Partidos políticos
El Constitucional avalará el grueso de la Ley de Amnistía y el PP lo suma a su traca de verano

Con tres cambios importantes pero no sustanciales, la Ley de Amnistía cerrará su capítulo más importante a partir del próximo 24 de junio. Ese día está previsto que el órgano de garantías discuta el recurso del Partido Popular a la norma aprobada en mayo de 2024 por el Congreso de los Diputados. La mayoría progresista en el Tribunal presidido por Cándido Gómez Pumpido hace previsible que se mantenga el dictamen de que el texto es “plenamente constitucional” y de este modo se cierre la vía judicial... para abrir en canal la vía de la impugnación política sobreactuada en las últimas semanas por el PP.

El lunes trascendió el texto de la ponencia, que expondrá la dirección de la vicepresidenta del Tribunal, Inmaculada Montalbán. El principio de esa ponencia es que “el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o explícitamente”. Luz verde pero con algunos matices.

Entre otros, que la ponencia no entra a valorar la aplicación al delito de malversación, que es la afecta a Carles Puigdemont. Pablo Llarena, magistrado instructor del Supremo extrajo la cuestión de la malversación en su interpretación de la norma y no será hasta que se resuelvan los recursos de amparo interpuestos por los líderes del Procés cuando el Constitucional entre en liza sobre este punto.

Puigdemont no volverá, de momento, a España, dado que la orden de detención que pesa sobre él no se verá afectada por la mirada positiva del TC sobre la Ley de Amnistía. El hecho de que no se entre en los delitos juzgados de malversación afecta también a Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa (ERC) y a Jordi Turull (Junts). En el caso de estos cuatro, pese a haber sido indultados, están ahora mismo en situación de inhabilitación administrativa.

En la ponencia, hay propuestas de modificación sobre tres detalles, relevantes, pero no definitivos. Uno es que no se especificó en la lista de delitos amnistiables aquellos posibles hechos cometidos por manifestantes en contra de la independencia.

El propio Alberto Núñez Feijóo ha insistido en declarar la ley como “inconstitucional” a pesar de la ponencia que será aprobada en el TC

La segunda tiene que ver con el horizonte temporal y una vaga expresión en el texto sobre los hechos cometidos con posterioridad al 13 de noviembre de 2023. En tercer lugar, se discute el punto en el que se ordena el archivo de las actuaciones del Tribunal de Cuentas y obliga, por una cuestión procesal, a que éste dé audiencia a las acusaciones populares antes de archivar la cuestión.

El previsible carpetazo a la cuestión de la Amnistía, con los flecos pendientes de la malversación, ha generado una corriente de satisfacción en el PSOE, un optimismo menos efusivo en las filas del independentismo y un rechazo frontal por parte del Partido Popular y de la extrema derecha, que suman la cuestión a su diagnóstico general de caos, destrucción y crujir de dientes que pintan para España casi sin interrupción desde la moción de censura de la que se cumplen este mes siete años.

Ayer, Borja Semper, portavoz del PP, sostuvo que la Ley de Amnistía obedece a la “corrupción política” y en el partido han señalado que la ponencia que discutirá el TC es una indecencia. Para Vox, la lectura del Constitucional es una consecuencia del “asalto” del PSOE a este organismo.

El propio Alberto Núñez Feijóo ha insistido en declarar la ley como “inconstitucional” a pesar de la ponencia que será aprobada en el TC y el PP está decidido a que ese aval a la norma votada favorablemente por el Congreso hace un año sea otro sabor en el cóctel con el que pretende despedir el verano.

Los audios de Leire Díez mueven el avispero

Una movilización bajo el lema “democracia o mafia” que, para los conservadores, tendrá su clímax el 8 de junio con una manifestación que el PP convocó inicialmente después de que El Confidencial publicara los audios de Leire Díez, militante del PSOE contra un jefe de la Unidad Central Operativa (UCO).

Además del agit-prop, hoy 3 de junio, el partido de Feijóo ha anunciado una denuncia contra Díez ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Además de Díez se señala a Javier Pérez Dolset, empresario y promotor de una “Asociación de Perjudicados por las Cloacas” de la que informa El Periódico y que no consta en registro alguno, y el abogado Jacobo Teijelo.

La extrema derecha a través de sus brazos sociales Hazte Oír, Iustitia Europa y Manos Limpias y del partido Vox ya anunció la semana pasada la presentación de una denuncia por esos mismos audios.

Los socios del PSOE no han comprado la mercancía puesta en marcha desde Ferraz. Yolanda Díaz ha reclamado que Sumar tiene “derecho a saber qué está pasando y tomar medidas”. 

El minoritario Podemos (Grupo Mixto) ha ido más allá y pedido al PSOE que aborde el caso de Leire Díez en un abordaje integral sobre las cloacas policiales: “Este caso apesta a cloacas del Estado, pero no sabemos todavía quién está disparando a quién”, ha reconocido Belarra. 

Podemos y ERC han registrado este martes de forma conjunta una petición de comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que dé explicaciones ”para aclarar si el PSOE está respondiendo con prácticas antidemocráticas a las cloacas policiales que existen en nuestro país, y también debe explicar en dicha comparecencia cuál es su plan para acabar con las prácticas policiales corruptas".

Desde el partido alfa del Gobierno, la inacción parece haber sido la táctica hasta ahora. La única decisión tomada ha sido la apertura de un expediente informativo, pero Sánchez no se ha referido al tema de los audios de Díez y los mensajes se ciñen a establecer un cortafuegos en torno a esta de quien se dice que nunca ha tenido relación con Ferraz.

Malas noticias para un PSOE que ve en la gestión económica su única tabla de salvación demoscópica. El paro en mayo ha caído por debajo de los 2,5 millones por primera vez desde julio de 2008, el año en que estalló la crisis económica más importante de lo que va de siglo y, aunque la OCDE ha rebajado dos décimas la expectativa de crecimiento para el próximo curso, esa organización ha destacado el buen comportamiento macro de la economía española.