Pesca
¿Sostenible para quién? Detrás de las bambalinas del acuerdo de pesca sostenible entre la UE y Madagascar

“No hay nada sostenible en las actividades pesqueras de la UE en el Océano Índico”, afirma Frédéric Le Manach, director científico de la ONG francesa Bloom, que lleva años trabajando para desenmascarar la influencia de los lobbies industriales en el sector pesquero europeo. Sin embargo, el acuerdo que permite a los pesqueros con bandera europea acceder a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Madagascar lleva el nombre de “Acuerdo de Asociación para la Pesca Sostenible” (SFPA, por sus siglas en inglés).

Firmado en 2023, el nuevo SFPA autorizó a más de 65 pesqueros europeos —entre ellos 33 palangreros y 32 pesqueros de cerco— a acceder a la ZEE de Madagascar y pescar un total de 140.000 toneladas de atún al año. El Océano Índico, zona estratégica para esta actividad, proporciona el 21% del atún consumido a nivel mundial, con una captura anual de 920.000 toneladas.

Un favor a los lobbies europeos del atún

Los pesqueros europeos —aunque representan una flota relativamente pequeña— siempre han tenido una posición dominante, y llevan a cabo el 55% de las capturas totales de atún listado y el 30% de las de atún aleta amarilla. De todo el atún pescado por la UE en el ámbito mundial, el 6% proviene del Océano Índico, y dos tercios de este ha sido pescado por pesqueros españoles y franceses.

Las operaciones de estos barcos suelen ser posibles gracias al apoyo político y económico de la UE, que, a través de acuerdos bilaterales, permite a las industrias atuneras europeas eludir los costos elevadísimos de las licencias de pesca, que harían económicamente insostenible esta actividad.

Los pesqueros europeos siempre han tenido una posición dominante, y llevan a cabo el 55% de las capturas totales de atún listado y el 30% de las de atún aleta amarilla

Por ejemplo, para acceder a la ZEE de Madagascar, un pesquero europeo de más de 3.000 toneladas debería pagar 537.000 dólares al año. A través del SFPA, en cambio, con 12,8 millones de euros la UE garantiza el acceso a 65 pesqueros durante 4 años. Esto convierte a la UE en una pieza clave para las ganancias de los lobbies industriales del atún, que, sin embargo, parecen pasar por alto un aspecto fundamental de los acuerdos: la sostenibilidad ambiental de la pesca intensiva.

Técnicas de pesca no tan sostenibles

Un dato proporcionado por Fanazava Rijasoa, director del Centre de Surveillance de Pêche de Madagascar (CSP), demuestra que, en 2024 los pesqueros europeos superaron el límite de 140.000 toneladas de atún pescable en la ZEE malgache, y se alcanzaron un total de 203.860 toneladas entre atún listado y aleta amarilla. Dato alarmante, si se tiene en cuenta  que, durante casi una década, la Comisión del Atún del Océano Índico (IOTC, por sus siglas en inglés) ha declarado al atún aleta amarilla como especie sobreexplotada.

“El estado del atún aleta amarilla es crítico, principalmente debido al abuso por parte de los pesqueros europeos de los Dispositivos de Agregación de Peces (FADs, por sus siglas en inglés)”, explica Frédéric Le Manach. “Como hemos demostrado en uno de nuestros informes, el 97% del atún aleta amarilla capturado con estos dispositivos está constituido por FADs”.

Los FADs son estructuras flotantes, a menudo construidas por materiales como madera, plástico, redes o boyas, colocadas en mar abierto con el objetivo de atraer peces, especialmente especies pelágicas como el atún, el pez espada, el marlín y otros. Sin embargo, como explica Le Manach, estos dispositivos atraen y permiten la captura de grandes cantidades de peces, sin distinción de especie o tamaño, lo que compromete  la capacidad de reproducción de las poblaciones. 

Según la IOTC, en 2022 las capturas de atún aleta amarilla alcanzaron aproximadamente 410.000 toneladas, y superaron en más de 60.000 toneladas el rendimiento máximo sostenible

“El atún aleta amarilla es una especie seriamente amenazada en el Océano Índico y, desde 2015, la IOTC lo ha clasificado como especie sobreexplotada, por lo que está en riesgo”, explica Jess Rattle de la Blue Marine Foundation. “Su desaparición comprometería el equilibrio y la salud de todo el ecosistema marino, por lo que es fundamental reducir la actividad pesquera.”

Según la IOTC, en 2022 las capturas de atún aleta amarilla alcanzaron aproximadamente 410.000 toneladas, y superaron en más de 60.000 toneladas el rendimiento máximo sostenible (MSY, por sus siglas en inglés),  de 349.000 toneladas. A pesar de ello, la comisión fijó un límite de captura de 403.000 toneladas para 2023, aún superior al MSY.

Organizaciones como la Global Tuna Alliance (GTA) y la International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) han criticado esta decisión, y han subrayado que las capturas deberían reducirse al menos en un 30% respecto a los niveles de 2020 para garantizar una verdadera recuperación de la población.

A pesar de esto, el SFPA entre la UE y Madagascar de 2023 permite a 65 embarcaciones europeas el uso de 8.000 FADs, lo que pone aún más en cuestión la sostenibilidad ambiental del acuerdo. De estos barcos, 23 son propiedad de grandes lobbies industriales franceses y españoles con un pasado controvertido en materia de sostenibilidad ambiental.

Nueve embarcaciones pertenecen a la Compagnie Française du Thon Océanique (CFTO) y cuatro a SAPMER, parte del grupo ORTHONGEL, uno de los mayores consorcios franceses del sector y miembro de uno de los lobbies más poderosos del atún en el ámbito europeo: Europeche. Por otra parte, cuatro pesqueros son propiedad de Echebastar, tres pertenecen a ALBACORA y otros tres a INPESCA SA —todas empresas vinculadas a los principales lobbies españoles del sector: OPAGAC y ANABAC.

El SFPA entre la UE y Madagascar de 2023 permite a 65 embarcaciones europeas el uso de 8.000 FADs. De estos barcos, 23 son propiedad de grandes lobbies industriales franceses y españoles

El ministro de Pesca de Madagascar Mahatante Paubert, firmante del acuerdo y a menudo visto como un portavoz de la sostenibilidad ambiental, nunca ha puesto resistencia al uso de los FADs;  es más, ha justificado la elección de estos dispositivos bajo la convicción de que la explotación de los recursos pesqueros a través del uso de tecnologías de máxima eficiencia no debe ser limitada. “Todas las actividades humanas producen impactos en los ecosistemas: es imposible pescar sin influir en las poblaciones”, explica el ministro. Esa declaración confirma una posición controvertida frente a la pesca sostenible: en 2022 se opuso a una resolución de la IOTC que pretendía imponer limitaciones a la pesca del atún aleta amarilla.

Una controvertida recuperación del aleta amarilla

Hasta la fecha, dicha reducción no se ha producido, pero en 2024 una nueva evaluación de los stocks pesqueros de la IOTC reposicionó categóricamente al atún aleta amarilla, y lo declaró especie no sobreexplotada. “Este cambio tan repentino fue muy extraño”, continúa Jess Rattle. “Normalmente hay fases intermedias entre la zona roja, en la que el atún aleta amarilla ha estado clasificado durante diez años, y la zona verde, que lo declara completamente fuera de peligro

Varios observadores independientes advierten que la reciente reclasificación del estado del atún de aleta amarilla en el Océano Índico estaría directamente relacionada con el peso cada vez mayor de los intereses industriales dentro de las negociaciones pesqueras. 

Desde 2015, el número de lobistas presentes en la delegación de la Unión Europea en las reuniones de la Comisión del Atún del Océano Índico (IOTC) ha aumentado drásticamente: de 6 sobre 18 miembros en 2015 a 14 de 26 en 2018. Actualmente, uno de cada cinco delegados en la IOTC representa intereses europeos, y el 46% de ellos son lobistas de la industria. Francia y España, líderes en la pesca atunera europea, suman juntos 203 delegados —86 franceses y 117 españoles—, un dominio abrumador.

Gorka Merino, científico español y asesor de la UE, además de coordinador del grupo técnico responsable del último informe de la IOTC, sostiene que el cambio de evaluación se debe a errores técnicos en estudios anteriores. Según los nuevos modelos, incluso capturas históricas de hasta 480.000 toneladas podrían considerarse sostenibles.

“Recordemos que ningún proceso científico relacionado con la pesca del atún está libre de presiones políticas"

Sin embargo, otros expertos piden cautela. “Esta evaluación debe tomarse con reservas, como todas las anteriores. Existen vacíos de datos que se suplen con estimaciones inciertas. Asumir que todo ha vuelto a la normalidad es extremadamente peligroso”, alerta Glen Holmes, alto funcionario del Pew Charitable Trusts. “Recordemos que ningún proceso científico relacionado con la pesca del atún está libre de presiones políticas. Ninguno.”

La incertidumbre que rodea esta nueva evaluación plantea un dilema urgente sobre cómo gestionar de forma sostenible la pesca del atún en el Océano Índico. El papel de la Unión Europea en esta región genera cada vez más interrogantes. Detrás de acuerdos calificados como “sostenibles”, como el SFPA firmado con Madagascar, se oculta la creciente influencia de poderosos grupos industriales, especialmente franceses y españoles, que logran incidir tanto en los análisis científicos como en las decisiones políticas.

Detrás de acuerdos calificados como “sostenibles”, como el SFPA firmado con Madagascar, se oculta la creciente influencia de poderosos grupos industriales, especialmente franceses y españoles

La reciente “luz verde” del IOTC al estado del atún de aleta amarilla, a pesar de que las capturas siguen superando los límites considerados sostenibles, se interpreta más como una victoria diplomática que como un logro ecológico. Sin transparencia ni verdadera independencia científica, la UE corre el riesgo de socavar la credibilidad de la gobernanza internacional y, con ello, comprometer la viabilidad futura de las poblaciones de atún.

Esta investigación cuenta con el apoyo de una subvención del fondo IJ4EU. El Instituto Internacional de Prensa (IPI), el Centro Europeo de Periodismo (EJC) y los socios restantes del fondo IJ4EU no se responsabilizan del contenido publicado ni del uso que se haga de él.