Tortura
La familia del joven fallecido en Almería se siente abandonada por la administración

Ha pasado más de un mes desde la muerte de su hermano pero, salvo aquella llamada de la tarde del 1 de julio, en la que comunicaron a su madre que el joven Ilyas había fallecido de un paro cardíaco, ninguno de los actores implicados —el centro donde se produjo la muerte, la empresa que lo gestiona, o la Junta de Andalucía, última responsable— se ha puesto en contacto con ellos.

El día que falleció Ilyas, mientras la familia arribaba a Almería para ver el cuerpo, les dijeron que ya había comenzado la autopsia, que era tarde. Lo pudieron lavar después, como marca el rito musulmán antes de enterrarlo. Con 18 años el joven había muerto por asfixia en el centro de menores Tierras de Oria tras ser inmovilizado contra una cama y atado, siguiendo un protocolo legal, el que permite la contención mecánica de menores en los centros de detención.

“Nos sentimos indignados, no podemos hacer nada”, cuenta Munir, que lleva diez años en España. Un mes después de la muerte de su hermano, el 31 de julio, trascendió a los medios los resultados de la autopsia en poder del juzgado de Purchena, localidad donde procede la causa. El documento, según adelantaba el diario El País, confirmaba la presencia en los órganos del joven de “congestión y hemorragias agudas”, también indicios de falta de oxígeno.

La cámara de seguridad sita en la habitación donde se ejecutó el protocolo captó como fueron seis las personas que inmovilizaron al joven, al que siguieron colocando sujeciones cuando ya había perdido la conciencia.

Nuestro abogado no ha tenido acceso al caso que estaba bajo secreto de sumario. Son los medios de comunicación los que han tenido acceso al informe, y al vídeo que existe

“Estamos peleando porque nuestro abogado no ha tenido acceso al caso que estaba bajo secreto de sumario. Son los medios de comunicación los que han tenido acceso al informe y al vídeo. Son ellos también quienes han tenido acceso a los resultados de la autopsia”. Munir traslada su frustración por enterarse a través de los medios de los detalles de la muerte de su hermano.

Para el hermano de Ilyas el oscurantismo data de antes: hacía unos tres meses que el joven había sido trasladado desde Córdoba, a petición propia, para estar más cerca de su madre, sin embargo la cercanía no se tradujo en verse con más frecuencia ni en tener más información. Por ejemplo, cuenta su hermano, desconocían en qué consistía el tratamiento que el joven recibía: le daban tres pastillas al día.

Munir recuerda que en el centro le decían que no podía hablar con él, que le faltaba alguna autorización — el joven asevera que su madre ya le había autorizado previamente— mientras tanto, “en tres meses mi madre solo pudo hablar por teléfono con él”. Finalmente consiguió hacerle una visita presencial. Sería la primera y la última. Aquella reunión fue importante, pues el chico le narró a su madre, según cuenta Munir, un episodio similar al que acabaría un día después con su vida. En aquella otra ocasión también le ataron a la cama, “perdió la sensibilidad de las piernas, empezó a gritar hasta que le pincharon con una aguja en la pierna y al ver que no sentía nada, corrieron para soltarlo para que no le pasara nada”, relata Munir.

La madre se quedó intranquila con lo que había escuchado y pensó denunciar. A parte, ese mismo día, habría dejado dinero para que Ilyas se pudiese comprar una consola, una Play Station 4. “Las normas del centro dicen que no la pueden comprar fuera, tiene que ser desde adentro. El lunes Ilyas se enteró de que mi madre le había dejado el dinero ahí, y se fue a reclamar la Play. Ahí es donde le han activado el protocolo, no por otra cosa”, sostiene Munir.

Sin embargo, el informe realizado desde el centro —y reproducido en los medios— apunta a que Ilyas se habría provocado un grave corte intentando hacerse a sí mismo un tatuaje. La familia niega esta descripción de los hechos y se muestra indignada por su reflejo en los medios: “No tenía ningún tatuaje, un corte sí, pero era muy antiguo”, comenta el hermano. “Tampoco se drogaba desde los diez años, como han dicho los medios, en ese momento aún estaba en Marruecos. Ni era alguien que había migrado irregularmente, había venido con reagrupación familiar a través de mi madre hace menos de dos años”. Lo que Munir no puede entender es que siendo su madre la última persona en haber hablado con Ilyas, no haya sido tenido en cuenta aún su testimonio para la investigación.

Un protocolo controvertido

Las descripciones de la escena de quienes han visionado el vídeo definen claramente un uso excesivo de la fuerza que en este caso acabó de manera trágica. “No comprendo cómo este protocolo sigue vigente en un centro con menores de edad que en principio son objeto de una trato especial”, reflexiona Munir: “En la cárcel donde son mayores de edad y hacen de todo, este protocolo no se activa”.

“No comprendo cómo este protocolo sigue vigente en un centro con menores de edad que en principio son objeto de una trato especial

La Ley Reguladora de la Responsabilidad penal de los menores y su posterior reglamento autorizan la sujeción mecánica de menores en algunas circunstancias: cuando se trata de evitar actos de violencia o lesiones, para impedir intentos de fuga, daños en las instalaciones, o para confrontar la resistencia a las instrucciones dadas por el personal. Sin embargo estas prácticas han sido criticadas desde hace años tanto por organizaciones de la sociedad civil como por organismos internacionales.

En un comunicado del 12 de julio, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y Asociación Pro Derechos de Infancia (Prodein) exigían tanto la “eliminación inmediata de las contenciones mecánicas en todos los centros de la Junta de Andalucía”, como “la retirada de la concesión a la empresa que gestiona el centro de menores ‘Tierras de Oria’”, demandando la comparecencia del consejero de Justicia, Juan Antonio Marín Lozano, y del director general de Justicia Juvenil, Francisco Ontiveros Rodríguez con el fin de aclarar los hechos y depurar responsabilidades.

Las organizaciones recordaban que no era la primera vez que saltaban las alertas: “Criticamos que no se hayan adoptado medidas específicas en relación a las inmovilizaciones, pese a que en 2015 este centro ya fue denunciado por algunos ex trabajadores por la aplicación de sujeciones mecánicas y en contra de las observaciones explícitas del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa”, denunciaban.

En el informe del CPT, que había visitado el centro donde falleció Ilyas quedaba reflejada la práctica rutinaria de la contención — utilizada 24 veces entre enero y septiembre de 2016— y la extralimitación en su uso, negando la posibilidad de ir al baño a los menores inmovilizados, aplicándola como una medida disciplinaria, o sobre sujetos con problemas respiratorios. Son este tipo de prácticas, junto al secretismo con el que se desempeña, las que han puesto a Ginso, que tiene el amable nombre “Asociación para la Gestión de la Integración Social” en el centro de la polémica.

Todos contra Ginso

Munir cuenta que cuando fueron a concentrarse frente al centro tras la muerte de su hermano, tuvo ocasión de hablar con familiares de internos que señalaban los malos tratos sufridos por los menores dentro del centro. “Es gente que no quiere hablar”, dice, “porque si hacen algo al respecto lo sufrirán quienes siguen internos”. La concentración pedía el fin del protocolo pero también el fin de un centro que ha sido definido como excesivamente carcelario para estar dirigido a menores. Además, dice Munir, “en la concentración me di cuenta de que está en medio de nada, casi en el desierto. Los familiares que no tienen coche lo tendrán muy difícil para ir”. Para este joven no se trata solo de buscar justicia para su hermano, sino que “ese centro se cierre y ese protocolo se quite”.

La controversia en torno a Ginso trasciende su desempeño en términos de respecto a los derechos de las personas internadas. No son solo organizaciones de derechos humanos, como APDHA y Prodein, quienes las señalan por sus prácticas. La empresa se vio envuelta en el caso Púnica siendo acusada de contribuir a la financiación ilegal de la campaña electoral de Esperanza Aguirre, razón por la cual Podemos la denunció el pasado diciembre ante la Fiscalía Anticorrupción. Ginso gestiona en la Comunidad de Madrid el centro de menores Teresa de Calcuta. Por su parte, en abril de 2018, Izquierda Unida hizo lo propio: Indagar en las relaciones entre la empresa y la Junta de Andalucía.

Ginso factura millones de euros por la gestión de sus centros entre los que se encuentran los ya mencionados Tierras de Oria y Teresa de Calcuta, junto a La Marchenilla y Purchena. La ley del menor del año 2000 permitía que organizaciones sin ánimo de lucro entrasen en la gestión de los centros de menores. Organizaciones como Ginso, creada en 2001 al calor de esta ley, permiten ganar adjudicaciones y después ejecutarlas con empresas afines alimentando un muy lucrativo negocio.