Cuenta atrás para la votación de la ILP de Vivienda de Madrid

El próximo miércoles 8 de noviembre, la Asamblea de Madrid votará -y previsiblemente tomará en consideración- la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Vivienda presentada por la Coordinadora de Vivienda de Madrid -espacio que agrupa a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Madrid y las distintas asambleas de vivienda- la Asociación Libre de Abogados y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

Según explican desde PAH Madrid, en la sesión plenaria de la Asamblea del próximo miércoles se pasará directamente al debate de la iniciativa ya que el reglamento no permite que el grupo promotor la presente. “Es un defecto de déficit democrático del reglamento”, explica la portavoz de la ILP, Alejandra Jacinto, quien señala que esta es la segunda iniciativa legislativa popular en la Comunidad de Madrid desde que comenzó la democracia. Al no poder presentar la iniciativa en el Pleno de la Asamblea, desde la PAH decidieron participar en la Comisión de Vivienda e Infraestructuras para presentar la iniciativa en la sesión de la Asamblea del pasado viernes.

“Nuestro diagnóstico era compartido por Ciudadanos, PSOE y Podemos”

“Fue positivo, porque se vio que nuestro diagnóstico sobre vivienda era compartido por Ciudadanos, PSOE y Podemos”, explica Jacinto, que fue la encargada de presentar la iniciativa legislativa ante los diputados regionales. “El PP no compartió diagnóstico, entendió que se estaba garantizando la función social de la vivienda, así que le invitamos a acudir el próximo martes al desahucio de Chelo, una mujer que 74 años que no ha podido pagar el alquiler y para la que no se ha previsto ninguna alternativa habitacional desde la Administración”.

Por lo pronto, desde PAH Madrid señalan que PSOE y Podemos comparten su diagnóstico, sin perjuicio de presentar enmiendas al texto una vez se tome en consideración. Ciudadanos, que también ha compartido el diagnóstico de la promotora de la ILP, se ha reservado el sentido de su voto. Por su parte, desde el PP afirman que todavía no han decidido el sentido de su voto. “Que se estudiarán la ley este finde semana, que no nos decían ni que sí, ni que no”, explica Jacinto.

Informe del Ministerio de Justicia

Coincidiendo con la presentación de la iniciativa en la Asamblea el pasado viernes, el Gobierno regional compartió un informe, fechado en mayo, sobre el texto de vivienda elaborado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda en el que se señala la posible inconstitucionalidad de algunos de los artículos de la propuesta de ley. “No entendemos cómo es posible que se haya dado traslado a la Asamblea de Madrid con fecha 2 de noviembre”, apunta Jacinto.

La explicación que le encuentran desde la PAH: “Teniendo en cuenta que el informe que sí que se tenía que haber emitido es el del Gobierno autonómico sobre la viabilidad jurídica de la iniciativa legislativa,el análisis es que parece que, como se les pasó el plazo, el Gobierno autonómico ha desempolvado este informe, que es interno y no es vinculante para los partidos políticos”.

Sobre el contenido, Jacinto tampoco se muestra preocupada. “La ILP tiene 64 artículos y [este informe] solo habla de uns consideraciones preliminares sobre la posible inconstitucionalidad de seis artículos. En el hipotético caso de que se aprobara y la nueva ley se llevara al Tribunal Constitucional, a las malas la ley seguiría subsistiendo, el impacto sería bastante relativo ya que afecta a menos del 10% de la totalidad del texto”.

En concreto, el informe emitido por el Ministerio de Justicia advierte de la posible invasión de competencias estatales. “Sobre este tema, también lo dijimos el viernes en la presentación de la ILP en la Asamblea de Madrid: no nos importa porque, a nivel estatal, también tenemos propuestas”, señala Jacinto en referencia a la Ley de Vivienda Estatal presentada en marzo a todos los grupos parlamentarios. “Después de estudiarlo con calma, pensamos que el impacto es muy relativo, y usarlo como excusa para votar que no el miércoles sería eso, una mera excusa, ya que son valoraciones preliminares no vinculantes”, continúa la abogada.

El informe del Ministerio de Justicia señala los artículos 1 -que establece que la Comunidad de Madrid deberá penalizar los usos antisociales de la vivienda-, 35 -que establece la obligación de poner a disposición de la ciudadanía las viviendas con uso antisocial y define cuáles son los usos antisociales-, 36 -que define qué es vivienda vacía-, 39 -que obliga a los grandes tenedores de vivienda a proporcionar una alternativa habitacional a las familias desahuciadas y, en el caso de compra venta, si el deudor es una familia en riesgo de exclusión social, la obligación para el acreedor hipotecario de ofrecer un alquiler social-, 44 -sobre las infracciones para los grandes tenedores de vivienda en cuanto a mantenerlas vacías o mal conservadas- y el 55 -sobre planes extrajudiciales de pago para solucionar situaciones de sobreendeudamiento.

Sobre el artículo 39, Jacinto recuerda que el Tribunal Constitucional ya se pronunció de manera favorable en septiembre, en este caso por la Ley de Vivienda de Murcia, también impulsada por la PAH y aprobada por el Parlamento murciano en mayo de 2016. “El Constitucional mantuvo la obligación de que los grandes tenedores de vivienda tengan que ofrecer alquiler social a las personas en procesos de desahucios, en un artículo calcado al que se recoge en la ILP de Vivienda de Madrid”, explica Jacinto.

Informe ILP Ministerio de Justicia by El Salto on Scribd

Tras la presumible toma en consideración el próximo miércoles, el texto estará sometido a un periodo de presentación de enmiendas. Desde la PAH explican que han tenido reuniones con todos los grupos -menos con el Partido Popular-, que se comprometieron a trabajar de forma conjunta con el grupo promotor de la ILP para la presentación de las posibles enmiendas. “Eso nos tranquiliza y nos da una pista de que se va a tomar en consideración la iniciativa legislativa”, afirma Jacinto.

El pasado viernes, el Gobierno central recurrió ante el Tribunal Constitucional las leyes de Vivienda y Pobreza Energética del País Valenciá con el argumento de que ambas invadían competencias estatales. El recurso se presentaba por artículos que en leyes parecidas aprobadas en Aragón y Euskadi no habían presentado problemas constitucionales. El mismo argumento de invasión de competencias fue el utilizado por el Tribunal Constitucional para suspender provisionalmente, el pasado 25 de octubre -en plena crisis entre el Gobierno central y el Govern catalán-, la ley catalana contra los desahucios.