Lo que deja fuera el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El pleno de Congreso de los Diputados debate este jueves el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por la Comisión de Igualdad a finales de julio. Después de seis meses y tras escuchar a 66 personas expertas en la materia, el pacto se ha concretado en un total de 213 medidas en torno a diez áreas entre las que están sensibilización, respuesta institucional, protección a las víctimas o recogida de datos.

Entre las medidas de calado se encuentra, por ejemplo, el reconocimiento de las víctimas de violencia de género no supeditado a la interposición de denuncia. “Esto es un avance gigantesco”, asegura Ángela Rodríguez Pam, diputada de En Marea y una de las integrantes de la subcomisión del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, encargada de elaborar el documento.

Las medidas prestan especial atención a la asistencia y protección de menores, así como de los huérfanos por violencia de género. Así, por ejemplo, el punto 143 recoge adoptar medidas destinadas a evitar que se imponga la custodia compartida en casos de violencia de género y que no pueda adoptarse cuando exista un procedimiento penal por violencia de género. Asimismo, recoge la creación de Puntos de Encuentro especializados en atender casos de violencia de género con protocolos específicos (medida 150).

La mejora en la recogida de datos estadísticos es otra de las aportaciones relevantes de este Pacto de Estado que recoge únicamente aquellas medidas sobre las que ha habido consenso, algo “extraordinario y único”, dice Rodríguez Pam. “Los letrados de la cámara nos decían que nunca se había hecho algo así desde los Pactos de Moncloa, normalmente los pactos se hacen por mayorías”, explica. “Esta forma de trabajar por consenso tiene que ver mucho con la feminización de la política, éramos solo mujeres las que estábamos decidiendo, lo cual es extraordinario en política, y en ese sentido me siento satisfecha”, asegura la diputada.

Sin embargo, el Pacto llega al debate con algunas sombras, que se han traducido en una enmienda a la totalidad (la de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) y un buen puñado de votos particulares. 

Uno de los principales problemas para la diputada de En Marea es el económico. El pacto tiene asignado una cantidad de mil millones para los próximos cinco años. “Es una cantidad ridícula y no hay un calendario de ejecuciones”, asegura Rodríguez Pam.

Pero no es el único. ¿Qué le falta al pacto? Para esta diputada, lo que le falta al documento es “en primer lugar, garantías para que se ejecuten las medidas que todos los partidos nos hemos comprometido a llevar adelante; en segundo lugar, medidas de igualdad, porque la desigualdad es lo que nutre las violencias machista, y por tanto trabajar en igualdad es trabajar en prevención contra la violencia machista; y en tercer lugar, hubiésemos querido una aplicación más grande del concepto de violencias machistas”.

Sofía Castañón, diputada de Unidos Podemos y también una de las personas que ha formado parte de la subcomisión, llama la atención sobre la necesidad de ampliar la definición del concepto y pasar de la “violencia de género” a las “violencias machistas”. “El sintagma violencia de género no nos funciona ya, pero no se trata solo de una cuestión nominativa sino que tiene que ver reconocer que se trata de una violencia estructural y no de individuos”, asegura esta diputada, cuyo grupo ha pedido ir más allá de la violencia de la pareja o expareja y recoger, entre otras, la violencia sexual.

“Aun siendo insuficiente, esto se tiene que poner en marcha”, asegura la diputada, que anuncia que su grupo de abstendrá si no se considera su enmienda. “¿Qué tenemos? Una comisión de seguimiento, en la que creemos que deben estar los movimientos feministas para vigilar que todo esto sirve para algo y que no nos ocurra como con la Ley de Dependencia o la Ley de 2004”, dice a El Salto.