Pacto de Estado contra la violencia de género
Los municipios presionan para que el Gobierno pague para abordar las violencias machistas

Al Ayuntamiento de A Coruña le podrían corresponder 50.000 euros para poner en marcha las medidas que contempla el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es poco. Pero el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presentó el Gobierno el pasado 5 de abril reduce esa cantidad a cero. Nada.

Sí contempla 80 millones para cinco ministerios. Los otros 120 que darían la suma de 200 millones comprometidos para 2018 deberían ser aportados por comunidades autónomas (hasta 100 millones) y ayuntamientos (20), dice el Gobierno, pese a que lo acordado a finales de 2017 es que esas cantidades llegarían en forma de transferencia directa y específica de los PGE.

“Nos estamos peleando por unas migajas”, explica a El Salto Rocío Fraga, concejala de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de A Coruña. “Lo que pedimos es que se presupueste por otra vía la financiación para sostener los servicios que ya tenemos, y poder dedicar lo que venga específicamente para el Pacto a hacer otras políticas, aunque sea poco”, dice Fraga, que recuerda que los movimientos feministas pidieron 1.000 millones de presupuesto anual para un año, una cantidad que es la que contempla el Gobierno a cinco años.

Transferir ese crédito de 20 millones, hacer las reformas legislativas que sean necesarias para desarrollar las medidas del Pacto, modificar la Ley Montoro, adoptar medidas que garanticen la estabilidad de las plantillas que atienden a mujeres víctima de violencia de género y establecer estándares mínimos para la atención integral en los ayuntamientos son las peticiones que recoge el manifiesto hecho público esta semana y acordados en el Foro de Municipios por el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género que se celebró los días 6 y 7 de abril.

Laura Berro, concejala de Igualdad de Pamplona, explica que la transferencia que, en teoría iban a recibir para dar cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado, iría destinada a consolidar el servicio de atención a las víctimas, por ejemplo, ampliando el horario de atención al servicio. “El servicio funciona muy bien, pero podríamos ampliarlo y llegar a más mujeres; aunque lo cierto es que los municipios se han habituado a esta precariedad y no se han hecho grande ilusiones con el pacto”, dice.

El manifiesto que se elaboró en el foro ha sido apoyado en la comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona, y Berro explica que otros municipios llevarán mociones relacionadas el cumplimiento de la financiación para el Pacto con la intención de que se revierta la situación en el período de enmiendas a los PGE “y se cumpla el compromiso de aportar esos 20 millones, que en cualquier caso era poco”.

Berro asegura que tampoco estaba claro cómo se iban a distribuir esa cantidad. “La sensación es que algunos querían hacerse la foto pero no están dispuestos a comprometerse realmente”, explica. “Una posible simulación podría ser atendiendo al número de habitantes”, explica María Eugenia Rufino, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Salobreña. En ese caso, mi Ayuntamiento le corresponderían unos 3.000 euros, cuando el Ayuntamiento aporta 80.000”, dice.

Para Rufino, los 20 millones serían una cantidad simbólica que sirve de poco si no va a acompañada de otras medidas: la devolución de competencias y la creación de unos estándares mínimos para la atención municipal integral a las víctimas.

Atender a la víctima desde cerca

“Mientras no recuperemos las competencias estamos en una situación jurídica complicada, porque estamos asumiendo servicios que no son de nuestras competencias pero que al mismo tiempo nos negamos a no asumir”, explica Rufino. “Y esto no requiere una aprobación de los presupuestos, sino la modificación del artículo 25 de la Ley de base de régimen local”, añade.

Un ejemplo: pese a que la ley estatal exige a las mujeres víctimas de violencia de género la interposición de denuncia para acceder a los recursos que contempla la ley, el Centro de Atención a Mujeres de A Coruña (CIM) asiste a mujeres que no hayan interpuesto denuncia y se le da acceso a recursos con el informe de una trabajadora social.

Sin embargo, esto entra en conflicto con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y podría llegar a darse el caso de que una mujer llega a ser ser asesinada por su agresor, la trabajadora que ha emitido el informe tenga que responder por no haber denunciado un delito del que tenía conocimiento. “Nosotras en Galicia tenemos una que a nivel de Comunidad Autónoma que sobre el papel está mejor que la estatal, aunque luego la realidad es que tenemos también limitaciones”, argumenta Rocío Fraga.

Los CIM de los que habla Fraga con un ejemplo de cómo los ayuntamientos soportan muchas veces el peso de la atención a víctimas de la violencia machista sin que los recursos para hacerlo o las competencias estén claros. “Nos parece importante que se establezca unos estándares porque hay muchas maneras de actuar y en muchos casos depende de la comunidad autónoma y del ayuntamiento”, explica la concejala. Porque en la actualidad, el lugar donde esté empadronada una mujer puede determinar los recursos a los que tiene acceso en caso de ser víctima de violencia machista: “En este momento no existen ratios por población, como ocurre con la Educación, ni existe un mínimo de personas en plantilla ni tenemos un presupuesto garantizado para dar servicios de atención a las víctimas”, advierte Fraga.

El PP trampea los PGE para limitar las enmiedas

En el Congreso, el grupo parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, que se abstuvo en la aprobación del Pacto de Estado, trabaja en la elaboración de las enmiendas que presentará a los PGE.

De esta manera, explica la diputada, el Gobierno trata de limitar la presentación de enmiendas, después de que el año pasado se presentaran 5.500 entre todos los grupos, de ellas 1.600 procedentes de la formación morada. “Nosotras vamos a intentar repetir las del año pasado sobre violencia de género que eran un montón, no solo en el Ministerio de Sanidad, y aparte haremos enmiendas específicas para que se cumpla el compromiso directo que está en el Pacto de Estado: 20 millones para ayuntamientos y 100 para las comunidades autónomas, especificando que estas transferencias son finalistas para esta cuestión”. “Si divides 20 millones entre todos los ayuntamientos del Estado español, a lo mejor les da para hacer panfletos, y lo digo con ironía pero es verdad”.

Rodríguez, muy crítica con la actitud del Gobierno con el Pacto, dice además que hay otra “trampa” en los 80 millones que los PGE contemplan para el pacto, ya que el año pasado no se ejecutaron más de 30 millones para violencia de género, que se han sumado a los de este año.
“Tendría que haber una partida específica en los presupuestos para el Pacto, pero no es así”, dice, porque “porque necesitan invertir dinero en rescatar bancos y radiales, y ahí está el dinero que haría falta para hacer políticas públicas con perspectiva de género”.