Opinión
El trabajo sexual en tiempos de pandemia

En estos días nos hemos dado de bruces con las consecuencias del conflicto capital-vida, obligadas a reparar en las precarias existencias de las que ponen el cuerpo para sostener la vida ahora que estamos reducidas a atender solo lo esencial, en un tiempo extraño propio de un convaleciente. Atendemos a la función imprescindible que cumplen las sanitarias, las trabajadoras del hogar, las limpiadoras de los hospitales o las cajeras que están en primera línea garantizando que no nos falte el café por la mañana.

Nos cuesta más atender a aquellas que se han quedado colgadas en los márgenes del sistema, por eso poco o nada se ha dicho sobre las trabajadoras sexuales, ellas también ponen el cuerpo a diario en una exposición constante a riesgos específicos que hoy son más evidentes. La estigmatización social y la desprotección legal son una carga pesada que pesa el doble en un contexto de confinamiento.

Estas mujeres que, a la fuerza, han desarrollado estrategias de resistencia y lucha de las que podríamos extraer muchas lecciones. Con vidas  en la cuerda floja, han aprendido que la emancipación de las trabajadoras será obra de las trabajadoras mismas como decía Marx, por eso desde hace ya muchos años están organizadas y en pie de guerra contra un Estado que las condena a la exclusión. Han aprendido que en colectivo se resiste mejor al estigma y que ese ejercicio de juntarse es bonito. En esta coyuntura de crisis sanitaria, han sido capaces de reaccionar y, al igual que otros colectivos vulnerables, han abierto cajas de resistencia para dar respuesta a la emergencia. Una respuesta desde abajo, una respuesta que no espera a un Estado que las ignora. 

Recientemente el Colectivo de Prostitutas de Sevilla —así como el comunicado firmado por el Sindicato Otras, Afremtas y la Liga Feminista Proderechos— denunciaba el cierre de los clubes de alterne y las condiciones leoninas que estos clubes han impuesto a las mujeres que tienen su lugar de trabajo como vivienda habitual.

La industria del sexo organizada en una patronal cerró los clubes por potestad gubernativa, pero ese cierre de los locales implicaba echar a cientos de mujeres a la calle, en algunos casos se pudo negociar con los propietarios la permanencia pero con unos costes muy altos para las trabajadoras. En otras ocasiones, de forma inhumana y poniendo en riesgo la salud de las trabajadoras se las echó a la calle sin contemplaciones.

Las mujeres que han podido negociar quedarse en su lugar de trabajo sin ejercer están contrayendo una deuda que va a redundar en una mayor explotación, pero a estos clubes no ha llegado la Inspección de Trabajo

Las mujeres que han podido negociar quedarse en su lugar de trabajo sin ejercer están contrayendo una deuda a futuro que va a redundar en una mayor explotación. Por supuesto, a estos clubes no ha llegado la Inspección de Trabajo para atender al riesgo grave de contagio al que se expone a las mujeres, tampoco ninguna autoridad sanitaria para inspeccionar la actividad de los establecimientos. Estos locales cuentan con licencia de hospedaje en su gran mayoría pero no se ejerce sobre ellos ningún control.

Las mujeres arrojadas de los clubes se ven de la noche a la mañana en una situación de calle sobrevenida para la que ni el Ayuntamiento de Madrid ni la CAM han habilitado recursos. En el pabellón del Ifema y otros recursos asistenciales se rechaza a las mujeres trans sistemáticamente como han podido corroborar los colectivos gracias a la denuncia de algunas mujeres. 

A un porcentaje altísimo de estas trabajadoras las atraviesa como una condena la maldita Ley de Extranjería, esa norma genocida y xenófoba que niega el derecho de ciudadanía a tantas y tantas migrantes que, como ellas, están condenadas a la economía sumergida y a vivir en la clandestinidad. Sin papeles, están a merced de los dueños de los clubes de alterne.

¿Por qué las trabajadoras sexuales no han sido tenidas en cuenta en las medidas de emergencia de este Gobierno progresista?

Estas trabajadoras, que son por derecho propio sujetos políticos, organizadas en sindicatos y colectivos, llevan años planteando demandas a los partidos políticos, sindicatos y a la sociedad en su conjunto, sin embargo sufren de forma sistemática la invisibilización cuando no directamente la persecución y hostigamiento. Basta recordar la batalla judicial contra el Sindicato OTRAS, a consecuencia de la denuncia interpuesta por la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres de la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla.

La Audiencia Nacional falló a favor de anular los estatutos, ante lo cual el sindicato recurrió por lo que la sentencia no es firme. Dicho esto, la sentencia persigue negar el derecho de libertad sindical.. estas trabajadoras al entender que no existe relación laboral en el ejercicio de su actividad, dando la razón a la Fiscalía y al Gobierno socialista con una sentencia que sentó un grave precedente. Al no reconocer la relación laboral, la sentencia negó a las trabajadoras un derecho fundamental ejercitable entre otros fines para conseguir la condición jurídica formal de trabajador. Una deriva más de la violencia institucional que soporta el colectivo y que hoy se demuestra hasta qué punto pone en riesgo la vida de estas trabajadoras.

Negar a las trabajadoras sexuales su condición de trabajadoras así como el ejercicio de libertad sindical es despojarlas de su condición de ciudadanas

Sin un reconocimiento legal, ha sido y es más difícil para las mujeres organizadas defenderse frente a las arbitrariedades de una patronal que demuestra, incluso en el contexto de una crisis sanitaria, ser aún más despiadada y miserable. El estigma que soportan hace que no sean creíbles socialmente y sus testimonios no sean tenidos en cuenta, lo cual opera siempre como una garantía de impunidad para los dueños de los clubes y los clientes. Las trabajadoras sexuales nunca van a estar seguras hasta que no se deje de elaborar leyes para castigarlas, esa violencia institucional se ha encarnado a lo largo de estos años en las ordenanzas cívicas o en la criminal Ley Mordaza que solo han tenido como consecuencia una mayor criminalización de este colectivo.

En una sociedad donde la principal vía de integración social es el trabajo, negar a las trabajadoras sexuales su condición de trabajadoras así como el ejercicio de libertad sindical es despojarlas de su condición de ciudadanas condenándolas a la invisibilidad, la exclusión y la marginación social.

El paquete de medidas del Gobierno para afrontar la crisis, por descontado insuficiente, tampoco aborda la situación de vulnerabilidad de este sector ya que la falta de reconocimiento de derechos las deja fuera de los sistemas de protección de riesgos y transferencias de rentas de los que disfrutan otras trabajadoras. Para ellas no hay ERTE que valga ni pueden acudir a los servicios sociales porque las coloca en riesgo. La clandestinidad de su trabajo las obliga a perder entre un 10 y un 20% de sus ingresos que derivan a terceros para acceder a prestaciones básicas como alquilar una vivienda o comprarse un vehículo, el problema es siempre el mismo, no pueden justificar sus ingresos.

Para ellas es necesario adoptar medidas específicas que pasan prioritariamente por  el reconocimiento de su actividad como un trabajo con los derechos aparejados: acceso al desempleo, bajas por enfermedad, jubilación, etc como cualquier otro trabajador. Para paliar la emergencia, destinar alojamientos con carácter inmediato para todas las mujeres que se han quedado en situación de calle, con especial atención a las mujeres trans para quienes no hay recursos específicos ni en la ciudad de Madrid ni en la Comunidad y no podemos olvidar la regulación inmediata de las mujeres sin papeles, doblemente desprotegidas. Desde los colectivos de trabajadoras sexuales están apoyando el establecimiento de una renta básica universal e incondicional para paliar de forma inmediata la ausencia de ingresos y evitar que sigan contrayendo deudas.

Las feministas debemos luchar contra la invisibilización de las trabajadoras sexuales en tiempos de pandemia y cuando salgamos de la cuarentena, cuando la primavera estalle y retomemos poco a poco nuestras vidas, ellas seguirán soportando enormes niveles de opresión en condiciones mucho peores porque la crisis las habrá dejado con deudas, sin casa o con la amenaza de perder a sus hijos si se han atrevido a recurrir a los servicios sociales.

Desde la sororidad feminista que debe guiarnos es una tarea impostergable romper con las murallas de la estigmatización social de las “putas“ porque esas murallas dividen a las mujeres y son funcionales al sistema.

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Es un reto para el feminismo acabar con ese relato dominante que convierte a las trabajadoras sexuales en las colaboradoras del patriarcado o bien en las víctimas por excelencia de él. En este sistema capitalista y patriarcal todas vivimos situaciones de subordinación que debemos combatir y ese combate lo debemos dar juntas, las trabajadoras sexuales, las limpiadoras, las trabajadoras del hogar, todas en pie de igualdad para no repetir errores del pasado. No habrá emancipación para todas nosotras mientras que las trabajadoras sexuales sigan siendo criminalizadas.

Al Gobierno le exigimos, claro está, que escuche las demandas del colectivo y que lo haga desde el respeto, nada puede hacerse sin el concurso de ellas, sin sentarlas a la mesa de negociación como un sujeto político con voz propia.

No quieren ser salvadas, quieren ser escuchadas.