Minería
Denuncian que la mina de Cañaveral no cumple los criterios para ser proyecto estratégico

Distintas plataformas ambientalistas y asociaciones de afectados por la mina de Las Navas (Cañaveral, Cáceres) retomaron sus movilizaciones el pasado domingo 25 de mayo, con una marcha por el área donde se ubicaría el proyecto extractivista donde denunciaron su selección como proyecto estratégico por la Comisión Europea en marzo de este mismo año. Un proyecto minero en el que, subrayan, la opacidad es norma ya desde el año 2021, cuando se les concedió la personación en el expediente del mismo pero no el acceso a su documentación ambiental, en lo que constituiría una vulneración del Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Siguiendo con la cronología del procedimiento, en diciembre de 2022 se procedió a la publicación de los anuncios del tramité de información pública del proyecto, en los cuales se presentaron numerosas alegaciones, y fue a finales de 2023 cuando fue concedida a Lithium Iberia una ayuda bajo la cobertura los fondos PERTE superior a 13 millones de euros, todo ello cuando permanecían tres procesos en trámite sin resolver: Explotación, Impacto ambiental y Autorización ambiental integrada

La Plataforma No a la Mina de Cañaveral presentó entonces una reclamación al Ministerio competente. “¿Por qué se da subvención con un proceso de participación pública sin resolver?”, se preguntaban desde Ecologistas en Acción.

No hubo respuesta a esa reclamación como tampoco, hasta ahora, ha aportado la Comisión Europea la información solicitada referente al proceso de selección de los proyectos estratégicos. Esta posible vulneración de las leyes de transparencia por parte de la administración regional, estatal y europea presenta, en opinión de diferentes organizaciones ambientalistas, “un panorama de omertá o ley del silencio de Estado difícil de digerir en democracia”. Con este telón de fondo, y ya que la Junta de Extremadura no dio acceso al expediente a Ecologistas en Acción, se interpuso en febrero de 2025 un recurso al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Más de 235 asociaciones han suscrito recientemente una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, pidiendo apoyo para que se respeten los derechos de transparencia y participación

En este sentido, más de 235 asociaciones han suscrito recientemente una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola,  pidiendo apoyo para que se respeten los derechos de transparencia y participación.

Aunque la designación de proyecto estratégico constituye una prerrogativa de la Comisión Europea, es difícil ignorar que los informes provenientes de Extremadura y España son determinantes en la decisión final. En esta ocasión, como señala Ecologistas en Acción, “los líderes políticos extremeños se han fotografiado con los empresarios, en este caso con los de Lithium Iberia, en una colaboración público-privada explícita que pone al poder ejecutivo y legislativo al servicio del extractivismo”.

Este contexto de colusión de intereses interés públicos y privados, afirman, “lleva a seleccionar proyectos que pueden causar daños irreparables. Las universidades de Estocolmo y Potsdam, que emiten informes de seguimiento de nueve límites de alarma para la salud del planeta Tierra, señalan que el cambio climático es solo uno de los siete límites ya traspasados. Pese a ser todo importantes y dignos de atención, parece que el cambio climático fuera el único, pensamos que por su potencial de inversión y negocio. El extractivismo se ve como salvación para parar el calentamiento global, pero es perjudicial para varios de los otros límites en alarma roja: disponibilidad de agua dulce, contaminación por nuevas entidades obviando el principio de precaución, cambio nocivo en los usos del suelo, pérdida de biodiversidad, y el de la integridad de la biosfera”.

Ecologistas en Acción: “el proyecto minero de Las Navas tiene poco de circular y sostenible, y es más bien un clavo ardiendo al que agarrarse para justificar la llegada de fondos europeos”

Así, para Ecologistas en Acción, y como recogen en un comunicado, “el proyecto minero de Las Navas tiene poco de circular y sostenible, y es más bien un clavo ardiendo al que agarrarse para justificar la llegada de fondos europeos”.

Afecciones ambientales del proyecto minero

El polémico proyecto propone un proceso pirometalúrgico que implica calcinación a más de 800 ºC (similar a una cementera de clínker) con grave dispersión de contaminantes por aire. En las operaciones indispensables en procedimientos de esa naturaleza se hace indispensable emplear reactivos agresivos: ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, óxido de calcio y floculantes acrílicos.

Los 30 millones de metros cúbicos de estériles de proceso, “equivalentes a 30 estadios Bernabéu”, con evidente potencial contaminante y de lixiviación, se depositarán en las cortas abiertas en la fase de extracción a cielo abierto y en las galerías, posibilitando filtraciones que contaminarían las aguas subterráneas de la zona, habida cuenta de que el terreno, por su configuración geológica, contiene fracturas por las que se podrían filtrar los contaminantes (sulfatos, fluoruros, metales pesados, materiales radiactivos de origen natural removidos, etcétera). También podría llegar al acuífero todo el polvo y partículas depositadas en las hojas y el suelo con lluvias de cierta intensidad, siendo el litio un elemento alcalino reactivo que puede alterar la química de aguas y suelos.

El acuífero de Galisteo no se libra de la amenaza de contaminación, al estar situado bajo una escombrera permanente de 16 millones de metros cúbicos localizada, además, en una zona de permeabilidad media. Dicha escombrera también afectaría, de nuevo en razón de su ubicación, al canal de riego agrícola de la zona.

Siendo que la extracción se va a centrar en el litio, el resto de minerales obtenidos, algunos de ellos críticos para la Unión Europea (como niobio, tántalo o estaño) o con usos industriales (cesio o rubidio) no se aprovecharán, pasando a constituir residuos que, afirman desde Ecologistas en Acción “no se han caracterizado adecuadamente”.

Tampoco la infraestructura eléctrica, en una zona de protección para la avifauna por tendidos eléctricos, cumpliría el estándar de prevención exigido, al proponer, en opinión de la organización ecologista, “una instalación desproporcionada y uso de celdas de media tensión con hexafluoruro de azufre (SF6) que es un gas efecto invernadero, con veinte tres mil veces más potencial de calentamiento global que el CO2 y una vida atmosférica de más de 3.000 años. El uso de gas natural implica un tramo nuevo de gasoducto desde Serradilla (21 km) y, al superar los 10 km, debería someterse a evaluación ambiental. No se mencionaba en la documentación de la Autorización ambiental integrada”.

Por otro lado, también se cambia de uso suelo forestal catalogado de utilidad pública, obviando, en opinión de EeA, que “la Ley de Montes lo prohíbe hasta después de 30 años de un incendio. Se arrancarán 3.000 encinas, más las que se secarán por el bombeo de achique necesario para trabajar en seco a 500 metros de profundidad”.