La pobreza energética, una cuestión de mercado

La pobreza energética ha pasado en unos pocos años de ser un concepto completamente desconocido, utilizado casi exclusivamente por una minoría de eruditos en materia de política energética, economía y derechos sociales, a posicionarse en el centro del debate político. Y esto, hay que decirlo, se lo debemos principalmente a los nuevos actores que irrumpieron con fuerza en el escenario político de nuestro país y que han abanderado temas que hasta este momento parecían patrimonio de uso exclusivo de militancias verdes y ecologistas.

La pobreza energética se ha venido a definir como “la incapacidad, por motivos económicos, de las familias, para mantener una temperatura adecuada en sus viviendas, que les permita unas condiciones de vida digna y saludable, debido a la ineficiencia energética del hogar”, bien porque no pueden hacerse cargo del pago de las facturas por insuficientes ingresos económicos o porque teniéndolos, la proporción que se destina a este concepto es excesiva.

Pero una vez que nos hemos familiarizado con el concepto, no podemos dejar que se malinterprete, y es que todavía hay quien se empeña en decir que se trata de pobreza sin más, sin ningún apellido. Muchos de nosotros no estamos de acuerdo en definir la pobreza energética como la consecuencia del escaso nivel de renta de un determinado grupo de población y expondremos aquí los motivos.

En primer lugar porque muchos de nuestros hogares son verdaderos sumideros de energía, debido a sus deficientes características constructivas y al escaso o nulo mantenimiento, lo que los convierte en construcciones muy imperfectas energéticamente hablando. También hay que decir que son a la vez muy competentes y eficaces como forma de recaudación de ingresos por parte de las compañías energéticas.

La pobreza energética se ha venido a definir como “la incapacidad, por motivos económicos, de las familias, para mantener una temperatura adecuada en sus viviendas, que les permita unas condiciones de vida digna y saludable, debido a la ineficiencia energética del hogar”.

Y en segundo lugar, por el constante incremento de los precios de la energía, consecuencia directa del formato del sistema eléctrico español. Y es que la fórmula de fijación de precios del mercado eléctrico mayorista no es la más óptima para el mix energético que tenemos en la actualidad, cada vez más diversificado por la mayor penetración de las energías renovables. Tampoco favorece el hecho de que no exista una competencia real y efectiva, puesto que el mercado está cubierto principalmente por tres grandes empresas verticalmente integradas que conforman un oligopolio. Es necesaria una reforma estructural que permita que podamos pagar a cada tecnología por lo que de verdad le cuesta producir, optimizando los recursos del mercado de modo que nos sirva para ajustar al máximo el precio que paga el usuario en lugar de servir para continuar incrementando los beneficios empresariales.

Pero tenemos un tercer motivo, y es la descarada desproporción entre el salario mínimo interprofesional y el precio de la energía. El gasto en los suministros energéticos se ha convertido en una parte muy importante de nuestro presupuesto mensual y a pesar del gasto desproporcionado hay hogares en los que no se consigue mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Así nos encontramos, por ejemplo, que si en el año 2016 el salario mínimo interprofesional en España era de 9.172,80 euros anuales, el gasto promedio en la factura eléctrica por hogar y año, según los datos del Panel de Hogares CNMC referidos al segundo trimestre de 2015, fue de 675 euros (impuestos indirectos incluidos).

Pero no estaríamos haciendo cálculos muy reales si no incluimos en estos gastos aquellos relativos a calefacción. Así que, teniendo en cuenta que casi la mitad de los hogares españoles disponen del servicio de gas natural, deberíamos contar con incrementar este cálculo de gasto promedio anual en 481 euros más, aunque en función de la zona climática en la que nos encontremos puede variar bastante, y estos datos son medias. Así, de media, podemos decir que destinamos un 12% de nuestro presupuesto a la factura energética, aun teniendo en cuenta las grandes dificultades que nos encontramos a la hora de calcular el precio al que pagamos la electricidad, ya que con la última modificación de las tarifas PVPC para el consumidor doméstico, el precio se calcula según precios horarios ligados al mercado mayorista, por tanto no podemos conocerlos hasta después.

Hay además otros factores que podríamos categorizar como de tipo social o cultural, que favorecen o contribuyen a facilitar que se den las condiciones para sufrir pobreza energética, como pueden ser la falta de formación e información, y no solo de los usuarios o consumidores de energía, sino de aquellos que consideramos más implicados en el tema, como pueden ser asociaciones de ayuda, ONGs o incluso los propios servicios sociales y administraciones. Por supuesto, existe una estigmatización del problema unido al desinterés o la desesperanza de los propios usuarios, a veces incentivada por poderes económicos, que conducen a la negación del problema, la resignación, la culpabilización o incluso la indiferencia.

De media, podemos decir que destinamos un 12% de nuestro presupuesto a la factura energética.

De modo que si nuestros hogares son grandes derrochadores por su consumo insaciable e ineficiente de energía, y el precio de esta energía sube de manera constante sin guardar ninguna proporción con el nivel de ingresos, ¿de verdad que la pobreza energética es solo cosa de pobres o es que aún no ha llegado a alcanzarte a ti? A este ritmo, solo tienes que esperar un poco más, a no ser que hagamos algo por cambiar la situación. 

No permitamos que se nos culpabilice de sufrir pobreza energética, porque a través del conocimiento y la información nos damos cuenta que más bien es al contrario, nos vemos afectados por esta “epidemia” de la que los menos culpables somos los perjudicados directos.