Aragón
Aragón, la meca porcina insaciable

Cuando el año pasado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenó a España por no adoptar medidas suficientes para evitar el exceso de nitratos en el agua nombró al pueblo de La Sotonera (Huesca) como ejemplo del impacto ambiental y social que tiene esta contaminación, su alcaldesa, Isabel Bailo, respiró aliviada. “Esperemos que esta sentencia sirva para solucionar este grave problema“, celebró. Sus 900 habitantes, quienes conviven con 14 macrogranjas porcinas (45 mil cerdos), llevan años sin poder beber agua del grifo. 

Pero Bailo subestimó el poder de presión de una industria insaciable, que tiene a Aragón como meca productiva de España y Europa. Los planes del poderoso tejido empresarial del sector, gigantes de la exportación, son de un mayor crecimiento, más instalaciones, más animales, más producción y más rentabilidad, ya en niveles récord. Este lobby lleva desde el año pasado rondando los despachos políticos para eliminar las (pocas) restricciones ambientales a las macrogranjas, aprobadas en la Ley de Agricultura Familiar de 2023.

El 15 de mayo, las Cortes de Aragón modificaron la normativa de macrogranjas para eliminar el tope de cabezas de ganado y otras restricciones medioambientales

Como era de esperar, la presión surtió efecto. El 15 de mayo, las Cortes de Aragón, con los votos del PP y Vox, la abstención del PSOE y el rechazo de IU y Podemos, modificó esta normativa, dejando sin efectos los límites —artículo 8— que tenían las granjas en régimen intensivo. Ya no habrá un tope en la cantidad de cabezas de ganado. Tampoco una distancia mínima entre instalaciones. Y quedará a voluntad de los empresarios comprobar la capacidad de los suelos cercanos para absorber purines.

“La verdad que nos ha sorprendido esta decisión política. La desregulación ocurre con una sentencia condenatoria de fondo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que, precisamente, se pone a Aragón como ejemplo de todo lo que hay que corregir. Mientras Catalunya, la otra comunidad autónoma líder en macrogranjas, empieza a pisar un poco el freno por impactos que ya no se pueden ocultar, Aragón pisa el acelerador”, lamenta Luis Ferreirim, responsable de Agricultura de Greenpeace España, uno de los activistas que más conoce sobre este nocivo e insostenible modelo de negocio.

La pregunta del millón, agrega Ferreirim, es saber qué más tiene que ocurrir para que los poderes políticos y económicos de Aragón dejen de “tensar una cuerda”, que tarde o temprano, se acepte o se siga negando, se va a cortar. “La comunidad científica es clara: se necesitan medidas contundentes y ambiciosas para frenar una inercia que nos lleva al desastre. Estamos yendo en el camino opuesto, profundizando el modelo. Es de no creer”, se queja.

Regulación fallida

La Ley 6/2023 de protección y modernización de la agricultura social y familiar se aprobó meses antes de las elecciones autonómicas que llevaron al PP y Vox al poder. En la repartija de departamentos, el presidente autonómico, Jorge Azcón, cedió Agricultura a la ultraderecha. “La Ley de Agricultura Familiar se va a derogar. Conlleva un impacto económico negativo en las explotaciones ganaderas”, repetía por aquel entonces Ángel Samper, el consejero del partido de Santiago Abascal.

Sin embargo, en julio de 2024, Vox salió del Gobierno de Aragón y la Consejería pasó a manos de Javier Rincón, del PP. La derogación de la ley quedó descartada. “Vamos a modificarla para corregir límites innecesarios”, adelantaron los populares. En octubre, Rincón firmó una orden para avanzar con los cambios. El texto decía: “Se pone de manifiesto la necesidad de acometer otras modificaciones demandadas por el sector que vengan a depurar distorsiones provocadas por la limitación de la capacidad máxima de las explotaciones ganaderas intensivas y el régimen de distancias mínimas entre ellas”.

En febrero, Vox recogió el guante y registró una proposición de ley para reformar con urgencia y de “una maldita vez” la normativa. “Estamos puteando a los ganaderos y agricultores. No se entiende por qué se hacen estas leyes”, se quejó el portavoz Alejandro Nolasco.

La reforma legislativa va a facilitar la instalación de plantas intensivas más grandes, más próximas entre sí y sin control previo sobre la saturación de suelos

Hasta hace algunos días, las granjas aragonesas tenían 720 unidades de ganado mayor (UGM) como capacidad máxima (864 antes de la ley) y al menos un kilómetro de distancia entre explotaciones. Existía, además, un tope de 20% a las ampliaciones de las macrogranjas. Todas las restricciones han quedado suprimidas. Al cabo, la reforma legislativa va a facilitar la instalación de plantas intensivas más grandes —hasta 8.600 cerdos de cebo por explotación y ciclo—, más próximas entre sí y sin control previo sobre la saturación de los suelos cercanos.

“La sensación es que en Aragón no se puede adoptar ni la más mínima medida regulatoria, porque lo que se ha derogado está lejos de lo que realmente se necesita, como no conceder más autorizaciones de instalaciones o reducir la cabaña ganadera en intensivo. La realidad es que hemos llegado a un límite. El territorio español no puede soportar más cerdos, empezando por Aragón”, subraya Ferreirim.

Siete cerdos por habitante y 20 millones de metros cúbicos de purines al año

No hay una definición oficial de macrogranja, pero según la normativa española se consideran aquellas explotaciones industriales que disponen de más de 40.000 plazas para aves de corral, 2.000 plazas para cerdos de cría (de más de 30 kg) y que superan la emisión de 100 toneladas de metano al año.

Greenpeace lo explica así: “Las macrogranjas son el exponente máximo de la ganadería industrial. Son instalaciones muy mecanizadas con una gran capacidad de producción en un espacio reducido para el número de animales que alberga. Es una ganadería sin tierra, altamente dependiente de insumos externos (agua y piensos) y que genera muchas emisiones y residuos. En estas instalaciones industriales, los animales no salen al campo y pasan su vida encerrados y hacinados. Son auténticas fábricas de carne, leche y huevos, pero también de cambio climático, contaminación y sufrimiento”.

En Aragón hay 190 macrogranjas. Todas las explotaciones porcinas aragonesas suman 9,6 millones de cabezas de ganado

El objetivo, resume Ferreirim, es claro: obtener la mayor producción de carne, leche y huevos al más bajo coste y en el menor tiempo posible. En Aragón, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, hay 190 de estos establecimientos. El número crece a 4.500 si a esta lista se le agregan las naves que tienen entre 1.000 y 2.000 cerdos de cebo. En total, las granjas de porcino aragonesas suman 9,6 millones de cabezas (es decir, siete cerdos por habitante), según el último censo nacional, que generan más de 20 millones de metros cúbicos de purines al año.

Este punto es clave: los purines son un residuo orgánico que incluye heces, orina, restos de comida, paja y agua de limpieza. Históricamente, se los ha usado para fertilizar el suelo. Pero usados de forma incorrecta pueden contaminar el agua superficial y subterránea con nitratos (NO3-). Si los nitratos superan 50 mg/L, el agua deja de ser potable porque puede producir problemas sanitarios.

Como explica el experto de Greenpeace, en España, las empresas y fondos de inversión —principales actores— dejan el manejo de los purines en manos de los agricultores. “En España funciona un modelo de negocio que se llama “integradoras”, donde esas grandes empresas contratan a pequeños emprendedores. Las corporaciones ponen los cerdos, los piensos y los medicamentos. El agente local cría y engorda. Y también gestionan los purines, lo más complicado de esta producción”, detalla.

Como la maximización económica es la primera premisa, estos desechos se “descartan sin control alguno”. “La primera lupa hay que ponerla en las cantidades ingentes de excremento que estamos generando. En España estamos sacrificando más de 50 millones de cerdos cada año. Es una barbaridad”.

En Aragón, estos purines ya son un grave problema de salud pública. Según las últimas mediciones de la Red Ciudadana de Vigilancia de Nitratos, el 72% de las aguas subterráneas analizadas en Aragón están contaminadas. El porcentaje es del 42% en el caso de las aguas superficiales. La situación es tan grave que el 20% de las muestras en el agua de consumo dio positivo. En los últimos años, 22 poblaciones aragonesas han experimentado episodios de contaminación por nitratos en sus redes de abastecimiento de agua potable. A nivel nacional, la cifra supera los 300 municipios, según las estadísticas de Greenpeace.

Luis Ferreirim (Greenpeace): “Si esto estuviese afectando a una gran ciudad, otro gallo cantaría. Pero como afecta a pequeños pueblos, se profundiza en el modelo"

“Si esto estuviese afectando a una gran ciudad, otro gallo cantaría. Pero como afecta a pequeños pueblos y personas que a veces no tienen capacidad de movilización, no solo es que no se toman medidas, sino que se decide profundizar el modelo”, denuncia Ferreirim.

Cómo decrecer

Como detalla Datadista, proyecto periodístico que más ha investigado las macrogranjas en Aragón, las exportaciones de carne de cerdo de esta comunidad autónoma alcanzaron en 2023 las 734.000 toneladas, un 20% más que en 2022. En 2024, las ventas al exterior crecieron un 10,5%, con 811.414 toneladas exportadas por un valor de 2.252,9 millones de euros, lo que representa el 13% de todas las exportaciones de la comunidad. El sector supone el 3,55% del PIB regional y genera 5.000 empleos directos y 11.000 indirectos. “Nada puede con la pujanza del cerdo”, sentenciaron en diciembre los periódicos locales al difundir estas cifras.

María José Pueyo: “No hay manera de cerrar todas las granjas de un día para otro. Sería un desastre social”

La dependencia al cerdo de muchos pueblos y ciudades divide opiniones dentro de las organizaciones sociales que luchan por frenar a esta industria. María José Pueyo, portavoz de la Plataforma Loporzano Sin Ganadería Intensiva, uno de los pocos colectivos de protesta que existe en las comarcas afectadas (Loporzano tiene 557 habitantes), repite en sus contactos con la prensa que “no hay manera de cerrar todas las granjas de un día para otro”. “Sería un desastre social”, dice.

Desde los territorios afectados, la propuesta pasa por una “moratoria, reconversión y decrecimiento”. Ferreirim, en cambio, considera que la situación es tan grave que amerita “medidas radicales”. “El modelo industrial del porcino ha crecido de una forma que no tenemos capacidad para aguantar un sistema productivo como el que tenemos. Me gusta comparar el sistema del porcino con las centrales térmicas de carbón. En el pasado eran necesarias y apostamos por ellas, pero vimos alternativas. Ahí están las renovables pisando fuerte y fuimos capaces. En el pasado también parecía que era impensable abandonar el carbón y lo estamos haciendo por los impactos que tiene. Hay que animarse a la misma transición con el cerdo”, insiste.

Porque además, agrega, cuanta más explotaciones se abran, “más difícil va a ser que el sector acepte hacer una transición”. “Cuando se habla del cerdo como el motor económico de Aragón, se omite que estamos empujando a un ganadero hacia el suicidio económico: más tarde o más temprano van a tener que transformarse”.