Urbanismo
Once nombres que hicieron malabarismos para impulsar la operación Chamartín

Modificar el convenio para doblar la extensión de la operación sin convocar un nuevo concurso, ignorar informes técnicos de Renfe que aconsejaban el fin del convenio con Duch o aprobar cambios que rebajaban la ganancia de Renfe fueron algunos de los malabarismos que se han hecho en los 25 años de operación Chamartín, cuya última versión está previsto que sea aprobada en el Pleno del Ayuntamiento en el primer trimestre de 2018.

Hacemos un repaso por los nombres que han puesto todo su empeño en el proyecto de Madrid norte, muchos de ellos citados por Jesús Espelosín, exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, en su libro Operación Chamartín (Editorial Rara Avis, 2013).

José Borrell, el primer impulsor

Ministro socialista de Fomento y Transportes en 1993, fue el que impulsó en ese año la operación Chamartín con el objetivo de sacar rendimiento económico a las miles de hectáreas en poder de Renfe que habían sido expropiadas desde los años 40 por la dictadura franquista para construir el nudo ferroviario del norte madrileño, objetivo para el que, en su mayoría, no fueron utilizadas. La operación, sin embargo se encontró con el rechazo del Ayuntamiento de Madrid, en ese entonces con Álvarez del Manzano a la cabeza y con el de la Comunidad de Madrid –con Joaquín Leguina como presidente y Eduardo Mangada como consejero de Territorio–, que, aunque también estaba gobernada por el PSOE, criticaba la operación, a la que tachaba de ser una operación de limpieza de las cuentas de ente ferroviario estatal.

Raimon Martínez Fraile, el de las apuestas

Ocupaba el cargo de director general de Patrimonio, Comunicación y Relaciones Externas de Renfe entre 1990 y 1994. Fue, quizás, quien mejor expresó el espíritu de la operación Chamartín. Esto es para “grandes inmobiliarias dispuestas a ganar dinero arriesgando”, señaló el director de Patrimonio, según refleja una noticia publicada por El País en marzo de 1993. Tras su paso por Renfe y Adif, Martínez Fraile fue director del grupo hotelero Husa, después secretario de Turismo y diputado socialista en las Cortes Generales por Barcelona.

Miguel Barros: bienvenida San José

Cuando nació la operación Chamartín, como bien expresó Martínez Fraile, se pensaba en un gran grupo inmobiliario que la pusiera en marcha. “Nada de bancos”, repetían insistentemente los impulsores de la operación. Nadie podía pensar entonces que, cuando salió la convocatoria, a la que se presentaron Metrovacesa con el banco BBV –antes de su fusión con Argentaria–, una segunda oferta por parte de Ferrovial, Dragados, Fomento Construcciones y Contratas (FCC) y Vallehermoso; y otra tercera oferta de Manuel Ayllón –entonces consejero del Consorcio Urbanístico Pasillo Verde Ferroviario de Madrid, empresa mixta que llevó a cabo la gran operación urbanística de Arganzuela que siguió al soterramiento de la línea del tren entre Delicias y Príncipe Pío– con las constructoras Luparsa y Pacsa –la de los Albertos–, el proyecto cayera en las manos de la última oferta, la presentada por Argentaria y San José, una constructora por entonces pequeña y con poca experiencia en obra civil. ¿Su punto a favor? Espelosín señala en su libro como posibilidad la cercanía del grupo empresarial con Miguel Barros, diputado socialista en el Parlamento Gallego que después ocuparía distintos cargos en el consejo de administración del Xornal de Galicia, medio editado por el Grupo San José.

Luís Eduardo Cortés dobla la apuesta

Llegó como consejero de Obras Públicas de la Comunidad de Madrid en 1995, con el Partido Popular, y añadió su grano de arena para amplificar la operación Chamartín añadiéndole la prolongación de la Castellana. El cambio no sería baladí, con él prácticamente se duplicaba la superficie de la operación, aunque eso sí, para dar su visto bueno tenía que ser Desarrollos Urbanísticos de Chamartín (DUCH) –la marca creada por Argentaria y San José para el proyecto– la que corriera con los gastos de alargar la calle madrileña en cuatro kilómetros.

Tomás Ramón Fernández le da sello de calidad legal

La nueva operación Chamartín, ahora Castellana Norte, necesitaba de un nuevo convenio que reflejara la nueva extensión, que había pasado de las 68 a las 111 hectáreas. Tomás Ramón Fernández, catedrático de derecho administrativo que ya en septiembre de 2017 animaba a aplicar el artículo 155 en Catalunya, fue quien redactó un informe jurídico que serviría para justificar la ampliación del convenio –al doble– sin convocar un nuevo concurso.

Rafael Arias-Salgado: y con el PP, aún mejor

Cuando Arias-Salgado llegó de la mano de José María Aznar al Ministerio de Obra Pública, se podría haber pensado que el cambio de signo paralizaría un proyecto que había sido tan fuertemente impulsado por el PSOE. Pero no. Lo hizo suyo. En 1996, varios informes del ministerio recomendaban resolver el contrato con Duch y darle cierre, tras dos años de inactividad, a la operación Chamartín. Pero la orden de Arias-Salgado –exsocio en tres consejos de administración del mediador entre Renfe y Duch, Ricardo Egea– fue la contraria: siguió adelante, y con más extensión. El ministro impidió romper el contrato con Argentaria y San José, según publicó el ahora desaparecido periódico Negocio Inmobiliario. Con el ministro popular la operación se volvió a ampliar, otra vez sin nuevo concurso, hasta los 1,85 millones de metros cuadrados.

Villaronte y Lasala: de Renfe a Duch

El director de infraestructuras de Renfe, Juan Antonio Villaronte, fue uno de los firmaron, por parte de Renfe, el nuevo convenio impuesto por Arias-Salgado, según señala Espelosín en Operación Chamartín. Unos años después sería consejero en Distrito Castellana Norte SA., junto a José María Lasala Escala, director de finanzas de Renfe. Actualmente ambos coinciden en la sociedad Transportes Ferroviarios Especiales (Transfesa).

de Fuentes Bardají y Marroquín Mochales: los asesores jurídicos

Director de la asesoría jurídica de Renfe entre 1994 y 1998, Joaquín de Fuentes Bardají habría firmado informes a favor de la ampliación del convenio con Duch,según señala en su libro el exconcejal de Urbanismo socialista. El nuevo convenio contemplaba ahora que Renfe se quedara solo con el 20% de los beneficios variables de la operación frente al 53% inicial. De Fuentes Bardají siguió su carrera como secretario general en Telefónica y como abogado general del Estado entre 2004 y 2012. Por su parte, Jose Marroquín Mochales fue director de la asesoría jurídica y secretario del consejo de administración de Renfe desde 1998. Junto a De Fuentes Bardají, fue acusado en noviembre del 2001 por la Asociación de Reversionistas de la Operación Chamartín de ocultar informes de la asesoría jurídica de Renfe. Los demandantes sostenían que se produjo una ampliación del convenio con Duch por parte de Renfe sin publicidad y sin convocar un nuevo concurso para la adjudicación, a pesar de había informes que sostenían la imposibilidad legal de la renovación contractual y señalaban que era necesario convocar un nuevo concurso público. En marzo de 2002, el juzgado de instrucción número 19 de Madrid decidió no admitir a trámite dicha querella. Marroquín Mochales actualmente ocupa el cargo de secretario general y consejero en el Consejo de Administración de Renfe.

Francisco Álvarez-Cascos

Llega al Ministerio de Fomento en 1996 y, como a su antecesor, Árias-Salgado, recibe en su despacho otro informe técnico de Renfe, con fecha 25 de junio de 2001, que de nuevo aconseja el fin del convenio con Duch para el desarrollo de la operación Chamartín. También como su antecesor, su respuesta no fue cerrar la puerta, si no abrir otra ventana: el nuevo convencio ahora contempla que sea Renfe la que se haga cargo de los reversionistas –los propietarios de los terrenos expropiados para el desarrollo ferroviario que se plantean en la gran operación urbanística del norte de Madrid–.