Laboral
Los 6 de la Suiza agotan los recursos judiciales y entrarán a prisión

Seis sindicalistas se van a ver obligadas a entrar en prisión para cumplir tres años y medio de cárcel por protestar frente a la pastelería La Suiza, ante una situación de acoso y explotación laboral de una trabajadora embarazada. El juez Lino Rubio Mayo, titular del juzgado número 1 de los penal de Xixón, ha desestimado los argumentos de la defensa y, contra el criterio de la fiscalía, ha decretado no suspender la condena.

De esta forma se agota el camino para evitar por la vía judicial el ingreso en prisión de los 6 de la Suiza. Según denuncian desde la Plataforma de la Abogacía en Defensa de la Acción Sindical, esta decisión judicial “evidencia un ejercicio de Derecho Penal inquisitivo y vengativo, porque desestima que exista arrepentimiento al protestar las sindicalistas contra la sentencia”. La Plataforma critica el criterio del juez, que considera también que no existe arrepentimiento por que el dinero no ha salido de las arcas de los condenados, sino que es el sindicato CNT quién ha satisfecho la responsabilidad pecuniaria de la condena.

En su auto, el juez sostiene que las protestas causaron un “daño desproporcionado” al provocar el cierre del establecimiento, una circunstancia que, en opinión de la Plataforma, “pone en riesgo la capacidad de los trabajadores para organizarse y hacer valer sus derechos, pues pasa por alto que el perjuicio económico a la empresa es inherente al ejercicio de la huelga y a las protestas”.

En este sentido, señalan que el “efecto más grave es la asimetría procesal: mientras el empresario recibe una indemnización cuantiosa, se ordena el ingreso en prisión de las sindicalistas por defender derechos laborales”. Alertan desde la Plataforma que “todas las sentencias de este caso, desde primera instancia hasta el Tribunal Supremo, crean un precedente jurídico muy nocivo sobre los derechos fundamentales de libertad sindical, libertad de expresión y derecho de manifestación, y el auto del juez Lino Rubio Mayo, implica una exhibición de orgullo por este retroceso, en lo que jurídicamente consideramos un verdadero atropello a la acción sindical”.

Según explican, “hasta el momento el Supremo había mantenido que las personas jurídicas tienen menor protección al honor que las físicas, priorizando la libertad de expresión en conflictos laborales. Sin embargo, esta sentencia aplicó un estandar inverso, ampliando la tutela del honor del empresario, lo que colisiona con el art. 20.1 de la Constitución Española, y que el ex juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez y abogado de la pastelería La Suiza sintetizó con prolífica crueldad: deberán pensarse bien lo que piden y cómo lo piden”.

Desde esta plataforma explican que “la paradoja de esta caso radica en que pancartas con mensajes como 'terrorismo empresarial' fueron avaladas en otros casos del Tribunal Supermo, mientras que aquí se usaron como agravante, lo que genera confusión sobre qué constituye una crítica legítima y qué se considera desproporcionado”.

Concentración este jueves de apoyo a las personas condenadas

Este lunes se desarrolló una asamblea en la Casa Sindical de Xixón del colectivo de apoyo a “Las 6 de La Suiza”, y tras la misma, se ha convocado una concentración para este jueves 5 de junio a las 19h en la Plaza Mayor de Xixón, en lo que pretenden que sea un primer paso para armar una marcha unitaria de todos los sindicatos.  “Es una ataque a la línea de flotación de los derechos fundamentales” señalan desde Sofitu, el movimiento de apoyo a las condenadas. “Cuando protestar de forma pacífica frente a un centro de trabajo, sin impedir su funcionamiento, se convierte en coacción, o cuando intentar negociar una salida ante un conflicto es obstrucción a la justicia, nada impide entender como coacción cualquier tipo de protesta colectiva en cualquier otro ámbito que se considere oportuno” explican en un comunicado.

Según recoge el diario asturiano Nortes , fuentes del colectivo de condenadas señalan que se encuentran “con muchas fuerza y ánimo”, pero que también ven con preocupación la decisión del juez Lino Rubio de ejecutar la condena. El encarcelamiento desde hace un año de cuatro de los seis jóvenes de Zaragoza condenados tras una protesta contra Vox supone un peligroso precedente.