Pueblos originarios
El reality show ‘Supervivientes’ y el despojo de las tierras garífunas

En abril de 2018, tras los partidos de la Champions, Telecinco dominó la tabla de audiencia con 12 de las 25 emisiones del reality de Supervivientes, llegando a reunir en la gala del día 5 de abril un 32,5% de la cuota de pantalla, con una media de 3.724.000 espectadores. Este programa que desde el año 2000 se ha emitido en Panamá, Islas Seychelles, República Dominicana, Kenia, Brasil y Nicaragua, se graba actualmente a unas millas naúticas de la costa hondureña, en Cayos Cochinos, un archipiélago de islas y pequeños cayos atravesadas por el segundo arrecife de coral más grande del mundo, el Sistema Arrecifal Mesoamericano.

Esta región marítima que recibe el nombre de Monumento Natural Marino Archipiélago Cayos Cochinos se encuentra desde 1994 custodiado por la Fundación Hondureña para la Protección y Conservación de Cayos Cochinos (HCRF por sus siglas en inglés), mejor conocida como Fundación Cayos Cochinos, que conjuntamente con el Instituto de Conservación Forestal elaboran el plan de manejo del área protegida.

Este área que el programa Supervivientes representa como indómito y virgen, se encuentra sin embargo habitado por pobladores garífunas desde hace más de 200 años cuando llegaron expulsados de la isla de San Vicente por el Imperio Británico. A pesar de que durante siglos los habitantes originarios habituados a la pesca, han desarrollado formas de conocimiento ecológico ancestral que han permitido preservar el medio, la Fundación limitó la injerencia de las comunidades garífunas de la región (Corozal, Sambo Creek, Nueva Armenia, Río Esteban, East End y Chachahuate) en la gestión y conservación de la región biomarítima, esgrimiendo entre otros motivos la pesca indiscriminada, que lejos de la realidad, se ha realizado de manera artesanal con cayucos y redes para responder a las necesidades alimenticias y que convierten este rubro en la principal fuente de ingresos para las comunidades.

En los meses de grabación de los reality shows se limita el acceso a los bancos de pesca, lo que repercute directamente en las posibilidades de pesca, y exige a los pescadores de las comunidades afectadas a viajar más lejos para conseguir el pescado

Entre otras directrices se establece por ejemplo que en los meses de grabación de los reality shows se limite el acceso a los bancos de pesca, lo que repercute directamente en las posibilidades de pesca, y exige a los pescadores de las comunidades afectadas a viajar más lejos para conseguir el pescado. El año pasado el programa se filmó en Cayo Paloma, un islote que tradicionalmente fungía como refugio de los pescadores de la comunidad de Corozal, donde solían descansar y salar pescado en las noches, y que actualmente la Fundación arrienda a la productora.

La Fundación Cayos Cochinos genera dividendos a partir de la entrada de tours turísticos y la presencia de buceadores que asisten como voluntarios científicos. Las comunidades, lejos de verse favorecidas por estas actividades, ven determinadas sus posibilidades a través de la puesta en escena de la llamada Mesa Negociadora, una reunión periódica donde representantes de grupos de pescadores y miembros de los patronatos (órganos representativos) de las comunidades discuten sus agravios con la Fundación.

Las comunidades, lejos de verse beneficiadas, ven sus actividades económicas limitadas por los contratos firmadas por empresas privadas que bajo la idea de “conservación ecológica” despojan sus derechos territoriales protegidos por el Convenio 169 de la OIT 

Sin embargo, esta mesa lejos de convertirse en un mecanismo democrático de toma de decisiones limita las posibilidades de las comunidades afectadas de intervenir más allá de las directrices impuestas por la propia Fundación. Existe muy poca transparencia respecto a las actividades económicas que se desarrollan en el archipiélago, aunque Natalie Brown y Keri Vacanti Brondo revelan que Magnolia, la productora encargada de filmar el programa pagó 560.000 dólares a la Fundación Cayos Cochinos por los derechos de grabación.

Las comunidades, lejos de verse beneficiadas, ven sus actividades económicas limitadas por los contratos firmadas por empresas privadas que bajo la idea de “conservación ecológica” despojan sus derechos territoriales protegidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo del que el estado hondureño es firmante. La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) realizó en 2003 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las consecuencias de las actividades de la Fundación sobre la seguridad alimentaria y la forma de vida de las comunidades por el que la CIDH declaró su admisibilidad en 2007.

Aunque algunos pobladores se han involucrado al esquema de trabajo con la fundación y la productora durante el período de grabación, las actividades que desempeñan son accesorias y generalmente se limitan al transporte, aportando la mano de obra: técnicos de fibra óptica, transporte en lanchas de los juegos y otros elementos necesarios para los decorados y labores de limpieza.

Estas actividades, de las que no hay cifras oficiales pero se estima que serían de unos 1.000 dólares por comunidad involucrada en el plan de manejo, se suman a la opción de optar a recursos a través de la propuesta de proyectos a través de la mesa negociadora. El equipo de grabación viene de fuera y se hospeda en el lujoso hotel Palma Real.

Mientras Mediaset comienza a destapar el nombre de los participantes de la próxima edición, las comunidades garífunas luchan por preservar sus recursos naturales frente a las lógicas de desposesión del conservacionismo neoliberal e impedir la migración de los jóvenes de las comunidades hacia el norte ante la falta de oportunidades laborales en la comunidad.

Las autoridades navales, ante la proximidad del inicio del programa, amenazó a los comuneros con fusiles de alto calibre y con gas lacrimógeno si no desalojaban la isla

Hace unos días el nuevo grupo de jóvenes pescadores de la comunidad de Nueva Armenia realizó un plantón en los Cayos para reivindicar su uso de los territorios ancestrales frente a la renuencia de la Fundación por considerarlos como interlocutores válidos al haber negociado desde la década de los 90 con el viejo grupo de pescadores de la comunidad afines a las directrices de la Fundación, el grupo de pescadores de Santa Ana.

Las autoridades navales, ante la proximidad del inicio del programa amenazó a los comuneros con fusiles de alto calibre y con gas lacrimógeno si no desalojaban la isla. La escenificación de una isla remota en la que un naúfrago debe sobrevivir para poder regresar a la civilización ha sido en el imaginario moderno posible desde el tropos de enunciación colonial que convirtió al nativo como una otredad exótica que debe ser asimilada al proyecto colonial o como el bárbaro que debe ser exterminado, o en última instancia desplazado para reproducir las lógicas de acumulación capitalista.

La grabación de Supervivientes no solo contribuye al despojo territorial y el desplazamiento de comunidades, sino que en algunos casos el programa contribuye a su infantilización, convirtiendo los cuerpos garífunas en objeto de consumo colonial. Frente a esta prolongada apropiación de sus territorios para escenificar el teatro de la supervivencia colonial las comunidades afectadas han decidido organizarse para recuperar sus tierras ancestrales reivindicando un modo de existencia de real sobrevivencia ante las lógicas de desposesión del “neoliberalismo verde”.