La guerra sucia y la transición hacia la impunidad 1975

Franco, tras 40 años de dictadura, muere. Dos años antes había saltado por los aires, en la operación Ogro, Luis Carrero Blanco, que se posicionaba como sucesor del dictador. El aparato del Régimen se aferra a toda clase de herramientas para mantener el control. Frente a la actividad de ETA, Grapo y otros grupos se aglutina una mafia en torno al Batallón Vasco Español (BVE). Un nombre en clave al que acompañan otros para una estructura formada por la internacional fascista. Durante 40 años España ha sido un santuario para criminales vinculados al nazismo, al fascismo italiano y a los grupos ultra de Francia —la temible Organización del Ejército Secreto (OAS)— y Argentina (la Triple A). El mecanismo, según contaron después algunos de esos mismos criminales, incluía facilitarles la vida en España a cambio de algunos trabajos sucios para el Estado. Montejurra, en el año 76, es una cima de la conexión entre los servicios secretos y el grupo, reunido en torno a dos nombres, el ideólogo Stefano Delle Chiaie y el sicario Jean Pierre Cherid.

La Fundación Euskal Memoria cifraba en 2015 en cerca de 500 las víctimas de la guerra sucia en País Vasco. Más del 60% de estos crímenes siguen impunes, según denunciaba en marzo el Foro Social Permanente. Muchas de estas víctimas, como Mikel Zabalza, ni siquiera tenían relación con el grupo armado. Para los policías de la Brigada Patriótica, haber servido en el País Vasco —Villarejo lo hizo en Donostia, pero apenas hay rastros de su actividad— se convierte en un blasón. Aquellos sí eran tiempos para policías duros como José Amedo, capaz de ver tres veces en una misma tarde la película Yo soy la justicia, de Charles Bronson.

“En el franquismo había un único ente, no hay policías paralelas; a medida que nos acercamos a la monarquía parlamentaria es cuando empiezan a aparecer cloacas, redes paralelas”, explica Egaña. Los grupos terroristas en torno al BVE surgen cuando la policía represiva franquista comienza a dividirse para mantener fuera de lo oficial a esa parte que usaría métodos alegales, o ilegales, para perseguir a los que consideraban enemigos en una guerra sangrienta. Posteriormente, los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) pretenden poner orden en esa táctica de contrasubversión, sustituyendo a los criminales del fascismo italiano —algunos siguen siendo protegidos por el Estado, que niega su extradición— por mercenarios de origen portugués y, especialmente, de Francia. Su responsabilidad recae, enteramente, en los responsables de Interior del PSOE, José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados a diez años de cárcel y que cumplieron tres meses y medio de prisión, respectivamente, gracias a un indulto del primer gobierno de Aznar. Las técnicas, golpear a los presuntos terroristas en suelo francés, habían sido adquiridas por la colaboración, a partir de los 70, con el Mossad israelí.

Al frente del aparato, inicio de las cloacas, destacan algunos nombres. Manuel Ballesteros, juzgado por negarse a identificar a los responsables de la matanza del bar Hendayais; José Sainz —captador de El Lobo, topo en ETA y al que, posteriormente, se sitúa en Estados Unidos aprendiendo junto a Villarejo, explica Egaña—; o José Amedo, que sería condenado por formar parte de los GAL y salió de prisión en 2000 tras pasar doce años preso, tiempo durante el cual recibió nómina, además de 200 millones de pesetas que el Gobierno español ingresó en un banco suizo a nombre de su esposa, según publicaba El País en 2013—. A los guardias civiles Enrique González Galindo —condenado en 2000 y excarcelado en 2004— y Manuel Pastrana —quien ha hecho de sus vivencias una entrega por fascículos— se les tiene que sumar la responsabilidad intelectual de Andrés Casinello, figura clave de los servicios secretos, en la creación del llamado Plan Zona Especial Norte, considerada por muchos como el plan estratégico de la guerra sucia. Casinello, imputado en 1996 por Baltasar Garzón, nunca ha sido relacionado judicialmente con la puesta en marcha de los GAL.

También el nombre de Antonio González Pacheco tiene una estrecha relación con la guerra sucia contra ETA, según ha contado Teresa Rilo, viuda del sicario Jean Pierre Cherid, en Cherid. Un sicario en las cloacas del Estado. Billy el Niño y Cherid habrían sido compañeros, amigos e, incluso, el sicario francés habría sido su subordinado. Por supuesto, en la relación también aparece Roberto Conesa —conocido como ‘superagente Conesa’—, que fue jefe de la Brigada Antiterrorista después de haber sido señalado por su papel en el secuestro, en 1976, de Antonio de Oriol y Urquijo —ministro de Justicia hasta nos años antes, cargo desde el que impulsó la política de distanciamiento de presos para los opositores franquistas, en ese momento presidente del Consejo de Estado, y, a su vez, financiador de la operación Montejurra— y en el rescate del teniente Villaescusa.

En 1981, seis años después de morir Franco, en la Dirección General de Seguridad (DGS) moría, fruto de las torturas recibidas, Joseba Arregi. “Me colgaron en la barra varias veces dándome golpes en los pies, llegando a quemármelos no sé con qué; saltaron encima de mi pecho; los porrazos, puñetazos y patadas fueron en todas partes”, relató Arregi a sus compañeros de presidio en el hospital del centro penitenciario de Carabanchel, donde murió pocos días después. La muerte fue producida por un “fallo respiratorio originado por proceso bronconeumónico con intenso edema pulmonar”, señalaba el informe forense de la autopsia presentada ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, que investigó su muerte.

Arregi murió diez días antes de la intentona golpista del 23F, jaleada por algunos de los sospechosos habituales de la Brigada Político Social. Entonces gobernaba UCD y como ministro de Justicia estaba Francisco Fernández Ordóñez, que luego pasó a la cartera de Exteriores con el primer gobierno de Felipe González. Ordóñez exigió al entonces ministro de Interior, Juan José Rosón, que investigara la muerte del militante de ETA. 73 policías de la DGS fueron citados ante el juez, y cinco fueron imputados: Juan Luis Méndez Moreno, Juan Antonio Gil Rubiales, Julián Marín Ríos, Ricardo Sánchez y Juan Antonio González. De ellos, solo dos fueron finalmente condenados.

Marín Ríos y Gil Rubiales fueron sancionados por ser “instructor” y “secretario” en la declaración bajo tortura que se tomó a Arregi, y, casi nueve años después, y tras pasar de un tribunal a otro, fueron condenados tan solo a tres meses de arresto y tres y dos años respectivamente de suspensión de empleo y sueldo. Pero ni siquiera sufrieron este castigo, ya que el Gobierno de Felipe González les indultó y continuaron con su carrera policial. Rubiales, en 2005, llegaría a ser comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Tenerife, designado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Muchos de los policías que participaron en la guerra sucia habían sido “reciclados”, señala el historiador Pablo Alcántara. Tenían un gris origen: la Brigada Político Social, un cuerpo creado en los 40 para perseguir —y torturar— a los movimientos antifranquistas, y que se mantuvo hasta 1978, tres años después de la muerte del dictador. El exsecretario general del PCE, Santiago Carrillo, llegaría a confesar al periodista Mariano Guindal su convencimiento íntimo de que, detrás de los asesinatos de la Matanza de Atocha, estaba la siniestra inducción de Roberto Conesa, Billy el Niño y Andrés Margarida, entonces excoordinador general de los servicios de información en el País Vasco.

El origen: la BPS

“A él lo que le gustaba era causar terror, y lo que causaba era asco”, recuerda Rosa María García Alcón. Se refiere a Antonio González Pacheco. García Alcón fue detenida en agosto de 1975 por militar en la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), una organización estudiantil vinculada al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Billy el Niño entonces no llegaba a los 30 años de edad y fue uno de los agentes de la BPS que la torturaron, el que lo hizo con más saña. Rosa contaba 18. La tuvieron durante una semana encerrada en la DGS, en la Puerta del Sol. Allí, día tras día, recibió patadas, puñetazos y golpes por todo el cuerpo.

Algunos de los nombres que protagonizaron el terror de los últimos años del franquismo son bien conocidos, como González Pacheco o Benjamín Solsona —que tendría bajo su ala en los años 70, como infiltrado para la BPS, a Antonio Moreno Piquer, quien en 2012 tachó de “enemigos” a los estudiantes que se manifestaron en la Primavera Valenciana—. Pero son varias las decenas de policías franquistas que, 40 años después, no han pagado por los crímenes que cometieron contra la oposición antifranquista. María Servini, juez argentina que en 2010 comenzó la instrucción de la querella contra los crímenes del franquismo, pidió en 2016 a las instituciones españolas poder interrogar a 19 personas, entre ellas, además de cargos del Régimen y Transición como Rodolfo Martín Villa, a varios policías: Jesús Muñecas Aguilar —acusado por las torturas infringidas a Andoni Arrizabalaga y condenado por participar en el 23F—, Ricardo Algar Barrón —entre otros, torturó a Chato Galante, fue policía hasta 1988—, Antonio González Pacheco, Félix Criado Sanz, Benjamín Solsona, Jesús González Reglero —en 2010 fue ascendido a comisario, con varios destinos como Cartagena, Usera-Villaverde y Chamartín (Madrid) o Leganés—, Jesús Martínez Torres —imputado por los GAL, comisario de Información con Felipe González hasta 1994— o Jesús Quintana Saracibar —uno de los policías que dispararon a muerte en la masacre de Vitoria, en 1976, y que fue posteriormente ascendido, en 1980—.

En paralelo a la querella argentina, son ya más de una docena las querellas presentadas contra policías torturadores del franquismo. La mayoría han sido rechazadas, pero ya hay tres admitidas —dos contra Billy el Niño y una contra Benjamín Solsona— y supondrán que, por primera vez, en España los juzgados investiguen la comisión de torturas por parte de agentes de la BPS. Aún no imputados, pero presentes en algunas de las querellas presentadas, comienzan a repetirse otros nombres, como el de Celso Galván, que acabaría siendo guardaespaldas de la Casa Real.

“Los medios más generales muchas veces ponen el foco en policías como Billy el Niño, y lo que no se ve realmente es que hay una estructura del franquismo que después pasó a la transición, una estructura de torturas, de vigilancia de la oposición al franquismo de la que mucha de la gente, con la excusa de la lucha antiterrorista, pasaron sin ningún tipo de remordimiento”, lamenta Alcántara, que cita también a algunos como Claudio Ramos —cuyo nombre aún es recordado entre los activistas asturianos—, Manuel Ballesteros y Roberto Conesa —que antes de pasar a la guerra sucia fueron jefes de la BPS—, o José Sainz, que fue jefe de Villarejo en Bilbao.

Fue Conesa uno de los que seguramente trajo a España algunas de las técnicas usadas por la Brigada Político Social con el sello de la Gestapo. Tras ingresar en el Cuerpo de Policía en 1939, colaboró con la policía secreta del régimen nazi, según relata José Carlos Clemente en sus Historias de la transición: el fin del apagón. “Hay muchos testimonios que dicen que Winzer, uno de los jefes de la Gestapo aquí en España, estuvo presente durante las torturas de la BPS durante los 40. Sí que hubo colaboración, aunque no se sabe hasta qué punto”, explica Alcántara, que apunta que también la CIA y el FBI habrían entrenado a los policías franquistas en métodos de interrogatorio. “He encontrado en informes policiales el caso de Vicente Reguengo, que fue jefe de la policía en Madrid, de quien pone que estuvo en el 57 en Estados Unidos para asistir a cursos de entrenamiento sobre el FBI”. Antonio Juan Creix, que sería el “vengador de Melitón Manzanas” —también torturador y uno de las primeras víctimas de ETA—, también habría viajado a Estados Unidos entre los años 1957 y 1958 a recibir entrenamiento, según relata Antoni Batista en su obra La carta: historia de un comisario antifranquista.

“Me da rabia porque no se consiguió que se hiciera ningún tipo de depuración”, lamenta García Alcón en referencia a la trayectoria que tuvieron González Pacheco y otros policías de la BPS. “Han seguido sus carreras e incluso los que han sido condenados luego han sido indultados y también han seguido; la policía es una cloaca general”, continúa. La continuidad, aún hoy, 40 años después, sigue palpándose, aunque no sea algo generalizado, según afirman desde la ARP, que también ha denunciado que haya símbolos franquistas en algunas comisarías. “No es una cosa que esté muy generalizada, pero, si los hay, es inaceptable”, afirma Luis Miguel Lorente Moreno, portavoz de la ARP. “Que hay compañeros que son nostálgicos del pasado, por supuesto que los hay, aunque se hacen notar más en redes sociales que en las propias dependencias policiales; que a lo mejor hay una deriva un poco más potente ahora, posiblemente, pero no es tan exagerado. Eso sí, tenemos que estar muy vigilantes de que no vaya a más”, resume.

Para Alcántara, la policía franquista aún pervive y se ve sobre todo en temas como la actitud ante el Procés catalán o las prácticas de tortura. La responsabilidad de las grandes empresas —fomentando la confusión público-privado—, de los partidos políticos —empleando tácticas que rechazaban antes de llegar al poder— y de la propia justicia —que, como señala López, ha aceptado las cloacas en casos “completamente manipulados en esencia”— no hace sombra al papel jugado por Interior, responsable de 40 años de cloacas. Durante la pasada campaña electoral, el victorioso Pedro Sánchez aseguró que las cloacas habían llegado a su fin con la moción de censura de julio de 2018. Tendrán que pasar años, o décadas, para saber si es verdad.