Vivienda
Construyendo el derecho a la vivienda... con la banca

Durante dos jornadas, 27 y 28 de marzo, en Cáceres, representantes de las instituciones públicas regionales, nacionales y supranacionales comparten espacio de reflexión sobre “la vivienda como derecho” con personalidades de la empresa privada, entre otras altos ejecutivos de banca, y de los Colegios Profesionales.

Desahucio Argumosa Madrid
En el bloque de Argumosa,11 en el barrio madrileño de Lavapiés, las cuatro familias desahuciadas el 22 de febrero había experimentado aumentos de hasta el 300% en sus alquileres. Álvaro Minguito
28 mar 2019 13:23

“Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. La vieja fórmula del “despotismo ilustrado” de la segunda mitad del siglo XVIII podría servir, siendo optimistas, para ilustrar el congreso internacional “Construyendo el derecho a la vivienda”, que se está celebrando estos días en la ciudad de Cáceres. Durante dos jornadas, 27 y 28 de marzo, representantes del más alto nivel de las instituciones públicas regionales, nacionales y supranacionales comparten espacio de reflexión sobre “la vivienda como derecho” con personalidades de la empresa privada, entre otras altos ejecutivos de banca, y de los Colegios Profesionales.

Pero si se trata, como anuncia el título, de “construir el derecho a la vivienda”, se echa en falta la voz, las voces, de los colectivos sociales que han protagonizado en los últimos años las reivindicaciones por el derecho a la vivienda en España. No en vano, actores como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se han constituido, desde el inicio de la crisis económica en 2008, como referentes, incluso más allá de nuestras fronteras, del derecho a la vivienda, en un contexto de emergencia social provocada por los miles de desahucios ejecutados (53.010 solo en 2017) por las entidades financieras ante la imposibilidad de las familias de hacer frente a sus hipotecas.

Se echa en falta la voz, las voces, de los colectivos sociales que han protagonizado en los últimos años las reivindicaciones por el derecho a la vivienda

El uso del gerundio, “construyendo”, demuestra una acción, pero esta no está definida ni en el tiempo, ni en el modo, ni en el número ni en la persona. Para afrontar este déficit, la Junta de Extremadura ha reunido en Cáceres a personalidades de renombre internacional, como el expresidente de Uruguay, José Mujica, que apareció a través de un vídeo en el acto inaugural, con figuras destacadas de la política y la Administración nacional y responsables del área de “política social de vivienda” de algunas entidades financieras como el BBVA. La presencia del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de la exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, o del hasta hace poco Secretario General adjunto de la ONU, Joan Clos, ofrecen una perspectiva del nivel del evento, aunque choca con la prácticamente nula difusión del mismo entre la sociedad civil.

En 2007, la vivienda se situó por primera vez como el principal problema social para los españoles según la encuesta del CIS. Ciertamente, en los últimos años ha ido cediendo terreno ante otras preocupaciones como el paro o la situación económica, aunque la emergencia social provocada por los desahucios, lejos de aminorarse, se ha mantenido en niveles excepcionalmente altos (en el segundo trimestre del pasado año se produjeron más de 15.000 desahucios, según datos del CGPJ), una gran parte de ellos sobre primera vivienda y, muchas veces, sin alternativa habitacional.

En 2007, la vivienda se situó por primera vez como el principal problema social para los españoles según la encuesta del CIS

Durante estos años de dura crisis económica para amplios sectores de la población, el hito más significativo de las luchas por el derecho a la vivienda lo constituye, seguramente, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la Plataforma de afectados por la Hipoteca. Esta, apoyada por cientos de miles de personas para su tramitación parlamentaria, proponía la aplicación de la dación en pago, la paralización inmediata de todos los desahucios en curso y la ampliación del parque de viviendas en alquiler social a todas aquellas en manos de las entidades financieras, con la intención de ofrecer una segunda oportunidad a las personas y familias amenazadas de desahucio.

Desde entonces, desatendida la iniciativa de la PAH, los sucesivos ejecutivos han ido “parcheando" la situación con reformas legislativas parciales, pero sin afrontar en su totalidad un problema que amenaza con volverse endémico y que ha evolucionado en los últimos tiempos incorporando los efectos de la incipiente burbuja del alquiler (seis de cada diez lanzamientos, el 61,2%, de los llevados a cabo en el segundo trimestre de 2018 en España, un total de 10.491, según el CGPJ).

Las mismas instituciones públicas que lo promueven situaron al país a la cola de los indicadores europeos de vivienda social

En este contexto, el congreso de Cáceres sobre el “derecho a la vivienda” resulta, más que pertinente, obligatorio en un país como España. El problema proviene, entonces, del enfoque. Las mismas instituciones públicas que lo promueven situaron al país a la cola de los indicadores europeos de vivienda social en 2017, último año para el que el Ministerio de Fomento ofrece datos. Solo 5.375 casas de protección oficial fueron adjudicadas ese año (solo en Cataluña las demandas ascendían, según un informe del Institut Cerdá, a unas 230.000) y únicamente el 2,5% de los pisos de protección fueron destinados al alquiler social (frente al 17% de países como Francia o el 30% en Países Bajos). Si añadimos que ese mismo año las entidades financiera, entre ellas el BBVA, mantenían en stock más de 388.000 pisos, obtenemos una radiografía fidedigna de la problemática.

En Extremadura, la Junta se comprometió a ampliar el parque público con la construcción de 800 nuevas viviendas durante la legislatura que ahora termina. Sin embargo, el proyecto ha quedado sin ejecutar, escudándose el Gobierno autonómico en la existencia en la región de “el parque de vivienda pública más importante del país, con 13.400”. Pese a ello, entre 350 y 400 familias son desahuciadas cada año en la Comunidad por no poder hacer frente ni siquiera al pago del alquiler de una vivienda de promoción pública en una autonomía en la que, además, se alcanzan los datos de pobreza más altos del Estado (un 44%, 17 puntos por encima de la media nacional). El congreso “Construyendo el derecho a la vivienda” debería haber empezado con estos datos sobre la mesa; una mesa a la que tendrían que haber sido invitadas, además, las organizaciones que luchan desde hace años por el derecho a una vivienda digna y contra los desahucios, ya que son, por mucho, las que atesoran un conocimiento más profundo y cercano sobre esta realidad. Pero puede que esto sea mucho pedir.

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2 Comentarios
#32326 16:16 28/3/2019

Alguien podría investigar cuanto ha costado ese acto?

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#32325 15:51 28/3/2019

Vergonzoso, un insulto a las personas que sufren las consecuencias de sus nefastas políticas de vivienda, los desahuciadores hablando del derecho a la vivienda

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