República del Sudán
Darfur: crisis humanitaria y crímenes de lesa humanidad, según el Tribunal Penal Internacional

La fiscal adjunta del Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya, Nazhat Shameem Khan, ha advertido de que se están produciendo crímenes de lesa humanidad en Sudán.
Desplazados en Tawila y alrededores. Abril 2025
Desplazados en Tawila y alrededores. Abril 2025. MÉDICOS SIN FRONTERAS (MSF).
11 jul 2025 13:20

Nazhat Shameem Khan, fiscal adjunta en el Tribunal Penal Internacional (TPI), ha advertido que existen “motivos razonables” para pensar que se están produciendo crímenes de lesa humanidad en Darfur (Sudán), donde la guerra se ha cobrado ya la vida de más de 40.000 personas y ha provocado el desplazamiento interno de unos 13 millones de sudaneses y sudanesas.

Se trata de la peor crisis de desplazados de la actualidad. Unos tres millones de personas han huido del país, la gran mayoría a Egipto.

Crímenes de lesa humanidad

“En base a nuestras investigaciones independientes, la postura de nuestra oficina es clara. Tenemos motivos razonables para creer que se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur”, ha declarado la fiscal.

En su investigación, Nazhat Shameem Khan alerta de los crímenes cometidos en Darfur Occidental, los ataques contra infraestructuras hospitalarias y convoyes de ayuda humanitaria y la privación a la población de agua potable, alimentos y medicamentos de primera necesidad. También se mencionan las violaciones como arma de guerra y la violencia sexual contra las mujeres (la ONU calcula que unos siete millones de mujeres están en riesgo de sufrir violencia de género); así como los secuestros recurrentes de población civil.

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Ya en enero de 2025, el fiscal jefe del TPI, Karim Khan (actualmente apartado del organismo a causa de la acusación de una presunta conducta sexual inapropiada), había comunicado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que había motivos para creer que las dos facciones que se disputan el poder en el país, las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR; SRF, por sus siglas en inglés) y las Fuerzas Armadas Sudanesas  (FAS; SAF, por sus siglas en inglés) podrían estar cometiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio en la región.

30 millones de personas requieren ayuda urgente

Según Naciones Unidas, más de 30 millones de personas, dos tercios de la población, entre ellos 16 millones de niños (el 90% de la infancia del país), requieren ayuda urgente. Cerca de 25 millones de personas padecen hambre aguda, y hay casi ocho millones de personas al borde de la inanición.

A la situación de hambruna hay que sumarle la proliferación de brotes de distintas enfermedades, como el sarampión, la difteria y el cólera; y la falta de infraestructuras hospitalarias y medios para hacer frente a la situación, ya que más del 70% de los hospitales de la zona no está operativo.

Cerca de 25 millones de personas padecen hambre aguda, y hay casi ocho millones de personas al borde de la inanición

Oxfam asegura que esos 16 millones de niños y niñas en Sudán están fuera de la escuela, lo que aumenta las posibilidad de que sufran explotación laboral, matrimonio forzado y aumenta el riesgo de que sean víctimas de trata y de reclutamiento por parte de los grupos armados.

Dos facciones en lucha por el poder

Desde abril de 2023, la población sudanesa vive sumergida en una guerra que se ha extendido por todo el territorio, en el que es el tercer país más grande del continente africano, con unos 48 millones de habitantes.

La intensificación de la guerra, en los últimos meses, entre las Fuerzas de Apoyo Rápido y las Fuerzas Armadas Sudanesas ha provocado que la situación haya sido calificada por Naciones Unidas como una de las peores crisis humanitarias de la actualidad.

Al frente de las FAS está el general Abdelfatah al Burhan y líder del Consejo Soberano de Sudán (quien perpetró el golpe de Estado de 2021); y al frente de las FAR está su antiguo aliado, el general Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como Hemedti.

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Si bien la guerra se inició en 2023, el conflicto en el país venía de antes; cuando se produjo el desacuerdo respecto a la integración de las milicias de las FAR en el ejército nacional, un proceso que Al Burhan esperaba concretar en dos años, mientras Hemedti aspiraba a finalizar en 15. Este fue el principal escollo del acuerdo que las dos facciones habían firmado en diciembre de 2022 y por el cual se comprometían a retomar el proceso democrático truncado con el golpe de Estado de octubre de 2021. Reticentes a su disolución, las fuerzas de Hemedti pronto mostraron su músculo.

Ahora, tras dos años de guerra, el TPI pone la mirada en este país, habitualmente fuera del foco de los medios de comunicación internacionales; pero la situación no es nueva. Ya en febrero de 2024, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicaba un informe en el que se advertía de los ataques indiscriminados contra la población civil perpetrados por ambos lados, tanto por las Fuerzas Armadas Sudanesas, como por las Fuerzas de Apoyo Rápido y se mencionaba la posibilidad de que se estuviesen cometiendo crímenes de guerra.

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