Susana Albarrán Méndez

Es la respuesta de la Comisión para el Aborto de Madrid a la frase, “Si les parece poco, váyanse a otro lado a abortar”, que espetaba la presidenta Díaz Ayuso cuando se negó en rotundo a cumplir con el registro regional de objetores de conciencia.

Se ejecuta el desahucio de esta vecina de Vallecas, con sus tres hijas, una de ellas embarazada, que vivían en un piso de esta multimillonaria entidad financiera, quien se siempre negó a ofrecerle un alquiler social.

Con diversos actos y manifestaciones colectivos migrantes de América Latina vuelven contrarrestar la narrativa del “descubrimiento”, “la conquista”, “el encuentro” y el desfile militar en el día de la fiesta nacional del Estado español.

Otras seis ciudadanas españolas se han negado firmar su expulsión ya que, argumentan, fueron interceptadas en aguas internacionales, lo que no es constitutivo de delito.

Este 2 de octubre se cumplían 1.975 días desde que los sectores 5 y 6 de la Cañada Real se quedaron sin luz. Más de 4.000 personas, muchas de ellas niños y niñas, siguen viviendo sin electricidad.

No había denuncia previa y algunas inquilinas estaban en negociaciones de realojo, pero este miércoles el Ayuntamiento de Villalba ordenaba el desalojo del edificio aduciendo “insalubridad e inseguridad”.

El derecho al aborto, está respaldado en España por la ley 1/2023, pero en la práctica queda en evidencia que no está totalmente garantizado para las mujeres, pero especialmente para las migrantes, porque simplemente no pueden ni ejercerlo.

Después de varios intentos, incluso contratando a una empresa de desokupación, los rentistas desalojaron por vía judicial a Amparo, una mujer de 69 años, enferma del corazón, que vive en este piso de Vallecas desde hace nueve años.

El sindicato de vivienda han tenido conocimiento de hasta de 40 casos como el que se ha ejecutado hoy. Muchas familias les envían mensajes como último recurso para intentar detener la expulsión de este recurso municipal.