Cooperación internacional
Extremadura ante el espejo del rearme: ¿más tanques o más derechos?

Vivimos el mayor retroceso en derechos humanos de la historia reciente. No es una frase hecha ni una consigna de pancarta. Es el saldo demoledor de una deriva global que gasta más en misiles que en sanidad, que blinda fronteras en lugar de proteger vidas, y donde el lenguaje de guerra se normaliza con la misma naturalidad que un parte meteorológico.

En 2024, el gasto militar mundial alcanzó 2,7 billones de dólares. La cifra más alta desde la Guerra Fría. Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India se reparten el 60% de ese gasto, y todos los países de la OTAN —España incluida — siguen inflando sus presupuestos en defensa como si la paz pudiera fabricarse por decreto. Mientras tanto, Extremadura, con los presupuestos más ambiciosos de su historia —más de 8.127 millones de euros—, apenas destina un 0,13% a políticas de cooperación. No hace falta ser contable para ver dónde están las prioridades.

Carta de un extremeño a Josep Borrell

Chema Álvarez Rodríguez

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Gasto militar

Gasto armamentístico Carta de un extremeño a Josep Borrell

Chema Álvarez Rodríguez

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Aumentar el gasto militar en detrimento del social es una “estrategia” de paz maquiavélica donde el fin justifica los medios y, de paso, beneficia a las empresas de armamento y a sus padrinos.

Porque los datos son tozudos. El presupuesto destinado a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en Extremadura ha caído más de un 23,9% en la última década. Un retroceso que no solo es político, sino ético. Mientras se orientan fondos e infraestructuras hacia el sector militar, los compromisos con la justicia global se diluyen.

La militarización se ha colado

Trece empresas extremeñas están homologadas como proveedoras del sector defensa por la OTAN e integradas en la carrera armamentística global y las que vendrán. La instalación de nuevas fábricas vinculadas a la industria militar en Extremadura es una realidad, forma parte de un plan para consolidar lo que se define como “una posición estratégica para desarrollar una industria de defensa robusta, gracias a sus capacidades tecnológicas y logísticas”.

Extremadura, con los presupuestos más ambiciosos de su historia —más de 8.127 millones de euros—, apenas destina un 0,13% a políticas de cooperación

Desde el sector se insiste en que este tipo de inversiones garantiza paz, libertad y desarrollo sostenible. Cuesta imaginar cómo se alcanza esto reforzando arsenales. Entre 2021 y 2024 el gasto en defensa en la unión europea aumentó en un 30%. Cada misil vendido es una buena noticia para los mercados y un dividendo más para los accionistas. Como advierte Amnistía Internacional, no se trata solo de licencias de exportación: hablamos de decisiones políticas que normalizan la violencia bajo el lenguaje de la seguridad.

La economía de guerra necesita combustible y lo encuentra en las desigualdades del mundo, en el saqueo de recursos del llamado Sur Global y en la cronificación de conflictos. La reindustrialización del campo y la normalización de la paz con pólvora. Que no digan luego que no nos avisaron.

Cooperación, sí. Pero no así.

Nos venden seguridad con uniformes, concertinas y radares, pero lo que realmente protege nuestras vidas es otra cosa: pensiones, salarios dignos y servicios públicos de calidad, no con tanques ni normas PECAL/ACAP.

Menos solidaridad, más préstamos reembolsables y deuda externa. Menos enfoque en derechos, más enfoque en fronteras. Lo más grave es que la ayuda internacional ya no prioriza a quienes más la necesitan. Muchos grandes donantes canalizan menos del 25% de su ayuda a través de mecanismos multilaterales, debilitando el principio de cooperación global mientras Estados Unidos revienta el sistema.

Como muestra, un botón: Nigeria, paraíso de metales estratégicos, gasta cinco veces más en pagar los intereses de su deuda que en sanidad. No es un caso aislado. Según la UNCTAD, ya hay 46 países en esa situación. Más de 3.400 millones de personas viven en países que destinan más recursos a pagar intereses que a educación o salud, al mismo tiempo el 1 % de las personas más ricas podría erradicar la pobreza 22 veces. Así no se construye un futuro digno: se hace contabilidad con vidas.

Silenciar la solidaridad

Mientras florecen contratos militares, las ONGD enfrentan criminalización, bloqueo legal, persecución e incluso la muerte. Solo en Nicaragua, 5.600 han sido clausuradas. En Palestina, las que defienden derechos humanos son etiquetadas como terroristas o convertidas en objetivos militares. En Europa, salvar vidas en el Mediterráneo puede acabar en los tribunales.

La financiación internacional sigue atrapada en un modelo fallido: promete desarrollo, pero entrega deuda, desigualdad y maquillaje verde

No es casual. Es parte del mismo marco ideológico que convierte a quien ayuda en sospechoso y a quién se beneficia de la guerra en socio estratégico. Porque las ONGD hacen preguntas, denuncian abusos y no llevan uniforme. Y eso incomoda más que un convoy militar.

Frente al ruido, los hechos: más de 150 millones de euros movilizados por las ONGD para apoyar la reconstrucción en la Comunidad Valenciana, desplegando la mayor respuesta humanitaria ante una emergencia registrada en España. Sin banderas ni discursos. Solo responsabilidad y humanidad organizada, replicando lo que bien saben hacer en otras latitudes.

El espejo de Sevilla (y el reflejo que no queremos ver)

El llamado “Compromiso de Sevilla”, documento final de la Conferencia de la ONU, ha dejado pasar una oportunidad histórica para repensar la arquitectura financiera global. Más de mil organizaciones lo dejamos claro: el desarrollo lo están transformando en un instrumento de geoestrategia y control, no en una herramienta de justicia social. Una vez más, la ambición política se doblegó ante los intereses de siempre. Se esquivaron debates urgentes sobre condonación de deuda, justicia fiscal o regulación de las multinacionales.

La financiación internacional sigue atrapada en un modelo fallido: promete desarrollo, pero entrega deuda, desigualdad y maquillaje verde. Ya lo hemos probado y no funciona sostener deudas infames no es humanitario, es injusto. No pedimos ajustes: exigimos una herramienta global, justa y vinculante que ponga fin a esta arquitectura rota.

Una decisión pendiente en Extremadura

Extremadura no está al margen de esta historia y la ciudadanía tiene que ser consultada ¿queremos ser un enclave de la industria armamentística o una región que apueste por un modelo de desarrollo que mire a las personas y al planeta?

Nadie discute la necesidad de empleo, industria y futuro para nuestra tierra. Pero ese futuro no debe pagarse con sangre ajena. No debe construirse sobre las ruinas de otros pueblos. No debe esconderse tras una retórica de seguridad que, en realidad, siembra miedo y desigualdad.

Frente al ruido de los cañones, alzamos la voz. Porque otro modelo es urgente

La seguridad no puede seguir siendo el monopolio del miedo. El discurso público se ha llenado de bulos que vinculan las migraciones con delincuencia, estigmatizan el trabajo de las ONGD y desprecian la solidaridad. Esta narrativa del “nosotros” contra “ellos” no sólo desinforma, fractura. Y lo hace en el peor momento.

El desarrollo lo están transformando en un instrumento de geoestrategia y control, no en una herramienta de justicia social

Mientras tanto, las ONGD salvan vidas, reconstruyen comunidades, sostienen derechos y generan retorno económico, también aquí: empleo, redes locales y tejido social. Lo mínimo es decidir con coherencia dónde invertimos los recursos públicos de todas y todos. Y lo urgente es formar una ciudadanía crítica, informada y comprometida con otra idea de seguridad: una que se construya desde la justicia y los derechos humanos, no desde el blindaje.

Estamos aún en el cruce de caminos. La decisión no es solo presupuestaria, es política y ética. Lo que decidamos ahora, marcará con hechos nuestras prioridades reales.