La mina de Aznalcóllar volverá a producir en 2028: viejas heridas, nuevos vertidos

La Junta de Andalucía ha dado luz verde definitiva a la reapertura de la mina de Aznalcóllar a manos de la compañía Grupo México, un proyecto que pretende verter más de más de 17 mil millones de litros de aguas tóxica al río Guadalquivir.
Mina de Aznalcóllar
La mina de Aznalcóllar

Aznalcóllar (Sevilla) celebrará el 30 aniversario de la rotura de la balsa de residuos de la mina local en 2028, uno de los mayores desastres ecológicos que se han producido en las últimas décadas en Europa, con el inicio de actividad de un nuevo proyecto minero. El pasado viernes, la Junta de Andalucía daba luz verde definitiva a la apertura de la Minera Los Frailes en la localidad, a pesar de las advertencias ecologistas, de tener a parte de la sociedad andaluza en su contra y de los más de 15.000 millones de litros de aguas contaminadas que pretende verter la empresa al río Guadalquivir.

“La autorización podría multiplicar por diez o más la contaminación que se ha dado hasta el momento, que ya es muy alta”, explica el catedrático Jesús Castillo

“Hoy el corazón de Aznalcóllar vuelve a latir”, expuso el alcalde de la localidad Juan José Fernández Garrido, frente al ayuntamiento local donde en una pancarta colgada de los balcones consistoriales podía leerse “Mina sí, paro no”. Junto al alcalde, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, defendía el proyecto, que ha tardado en tramitarse más de 13 años, alegando que “la minería del siglo XXI empieza hoy”. Paradela ha sacado pecho del proyecto cuya inversión tiene un coste de 500 millones de euros; la compañía proyecta que durará veinte años y pretende extraer 45 millones de toneladas de zinc, plomo y cobre, con una producción media estimada de 2,7 millones de toneladas por año.

Paradela ha insistido en que la mina “no dispondrá de balsas de residuos“. Pasando por alto las toneladas de residuos que Minera Los Frailes pretende verter al Estuario del Guadalquivir, como llevan años advirtiendo los colectivos ecologistas: “Es una amenaza ambiental y económica para el Estuario del Guadalquivir, el Corredor Ecológico del Guadiamar, Doñana y su entorno”, exponen Ecologistas en Acción e insisten en que “el consejero no se ajusta a la realidad cuando asegura que el proyecto de reapertura no dispondrá de ninguna balsa de residuos”.  La agrupación ecologista expone que el proyecto pretende “verter millones de toneladas de nuevos lodos tóxicos mineros, concretamente el 50% de los residuos del proceso de tratamiento del mineral, en la antigua Corta de Aznalcóllar, donde actualmente ya están depositadas millones de toneladas de lodos procedentes de la rotura de la balsa de 1998”.

A pesar de la amenaza, el anuncio de la apertura definitiva se celebró en la localidad con fuegos artificiales, y el alcalde manifestó que pretende celebrar una gran fiesta tras la noticia de la reapertura y ha mostrado su agradecimiento a ”todos los que han hecho posible que el pueblo de Aznalcóllar pudiera salir de las colas del paro“. 

La localidad sevillana es una de las más castigadas por el desempleo en toda Andalucía, y la promesa de más de mil puestos de trabajo que tiene vinculada la mina es un soplo de esperanza. Sin embargo, como recuerda el catedrático Jesús Castillo, encargado de uno de los informes que denuncian la situación, “esto no es un conflicto entre medio ambiente y puestos de trabajo”. Desde la Plataforma SOS Guadalquivir denuncian que los puestos de trabajo suponen un argumento falaz para el apoyo de proyectos como este: “De modo intencional, no se computan los muy negativos efectos para muchos otros sectores económicos y empresas que se verán afectados por el desastre medioambiental en el Guadalquivir”, y añaden que el consejero tampoco menciona “los puestos de trabajo que se perderán; las zonas que se degradarán; las especies de flora y fauna que se contaminarán o que incluso desaparecerán; la contaminación que provocará; la afección grave de la seguridad alimentaria y de todos los sectores económicos que se verán seriamente afectados”.

Un discurso, el de futuros empleos, que se utiliza de forma común para la aceptación de distintos proyectos lesivos con el territorio emitidos por empresas, instituciones y medios de comunicación, como demuestra Manuel Rodríguez Illana en su libro Andalucía, basurero del Estado español.

Daños irreversibles en el Guadalquivir

“La autorizaciones podría multiplicar por diez o más la contaminación que se ha dado hasta el momento, que ya es muy alta”, expone Castillo. Según el proyecto elaborado por minera Los Frailes y que se ha aprobado en la primera fase preoperaciones se verteran más de 17 mil millones de litros de aguas tóxicas que se encuentran almacenadas en las Cortas de Aznalcóllar. Durante los años de funcionamiento, 17 años, se verteran de forma anual 4 mil millones de aguas tóxicas procedentes de esta actividad económica. Las aguas se verterán al Estuario del Guadalquivir, un espacio ZEC de la Red Natura 2000.

Estos vertidos que utilizaran una tubería de 30km desde la mina hasta el estuario se unirán a los proyectado por la Mina Las Cruces en Gerena, que está a punto de obtener la luz verde definitiva de la Junta de Andalucía y el pasado marzo recibía el apoyo de la Unión Europea. Las cruces proyecta verter también al Estuario  44.460 millones de litros de aguas con residuos tóxicos.

El experto Félix Talego expone que “tanto la compañía como la administración andaluza y de Madrid guardan silencio sobre este y otros impactos también muy graves que va a tener esta reapertura”

“Es una triste noticia para la comunidad científica, estamos demostrando el impacto de estos vertidos, la Junta de Andalucía está negando la ciencia al servicio de la multinacional y sin mirar por el bien público”, denuncia Castillo.

Además de estos vertidos, el experto Félix Talego expone que “tanto la compañía como la administración andaluza y de Madrid guardan silencio sobre este y otros impactos también muy graves que va a tener esta reapertura. También va a gravar el estado del río Guadiamar, que es el afluente del Guadalquivir que mayor aporte de agua dulce da al Parque Nacional de Doñana”.

Según exponen desde la Plataforma SOS Guadalquivir, estos vertidos llegarian al Océano Atlántico “los metales contaminaran gran parte de la costa Golfo de Cádiz, incluso llegaran al mar mediterráneo”.

Distintas iniciativas populares, políticas e institucionales han intentado parar los pies a estos proyectos. A principios de año el Defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu redactaba un informe exigiendo a las autoridades que  se creara”una comisión de expertos técnicos y científicos“que evaluara los riegos del proyecto e instaba al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que tomara cartas en el asunto.

Por su parte, distintos partidos políticos de la oposición han mostrado su rechazo a la iniciativa. Desde Verdes Equo que la pasada semana anunciaban que llevarán la problemática que definen como “desastre ambiental” al Parlamento Europeo hasta Izquierda Unida que han reiterado su negativa a la reapertura de la mina, a pesar de que el alcalde de la localidad forma parte de esta agrupación política.

Grupo México, una empresa en el punto de mira y con un juicio en marcha

En 2015 Ecologistas en Acción denunciaba a la empresa Grupo México por irregularidades en el proceso de adquisición de los derechos mineros de la zona de Aznalcóllar. Un juicio que comenzó el pasado marzo de 2025 y aún se encuentra en marcha. Además de la  acusación popular, representada por el grupo ecologista, la empresa Emerita España, competidora directa en el proceso de adjudicación también ha denunciado a la compañía.

aA Grupo México se le acusa por posibles delitos de prevaricación, fraude, malversación, negociación ilegal y prevaricación ambiental y están imputadas un total de 16 personas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechazaba en abril un recurso de Emerita, validando la explotación de la mina por parte de la misma. Una decisión que ha acelerado el proceso de luz verde definitiva al proyecto por parte del gobierno andaluz.

Grupo México es una de las compañías líderes del sector minero a nivel mundial; distintos fondos como Blackrock, Capital Research & Management Co., Tornburg Investment Management y The Vanguard Group forman parte de su accionariado.

La compañía además es conocida por el derrame de 40,000 metros cúbicos de solución de sulfato de cobre procedentes de la mina Buena Vista del Cobre en el río de Sonora en México en 2014, afectando a más de 20,000 personas.  En 2019 vertió 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. 

El desastre de 1998, una herida abierta

Los ecologistas y la sociedad civil miran preocupados la apertura de esta nueva mina con el recuerdo del desastre de Aznalcóllar que en abril de 1998 tras la rotura de una balsa de lodos mineros provocó el vertido de 5,5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y 1,9 millones de metros cúbicos de aguas ácidas cargadas de metales pesados, que arrasaron el cauce del río Guadiamar, a las puertas de las marismas de Doñana, poniendo en peligro este espacio protegido afectando a 4.600 hectáreas.  

Un desastre del que nadie asumió las responsabilidades. En 2023 daba fin al juicio contra la empresa responsable de esta mina, Boliden, que fue denunciada por la propia Junta de Andalucía a pagar 89 millones de euros. Sin embargo el juzgado sevillano que se encargaba del caso falló en favor de la empresa que no tuvo que pagar ningún tipo de reparación.

Aún a día de hoy se pueden observar en el territorio afectado rastros de aquel desastre. Heridas aún sin curar, que quizá no lleguen a cicatrizarse antes de que se produzcan unas nuevas.

Ecologismo
El Estuario del Guadalquivir desprotegido frente a los vertidos mineros
La Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) pertmitió un vertido minero 900.000 m3 que tuvo lugar entre 2009 y 2021. Ahora, un nuevo vertido del doble de volumen ya está aprobado.
Contaminación
La autorización de vertido de la Mina de Aznalcóllar al Guadalquivir ignora aspectos científicos claves
La Junta de Andalucía ha autorizado un vertido minero al estuario del Guadalquivir sin garantías de que no va a contaminarlo gravemente.
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