Violencia machista
Lo que deja fuera el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Después de seis meses de trabajo, el pleno del Congreso de los Diputados debate este jueves el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Las 213 medidas dejan fuera buena parte de los tipos de violencia contra las mujeres. Entre los avances está la mejora de la recogida de datos estadísticos y el acceso de las víctimas de violencia de género a recursos para ellas sin necesidad de interponer denuncia.

Manifestación_feminista
Manifestación a favor del aborto en Madrid Álvaro Minguito

publicado
2017-09-27 10:00

El pleno de Congreso de los Diputados debate este jueves el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por la Comisión de Igualdad a finales de julio. Después de seis meses y tras escuchar a 66 personas expertas en la materia, el pacto se ha concretado en un total de 213 medidas en torno a diez áreas entre las que están sensibilización, respuesta institucional, protección a las víctimas o recogida de datos.

Entre las medidas de calado se encuentra, por ejemplo, el reconocimiento de las víctimas de violencia de género no supeditado a la interposición de denuncia. “Esto es un avance gigantesco”, asegura Ángela Rodríguez Pam, diputada de En Marea y una de las integrantes de la subcomisión del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, encargada de elaborar el documento.

Las medidas prestan especial atención a la asistencia y protección de menores, así como de los huérfanos por violencia de género. Así, por ejemplo, el punto 143 recoge adoptar medidas destinadas a evitar que se imponga la custodia compartida en casos de violencia de género y que no pueda adoptarse cuando exista un procedimiento penal por violencia de género. Asimismo, recoge la creación de Puntos de Encuentro especializados en atender casos de violencia de género con protocolos específicos (medida 150).

La mejora en la recogida de datos estadísticos es otra de las aportaciones relevantes de este Pacto de Estado que recoge únicamente aquellas medidas sobre las que ha habido consenso, algo “extraordinario y único”, dice Rodríguez Pam. “Los letrados de la cámara nos decían que nunca se había hecho algo así desde los Pactos de Moncloa, normalmente los pactos se hacen por mayorías”, explica. “Esta forma de trabajar por consenso tiene que ver mucho con la feminización de la política, éramos solo mujeres las que estábamos decidiendo, lo cual es extraordinario en política, y en ese sentido me siento satisfecha”, asegura la diputada.

las medidas que pudieron estar y no están entre las 213 del pacto

Establecer de una renta igual o superior al IPREM para mujeres que han sufrido violencia machista.
“Queríamos que las ayudas a víctimas de la violencia machista se igualaran al salario mínimo interprofesional; como esto no fue posible pedimos que se igualaran al IPREM, pero ni una ni otra”, indica Rodríguez Pam, que considera que la renta básica de inserción, que ronda los 400 euros, es “una cantidad miserable” e insuficiente para garantizar a las mujeres que han sufrido violencia de género su independencia económica.

Garantizar una alternativa habitacional para las víctimas de violencia machista en el plazo máximo de un mes.
En el voto particular 49, el documento recoge la petición de Unidos Podemos de garantizar a las mujeres que han sufrido violencia machista una alternativa habitacional en el plazo máximo de un mes”. La medida tampoco consiguió consenso y no está entre las 213.

Adoptar medidas que permitan a las mujeres en situación de violencia de género que perciban renta mínima cotizar a la Seguridad Social
Entre las medidas que se quedan fuera está la de adoptar medidas que permitan la cotización a la Seguridad Social a las mujeres que perciban la renta activa de inserción y estén en situación de violencia de género, lo que les permitiría disfrutar de pensión de jubilación. El PSOE ha incluido esta petición en un voto particular.

Redactar un plan para la lucha contra la violencia machista ejercida sobre mujeres lesbianas, transexuales y transgénero
El pacto parte de las premisas que ya recogía la Ley Integral de 2004, y se limita en su mayor parte a combatir la violencia de género en el ámbito de la pareja y expareja, por lo que deja fuera medidas que pudieran abarcar otras violencias machistas.
 
Equiparar de los permisos de paternidad y maternidad 
Equiparar los permisos de paternidad y maternidad es una de las políticas feministas clave y que mejor ha funcionado en aquellos países en los que se ha implementado, como los países nórdicos, según recuerda Ángela Rodríguez Pam. Sin embargo, entre las 213 medidas del pacto que se incluyen en el Pacto de Estado que se debate este jueves en el pleno del Congreso no hay ninguna referida a estos permisos.

Crear de una comisión de expertas independientes para vigilar el cumplimiento del pacto
La participación de movimientos feministas, asociaciones y observatorios independientes no está contemplada entre las medida del pacto, lo que motiva otro de los votos particulares de Unidos Podemos.

 

Sin embargo, el Pacto llega al debate con algunas sombras, que se han traducido en una enmienda a la totalidad (la de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) y un buen puñado de votos particulares. 

Uno de los principales problemas para la diputada de En Marea es el económico. El pacto tiene asignado una cantidad de mil millones para los próximos cinco años. “Es una cantidad ridícula y no hay un calendario de ejecuciones”, asegura Rodríguez Pam.

Pero no es el único. ¿Qué le falta al pacto? Para esta diputada, lo que le falta al documento es “en primer lugar, garantías para que se ejecuten las medidas que todos los partidos nos hemos comprometido a llevar adelante; en segundo lugar, medidas de igualdad, porque la desigualdad es lo que nutre las violencias machista, y por tanto trabajar en igualdad es trabajar en prevención contra la violencia machista; y en tercer lugar, hubiésemos querido una aplicación más grande del concepto de violencias machistas”.

Sofía Castañón, diputada de Unidos Podemos y también una de las personas que ha formado parte de la subcomisión, llama la atención sobre la necesidad de ampliar la definición del concepto y pasar de la “violencia de género” a las “violencias machistas”. “El sintagma violencia de género no nos funciona ya, pero no se trata solo de una cuestión nominativa sino que tiene que ver reconocer que se trata de una violencia estructural y no de individuos”, asegura esta diputada, cuyo grupo ha pedido ir más allá de la violencia de la pareja o expareja y recoger, entre otras, la violencia sexual.

“Aun siendo insuficiente, esto se tiene que poner en marcha”, asegura la diputada, que anuncia que su grupo de abstendrá si no se considera su enmienda. “¿Qué tenemos? Una comisión de seguimiento, en la que creemos que deben estar los movimientos feministas para vigilar que todo esto sirve para algo y que no nos ocurra como con la Ley de Dependencia o la Ley de 2004”, dice a El Salto.

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2 Comentarios
#2206 20:27 1/11/2017

Contestación al comentario El odio te recomerá por dentro.Llevas más de diez años con una ley solo para mujeres,con tribunales,solo para mujeres y para condenar al hombre,a todos los hombres,sin sus derechos fundamentales,indefensos.Si pudieras los exterminarias a todos se deduce de tus palabras.Padeces odio de genero,racismo de genero.Tú y todas las que participáis en el genocidio de estado contra el hombre por el simple hecho de serlo.No todos los hombres son machistas maltratadores y heteropatriarcales, pero así los reconoce vuestra ley,sin excepción.

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#420 24:29 29/9/2017

Falsedad documental, mujeres victimas criminalizadas, pactos entre abogados, servicios sociales, poder judicial....y sentencias muy bien disfrazadas que en realidad amparan a Maltratadores..,, juicios trampas, psicopatas traficando con custodias y tutelas.... ESTO SEÑOR@S y MUCHO MAS es lo que hace falta exponer en el pacto, seamos ya honestos y pongamos responsabilidad al asunto

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