Ter García

El informe del Gabinete de la Alcaldía sobre la actividad de Villacís constata que la concejal siguió representando a la mercantil Iuriscontencia y se cierra diciendo que las dificultades para la imposición de una sanción a la concejala parten de que otros representantes tampoco han sido “escrupulosos” en sus declaraciones.

El expresidente de Asamblea Nacional Catalana ha testificado hoy sobre los tuits que mandó el 20 de septiembre sobre las movilizaciones ante el registro de la sede del Govern.

El Juzgado Penal número 21 de Madrid celebrará los próximos días 3, 4 y 7 de junio el juicio por la muerte de Samba Martine, que falleció en 2011 en el CIE de Aluche.

La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, siguió figurando hasta 2014 como una de las letradas de Iuriscontencia, pese a que su equipo asegura que lo dejó mucho antes de obtener su puesto como concejal.

El exconseller de Interior afirma que, aunque su compromiso político era la celebración del referéndum, separó este compromiso de su actuación como jefe de la policía en Catalunya.

El exvicepresidente catalán subraya, en la tercera jornada del juicio, la necesidad de una solución política al conflicto catalán.

Fiscalía, Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox responderán hoy, en la segunda jornada de juicio, a las cuestiones previas expuestas por las defensas.

El debate sobre los Presupuestos para 2019 se convierte en campaña electoral para la derecha y en un espacio para reiterar la necesidad de diálogo con Catalunya mientras el Tribunal Supremo comienza el juicio de la causa contra el Procés.

Varios de los abogados han pedido la suspensión del juicio hasta tener acceso a la totalidad de las pruebas, el grueso de ellas procedentes del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Las barriadas de San Cristóbal y Begoña sufrirán el encierro entre torres de hasta 70 plantas y los nuevos accesos a la zona de oficinas del Manhattan que el Ayuntamiento y BBVA quieren construir en el norte de Madrid.

Dos sindicalistas de CNT serán juzgados el 29 de enero por realizar un piquete al debate electoral que tuvo lugar el 8 de mayo de 2015 para las elecciones municipales de Barcelona.

La empresa de capital riesgo madrileña Capital Riesgo Madrid perdió 1,3 de los 1,5 millones de euros que invirtió en la empresa textil Suprasport coincidiendo con la entrada de Esperanza Aguirre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Los seis jóvenes condenados afirman que no pagarán la demolición del pueblo, por lo que la pena de cárcel podría ampliarse a los dos años y tres meses.

En contra de lo dictado por la Ley de Fundaciones, la entidad fundada por Santiago Abascal, que está detrás de las convocatorias anti Catalunya, no ha presentado cuentas oficialmente desde 2014.

Desde CGT denuncian que la empresa pública ha dejado de renovar los contratos para los refuerzos que se consiguieron en julio.

Mañana, 8 de enero, la Audiencia Nacional retoma el juicio por la salida a Bolsa de Bankia. La sala tendrá que responder a las pretensiones de las defensas de los 34 acusados de eliminar a las acusaciones particulares y aplicar la llamada Doctrina Botín.

El juicio y condena a los ocho jóvenes de Altsasu por una pelea de bar con dos guardias civiles ha marcado un año judicial en el que, por fin, se ha puesto freno desde Europa a las causas por enaltecimiento del terrorismo.

La sala de apelaciones de la Audiencia Nacional absuelve a un joven detenido en la operación Araña. Fue condenado en septiembre a un año de cárcel citando a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dicta que, para que un mensaje sea delictivo, este debe crear un riesgo real de que se cometa un acto terrorista.

Jesús Cejas Mohedano, imputado en la querella argentina por ser uno de los jueces que dictó pena de muerte para los últimos fusilados del franquismo, aparece como secretario en varias de las empresas relacionadas con el grupo Artesanos Camiseros, en los que CRM e Inicap gastaron 15 millones de euros.

Javier López Madrid, varias de las personas condenadas por las Tarjetas Black de Caja Madrid e imputados en la Púnica son algunas de las más de cien personas implicadas en la supuesta trama de malversación de fondos de la Comunidad de Madrid a empresas de la moda y a Ingesport a través de Capital Riesgo Madrid e Inicap.

Los seis jóvenes, detenidos un mes después de la manifestación celebrada en la Puerta del Sol en apoyo al derecho a decidir del pueblo catalán, se enfrentan a cinco años y medio de prisión.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprueba por unanimidad tramitar la ley que abrirá los archivos de la Administración y la Iglesia para investigar los casos de bebés robados.

La Fiscalía pide la expulsión del país de Lamine Sarr, portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, y de otros dos manteros, y cárcel para cuatro personas más por vender falsificaciones en la manta.

La Asociación de Abogados Cristianos pide dos años de cárcel y 46 meses de multa para las dos activistas por encadenarse a la reja que rodea el crucifijo de la catedral de La Almudena para denunciar la propuesta de ley de aborto en 2014. 

El portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha sido detenido hoy en Granada en relación a un supuesto delito de injurias a la Corona. En 2016, llamó “miserable” al actual rey Felipe VI.

Tres de los trabajadores afectados por la intoxicación de Asturiana de Zinc en 2012 inician hoy una huelga de hambre para reclamar que la empresa cumpla con el acuerdo alcanzado en 2013.

El próximo 5 de noviembre, siete personas irán a juicio por tirar de la palanca de varios vagones del Metro de Madrid. La acción, que tuvo lugar en abril de 2012, denunciaba el aumento del precio de transporte. Hoy se enfrentan a dos años y medio de cárcel.

Alpha y su familia han decidido seguir pagando el alquiler y negarse a abandonar su vivienda en la calle Floridablanca, 92, en Barcelona, tras finalizar su contrato de arrendamiento. Un centenar de personas han ocupado la sede del Instituto Francis, de los mismos propietarios, para forzar una reunión en la que buscar una solución para la familia.

Modificar los artículos que sancionan las concentraciones no comunicadas o limitar el tiempo que la policía puede retener a alguien en comisaría para identificarle son algunas de las medidas que expone el acuerdo entre el Ejecutivo de Sánchez y Unidos Podemos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

Cinco de las personas que han sufrido torturas a manos del ex policia de la Brigada Político-Social Antonio González Pacheco han presentado una petición al Parlamento Europeo para que inste a la Comisión Europea a investigar estos delitos.

Inés Madrigal anuncia que va a recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que declara culpable a Eduardo Vela de su robo, cuando nació, pero le absuelve argumentando prescripción de los delitos.

Katherine Gómez, de 20 años, fue encontrada muerta en su celda. Estaba en régimen de aislamiento, a pesar de que, como expuso la primera autopsia, estaba medicada con antidepresivos, antipsicóticos, antiepilépticos y ansiolíticos.

Víctor Sampedro, catedrático de Opinión Pública en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), habla sobre la situación de la universidad en el marco de los casos sobre los másteres de cargos políticos.

Todos los partidos, menos el Partido Popular, han asegurado su apoyo a la ley o su voto a favor para la toma en consideración en el Congreso.

Jorge Jiménez, del colectivo Distrito 14, fue condenado a siete meses y al pago de 1.200 euros de indemnización a un agente de policía nacional. 

El relator especial de la ONU para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Garantía de No Repetición, Fabián Salvioli, afirma que el Gobierno español, más allá de resignificar el Valle de los Caídos, debe dejar de obstaculizar los procesos judiciales por crímenes del franquismo.

La resolución del recurso interpuesto por vecinos afectados de la venta de pisos en Leganés declara la nulidad de la venta del total de viviendas, pero, como en la anterior, circunscribe los efectos a los querellantes.

Desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo señalan que echan de menos medidas por parte del Ejecutivo que permitan la investigación de los crímenes del franquismo.

Asociaciones de vecinos de la zona afectada y ecologistas dejan plantado al Ayuntamiento en la presentación del nuevo proyecto para el norte de Madrid, que será aprobado el 20 de septiembre por la Junta de Gobierno.

Hablamos con Victoria Portas, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.

Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, se enfrenta a una querella, junto a la juez belga que instruye la causa contra Llarena, en el último episodio de la rocambolesca historia judicial del Procés catalán. 

Adolfo Rodríguez y  Julio Gomáriz Acuña presentan dos querellas por torturas contra Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Con ellas, son nueve las querellas a las que se enfrenta en antiguo policía del régimen.

El Juzgado archiva la causa contra los activistas, que se enfrentaban a multas que sumaban cerca de 11.500 euros, al no considerar probadas las acusaciones por parte de la Policía.

Desde el Ministerio de Interior señalan que serán las Juntas de Tratamiento de cada centro penitenciario las encargadas de valorar y proponer las medidas a adoptar con cada uno de los 241 presos dispersos en cárceles del Estado español.

La plataforma ha convocado una jornada de debate en el Congreso en la que presentar un documento de mínimos para la próxima Ley de Seguridad Ciudadana.

Berta Jeannique es una de las acusadas por la organización ultracatólica del ataque al autobús que en 2017 recorrió el territorio español difundiendo mensajes contra la transexualidad.

La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado hoy la primera sesión del juicio contra el médico Eduardo Vela. Es el primer juicio por robo de bebés que se celebra. La fiscalía pide once años de prisión para Vela.

Las familias de los jóvenes de Altsasu condenados por la Audiencia Nacional afirman que no van a admitir "esta barbaridad" y llaman a una manifestación el 16 de junio en Iruñea.

Durísimas penas a los acusados en el caso Altsasu. El Tribunal les absuelve de un delito de terrorismo pero emplea el máximo tipo penal para los ocho acusados.

Desde el SAT anuncian que presentarán una querella por prevaricación contra el Tribunal Constitucional. Molero ha sido condenado a cinco años de cárcel por atentado a la autoridad y lesiones, además de al pago de una multa de 16.000 euros.

La Fiscalía pide seis años de cárcel para trece de los 14 acusados, y un año y seis meses para la restante.

Francisco Rodríguez se enfrenta, con 83 años y un cáncer en fase de metástasis, a la expulsión de su vivienda a final de mes después de que el edificio haya sido comprado por un fondo de inversión.

El viernes, seis de los pobladores que han recuperado el pueblo abandonado de Fraguas en la sierra norte de Guadalajara irán a juicio. Se enfrentan a cuatro años y seis meses de cárcel por delitos contra el medio ambiente, ordenación del territorio y usurpación.

El actor ha explicado en la parroquia San Carlos Borromeo, arropado por compañeros del gremio como Javier Bardem, Leo Bassi o Alberto San Juan, por qué no se ha presentado ante la citación judicial por la causa abierta contra él por ofensa a los sentimientos religiosos.

Además de las cuatro personas detenidas, otras dos han recibido citaciones para declarar en los juzgados de Plaza de Castilla en los próximos días.

Desde Aprodeme denuncian que, con la excusa de la protección al menor, la Administración quita custodias de manera injusta y son más de mil las familias afectadas.

En el segundo día del juicio por la pelea de Altsasu le ha tocado el turno a los dos guardias civiles supuestamente agredidos el día de los hechos. El primero en declarar ha ratificado la identificación de los acusados, aunque después ha afirmado que a varios de ellos no los vio participar en la agresión.

Un año y medio después de la pelea de Altsasu, comienza el juicio contra los ocho jóvenes acusados de lesiones y amenazas terroristas. 

Pepe Beunza, histórico activista contra el servicio militar obligatorio, es uno de los nombres incluidos en el informe de la Guardia Civil sobre la supuesta cúpula de los Comités de Defensa de la República.

El próximo 16 de abril, Boro, periodista de La Haine, será juzgado por supuestas lesiones y atentado a la autoridad durante las protestas de Jaque a la Monarquía, en abril de 2014. 

La portavoz municipal de Ciudadanos notificó el pasado 26 de marzo su cese como administradora solidaria de Iuriscontencia, la empresa de asesoría legal de la que su marido ha pasado a ser administrador único.

El Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid afirma en rueda de prensa que sí hubo persecución antes de la muerte de Mame Mbaye y reclaman una investigación a fondo sobre lo sucedido.

El joven senegalés fallecido ayer por un ataque al corazón tras una persecución policial llegó a España en mayo de 2006 desde Senegal. 

Una trabajadora sexual lleva a juicio al Grupo Empresarial La Florida, propietario, entre otros, del Club Flowers, en Madrid.

Desde la plataforma señalan que la entidad ferroviaria está actuando como un fondo especulativo, vendiendo viviendas, y piden su cesión a los ayuntamientos para que formen parte del parque de vivienda pública.

Un mail de CC OO siembre dudas sobre la convocatoria de huelga general e insta a seguir solo los paros de dos horas propuestos por los sindicatos mayoritarios.

Ermengol Gassiot es uno de los 27 imputados por la ocupación del rectorado de la Universitat Autònoma de Barcelona de 2013. Se enfrenta a once años de cárcel por convocar una rueda de prensa durante la ocupación.

La escritora García de Cid ha dedicado los últimos años a investigar el robo de niños en el franquismo e instaurada la democracia.

La Dirección General de la Policía de Madrid ha entregado el informe solicitado por la Junta de Distrito que demarca las calles en las que se instalarán los dispositivos de videovigilancia.

Los colectivos que trabajan en prevención del sida denuncian la mala gestión por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, que, en los últimos trece años, acumuló la cuarta parte de los diagnósticos de VIH de todo el Estado.

La empresa que gestiona el Open de Tenis que se celebra cada año en la Caja Mágica tiene, desde 2012, los derechos de explotación del complejo deportivo de estas instalaciones. Una superficie de más de 33.360 metros cuadrados por la que paga un alquiler de 5.000 euros mensuales.

El plazo para poner en marcha el proyecto está a un mes de expirar, sin que hasta ahora haya tenido nuevos avances.

El Parlamento cántabro decidirá en las próximas semanas si aceptar o vetar la iniciativa legislativa popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Vivienda.

Konde Mouhammed pertenece al Colectivo de Sin Papeles de París. Este semana viajó al Parlamento Europeo, donde habló de la necesidad de un trabajo coordinado entre las personas sin papeles de la Unión Europea para conseguir cambios en la políticas migratorias.

En su segunda reunión en el Parlamento Europeo, eurodiputados de Podemos, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds han fijado con colectivos por los derechos de las personas migrantes los siguientes pasos a dar para mejorar la política migratoria.

Un veintena de personas de colectivos por los derechos de los migrantes de Madrid, Barcelona, París y Turín reclaman en la institución europea que insten a reformas en la Ley de Extranjería.

De centro de represión a espacio ciudadano. La Modelo vuelve a abrir sus puertas en Barcelona.

Arias-Salgado, Álvarez Cascos y altos directivos de Renfe son algunas de las personas que movieron hilos para beneficiar a la antigua Argentaria y a la constructora San José en el proyecto urbanístico del norte madrileño.

Con las de Meyer y Galante son ya cinco las denuncias presentadas por torturas durante el franquismo. 

Asociaciones de vecinos y colectivos sociales piden que se paralice la apertura de nuevas viviendas de uso turístico hasta que se ponga en marcha un proceso transparente y participativo sobre su regulación.

Una carta remitida a Madridec desde Mutua Madrileña Masters Madrid muestra como el jefe de MTP seguía y decidía sobre el desarrollo de la infraestructura, cuyo coste pasó de los 128,6 a más de 294 millones de euros.

No todo fueron penas en este 2017. Hacemos un breve repaso por aquellas noticias que nos permiten ver el año que nos deja —por suerte— desde otro punto de vista.

El activista Rodrigo Lanza ha defendido en su declaración en los juzgados que la muerte de Víctor Laínez se produjo como consecuencia de un acto de autodefensa ante el ataque del fallecido con una navaja.

La Audiencia Nacional les ha condenado a un día más del tiempo de condena de cárcel máximo para poder pedir la suspensión de entrada en prisión.

Juan Cartagena es presidente de Latino Justice y una de las principales voces en la lucha contra el racismo institucional.

Tras tres horas de retención, la Policía Nacional permite que los vigilantes privados contratados por Desokupa y el sobrino de Julio Iglesias bloqueen la entrada del centro social La Yaya.

La empresa de desalojos ilegales ha dado un ultimátum a la asamblea del centro social para que abandone el inmueble antes de las 12h del 12 de octubre.

Grupos de la campaña Som Defensores reseñan que en el último mes se han recogido 64 agresiones al derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.

La plataforma Lavapiés, ¿dónde vas? denuncia ante el Ayuntamiento más de 200 pisos turísticos en distrito Centro que no cumplen la normativa.

Tres personas heridas y un centenar de identificados en las protestas contra el muro del AVE tras la visita del ministro de Fomento.

La sociedad civil ha denunciado el saqueo del Canal de Isabel II durante más de diez años. Más claro agua. El plan de saqueo del Canal de Isabel II (Traficantes de Sueños) explica toda la trama.

Un informe de Harraga muestra la desprotección y la criminalización de los menores no acompañados en Melilla.

Nombres de la política aparecen relacionados con las principales empresas.