Democracia participativa
E-democracia: la innovación democrática que no termina de arrancar

Más de una década llevan la Universidad de Wanseda en Japón y la Academia Internacional de CIO estudiando las tendencias globales de Gobierno Digital. Con indicadores como la infraestructura digital, la política de Datos Abiertos o la participación ciudadana a través de mecanismos de e-información, consulta y toma de decisiones, elaboran un ránking mundial. El de 2017 lo lidera Singapur, por su uso de la Inteligencia Artificial en la administración pública, seguido de Dinamarca, reconocida "pionera" en la utilización de tecnologías emergentes en ese ámbito. Desde su creación en 2015, el país escandinavo también lidera el DESI, índice de Desarrollo de Sociedad y Economía Digitales realizado por la Comisión Europea.

"Seamos sinceros, hace dos o tres décadas la digitalización en Dinamarca estaba muy dirigida a la eficiencia; gracias a ella podías reducir la burocracia por ejemplo. Pero ahora estamos en una encrucijada: el foco de atención está en cómo la tecnología puede realmente mejorar los servicios públicos, la protección del consumidor, en mantener los valores democráticos ...", afirma Casper Klynge, su embajador Tecnológico desde 2017.

Tras digitalizar el sector público, incluidos algunos experimentos con robótica y automatización, la diplomacia danesa propone la TechPlomacia. "La influencia de la tecnología en los temas globales va a ser enorme. Así que, en lugar de hablar con el Ministerio de Asuntos Exteriores o el de Transporte, lo hacemos con algunas de las grandes tecnológicas, no solo en la UE y Estados Unidos, sino en todo el mundo", explica. Con oficina en Copenhague, Pekín y Silicon Valley, reconoce que vela por los derechos de los daneses "vigilando a los gigantes tecnológicos" con especial atención a los asiáticos como Alibaba, Tencent o Baidu, " cada vez más grandes y poderosos". 

Gigantes tecnológicos y mínimos democráticos

"Puede que no estemos de acuerdo con todo lo que pasa en Silicon Valley o con cómo lidian con ello los reguladores europeos o la Comisión, pero tenemos que mantenernos unidos ya que la ética de estas empresas es muy cuestionable. Algunas de ellas operan en el vacío normativo más absoluto, sin tener en cuenta fundamentos democráticos básicos", advierte Klynge.

Mientras, plataformas como Uber concentran toda la preocupación de gobiernos y legisladores. Suecia, Noruega y Dinamarca después, le prohibieron operar en sus territorios. "Estamos muy a favor de la economía colaborativa, pero tiene que haber un mínimo, algunos contrapesos donde los operadores cumplan con nuestra forma de vida. Hemos trabajado muy duro los últimos 50 años en Escandinavia y en Europa para desarrollar algunos de los principios básicos con los cuales regimos nuestras sociedades. Y de eso se trata: de proteger la democracia", recalca Klynge.

Además, valora como un “gran avance” que Dara Khosrowshahi —CEO de Uber— admitiera que su plataforma “no estaba cien por cien alineada con los valores democráticos” y su intención de “reinventar la empresa y ser más responsables con los operadores y consumidores”. Considera ésta una “tendencia” en el resto de plataformas y el punto donde “gobierno y sector privado tenemos que trabajar para asegurarnos de no alterar la forma en que hemos vivido en las últimas décadas”.

La aplicación fue expulsada también de Taiwán. Dos meses después, Taipei resolvió el conflicto entre Uber y los taxistas locales con una herramienta de mediación online. Esta visualizaba las comunidades de opinión y establecía un diálogo en directo entre las partes, buscando coincidencias. El resultado fue tan positivo que dio pie al Public Digital Innovation Space, un lugar desde el que “compartir la agenda del poder con la gente”. Audrey Tang, ministra Digital taiwanesa, lo explicaba en el Personal Democracy Forum de Nueva York. “Antes, la democracia era una especie de enfrentamiento entre dos visiones diferentes. Ahora, debe convertirse en una conversación entre visiones diversas”. Y añadía, “en Taiwán, internet y democracia no son dos cosas, sino una sola”.

En el Báltico se encuentra la que, según Wired, es la “Sociedad Digital más avanzada del mundo”. Tras independizarse de la URSS en 1991, Estonia vislumbró en la tecnología una salida a su situación de “recursos limitados”, como recuerda la experta de E-Governance Academy Kristina Reisalu. “Éramos un país muy pobre, con menos de un millón y medio de habitantes y la tecnología estaba ahí, disponible”, cuenta.

Ese fue el punto de partida para mantener las instituciones públicas al mínimo y hacer realidad su aspiración de entrar en el euro. La crisis de 2009, con la producción desplomándose un 15%, se resolvió con la devaluación interna: reducción de los presupuestos en un 9% del PIB y recorte del salario del 61% de los funcionarios y del 40% de los trabajadores del sector privado —porcentajes que un año después se ampliaron al 71 y al 44 por ciento—. La baja afiliación y presencia sindical, garantizaron una escasa respuesta social ante las medidas de austeridad.

Hoy, la digitalización de historiales médicos y de recetas es prácticamente total en el sistema de salud estonio. Un avance que lo coloca por delante de los países de su entorno, pero por debajo del promedio en la UE: Estonia dedica el 6,5% de su PIB a la salud, frente al 9,9% de media comunitaria, Además, su apuesta por el modelo Bismarck, donde cada trabajador destina el 13% de su nómina a financiar su seguro médico, lo convierte en un “sistema vulnerable” por su “extrema confianza en las nóminas”, según un informe del Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas de Salud.

Reinsalu explica este desequilibrio entre Sociedad Digital y bienestar. “El objetivo era construir de cero la estructura de un e-Gobierno, por lo que servicios electrónicos se concentraron en la Administración, en facilitar la vida de los funcionarios en la gestión de datos; el foco se ha puesto recientemente en nuestros ciudadanos”.

“Incluso aquellos con menos recursos o que viven en zonas rurales tienen acceso a los e-servicios del Estado, ya que lo primero fue garantizar el acceso a internet a través de puntos gratuitos”, añade. Para esta experta, lo verdaderamente importante es el potencial de la tecnología para “cambiar la toma de decisiones en la Sociedad de la Información, haciéndola abierta y distribuida”.

"No solo es la capacidad tecnológica; es la iniciativa política"

Es decir, aportar innovaciones democráticas que no se limiten a “incluir a más ciudadanos en el proceso político”, sino que consigan, mediante la participación ciudadana, “que los gobiernos tengan mayor capacidad de dar respuesta a las demandas ciudadanas, que las instituciones sean más responsables respecto de sus acciones, fortalecer el estado de derecho y promover la igualdad social”, como afirma LATINNO, la mayor base de datos sobre estas experiencias en América Latina.

“Aunque los canales para la participación están abiertos, ni los agentes sociales ni la ciudadanía los han incorporado a sus prácticas”, lamenta Yago Bermejo, investigador de Inteligencia Colectiva para la Democracia

“No es solo la capacidad tecnológica, es la legislación y la iniciativa política”, explica Yago Bermejo, responsable de proyectos de Inteligencia Colectiva para la Democracia en MediaLab Prado. “Cuando unimos, como sucedió en el 15M, la deliberación en red y los espacios presenciales, se genera conocimiento, una especie de think-tank colectivo. ¿No se puede usar esta inteligencia colectiva para decidir cómo hacer las cosas en una democracia?”. La respuesta es Decide Madrid, la plataforma de iniciativas ciudadanas del Ayuntamiento: “Ahora mismo hay gente pensando propuestas de manera distribuida (crowdsourcing) que a la institución no le daría tiempo a pensar. Con ideas bottom-up [de valoración sencilla mediante un botón que apoya o descarta una idea] puede abordar las necesidades sociales de manera distribuida. Por eso los presupuestos participativos son un buen punto de partida”, cuenta Bermejo.

Bermejo reconoce que a la gente le cuesta participar, puesto que “requiere un esfuerzo”. “Aunque los canales para la participación están abiertos, ni los agentes sociales ni la ciudadanía los han incorporado a sus prácticas. Se lanzan propuestas para cambiar cosas en Change.org en las que el consistorio tienen competencia, pero no desde Decide Madrid. ¿Por qué?. Porque mucha gente aún sigue la lógica de 'tenemos que convencer o presionar a alguien'. Y ese es el salto que tenemos que dar”, critica.

“En Estonia muchas veces, el problema radica en la pasividad de los ciudadanos”, asegura Kristina Reinsalu. “No es tanto un desafío tecnológico, ya que generalmente se trata de programación, sino de cómo cambiar la actitud de las personas cuando dicen "soy escéptico", "no soy nadie", "a mí no me molesta", etc. La sociedad civil debería mostrar más responsabilidad; la e-democracia es un proceso de decisión iniciado por un lado donde el otro debería estar participando electrónicamente. La tecnología lo ha facilitado, pero el cambio drástico aún no se ha producido”, concluye.