Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate

En Cartagena y sus alrededores fluyen y se concentran mercancías, dinero, poder, intereses, desigualdades y violencia. Ahí operan Sacyr y Agbar.

Garantizar la seguridad energética y el acceso a materias primas críticas son dos ejes fundamentales en las políticas comerciales de la Unión Europea.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, se ha producido un auge significativo de proyectos mineros en el Estado español.

Pese al coro de autoridades políticas y financieras que afirma que el sistema es fuerte y que las regulaciones funcionan, la sociedad global se asienta sobre una bomba de relojería a punto de estallar.

La agenda energética impulsada por la UE es un fiel indicador de su desempeño general en los últimos años: se azuza la espiral belicista, se desarrollan estrategias erráticas y se une la suerte del continente a los intereses privados de las empresas transnacionales, en un marco de creciente autoritarismo y conflictividad.

Ucrania es un punto y seguido en la tormenta capitalista en ciernes, la llave maestra que abre la caja de los truenos de una espiral de consecuencias impredecibles.

Si la precariedad vital es ya una realidad palpable y crecientemente extendida, el horizonte económico a corto plazo hace presagiar su ahondamiento.

El Tribunal Internacional de Opinión (TIO) y el paro nacional son hitos de un mismo proceso, en un doble sentido. Representan, por un lado, el juicio popular contra un modelo que, en el altar del mercado, sacrifica los derechos de las mayorías populares, y por otro, ambas iniciativas inciden en una lógica de resistencia y defensa de la vida sostenida sobre la unidad en la diversidad —esto es, sobre la articulación de agendas y sujetos emancipadores—, clave fundamental en la contienda política actual.