Comunidad de Madrid
Suspenden la declaración como testigo del asesor sanitario de Ayuso en la pandemia al considerarle imputable

La madre de Carmen López enfermó con covid el 14 de marzo de 2020. Estaba en la residencia Parque de los Frailes (Leganés). Hasta el 5 de abril no fue derivada a un hospital, cuando su situación ya era muy grave. “Llevaba cuatro días en los que no nos podía ni coger el teléfono”, explica su hija, Carmen López. Finalmente fue trasladada al hospital por “error”: pensaban que podía caminar. Los protocolos sanitarios firmados por altos cargos de Ayuso bloqueaban los traslados hospitalarios para mayores dependientes. Por estos documentos la tía de Ana María Gómez no recibió asistencia médica y pasó más de 15 días enferma tras contagiarse con covid. Nunca fue trasladada a un hospital y falleció en la misma residencia de Madrid. “Nosotros insistimos que la derivaran al hospital de IFEMA, al Hospital Severo Ochoa... pero no fue posible porque ella iba en silla de ruedas y tenía deterioro cognitivo”, expresa Gómez.

Hoy estas dos familiares, pertenecientes a Marea de Residencias, han declarado en los Juzgados de Instrucción de Leganés, tras presentar una querella por discriminación en la asistencia sanitaria. Junto a ellas han intervenido Juan Abarca, presidente del grupo NH Hospitales, y Alberto Reyero, ex consejero de Políticas Sociales, llamados a declarar como testigos. También quien fuera asesor sanitario de Ayuso durante la pandemia Antonio Burgueño, recibido con un gran abucheo por los familiares de los residentes allí presentes, que se han concentrado a las puertas de los juzgados. Burgueño ha intentado esquivar a la prensa y al verse acorralado ha expresado una frase enigmática: “Se debería haber revisado científicamente la epidemia”.

Dentro de la sala, y tal y como ha explicado el abogado de las familiares, Carlos Castillo, Burgueño ha relatado que el día 11 de marzo mantuvo una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, Ruiz Escudero (entonces consejero de Sanidad) y Fernández Lasquetty (consejero de Hacienda). En esa reunión propuso que hubiera un mando único para gestionar la pandemia y se le nominó como tal. En ese momento, la judicatura ha decidido suspender la declaración, ya que podría ser imputable.

“Hoy creemos que se ha confirmado que existió esa denegación discriminatoria del servicio sanitario por las declaraciones testificales que se han realizado en sala”, ha expresado el abogado de Marea de Residencias

“Hoy creemos que se ha confirmado que existió esa denegación discriminatoria del servicio sanitario por las declaraciones testificales que se han realizado en sala”, ha expresado Castillo al salir del juzgado. Siempre según este letrado, Abarca, representante de la patronal de hospitales privados que no ha querido atender a la prensa y ha salido por otra puerta, ha asegurado que no recibieron residentes desde residencias que no tuvieran seguro médico, aunque sí algún enfermo procedente de hospitales. Una declaración que ya realizó en la Asamblea de Madrid durante la comisión de investigación que se cerró en falso por el adelanto electoral. 

Por su parte, el que fuera consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha atendido a la prensa tras su declaración ante el juzgado. Ha recordado como, cuando tuvo conocimiento de los protocolos, se dirigió al consejero de Sanidad y al firmante de los protocolos, Carlos Mur, con una frase: si esos protocolos se aplicaban las personas morirían de forma indigna. “Los protocolos para mí tienen una función discriminatoria clara, en función del lugar de residencia y de la discapacidad intelectual de la persona. Que eso sea delito, a mí no me corresponde decirlo, le corresponde a un juez. Yo creo que no son éticos y que no son legales”, ha expresado.

El próximo 17 de junio declararán altos cargos de Ayuso firmantes de los protocolos, Carlos Mur y Francisco Javier Peromingo por estas dos querellas. Estos ya fueron citados a declarar el pasado 26 de mayo en los juzgados de Plaza Castilla por otra querella que va en el mismo sentido. 

Cambio de estrategia

Después de lo sucedido durante los meses más duros del covid 19 y después de que transcendieran la elaboración de protocolos que condicionaron los traslados hospitalarios de los residentes enfermos en función de sus circunstancias físicas o cognitivas, las familias interpusieron más de 300 querellas por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro que apuntaban a Ayuso, Ruiz Escudero, así como al resto de altos cargos y directores de residencias. La mayoría de estas querellas se han ido archivando sin siquiera tomar declaraciones (más que en cuatro ocasiones), aunque algunas se mantienen vivas en los juzgados de instrucción y otras permanecen pendientes de un recurso ante el Tribunal Constitucional. 

En esta segunda remesa de demandas hay un cambio de estrategias: se apunta al incumplimiento de otro artículo del código penal, el 511 que establece penas de prisión para el encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho. Además, no se apunta a los máximos responsables, que son aforados, sino a mandos intermedios: en este caso Mur, Peromingo y Pablo Busca, el responsable del 112. El pasado 23 de mayo transcendía que el juzgado de instrucción número 3 de Madrid habría la primera causa por discriminación. La de hoy era la segunda causa abierta. “Hemos aprendido de la experiencia y ahora vamos por otra vía”, explica Carmen López.