Represión
La vulneración de derechos relacionada con la protesta política crece un 30% en 2024

La represión a la disidencia política se ha visto intensificada en el Estado Español durante el pasado año. Defender a quien Defiende (Dqd), mediante su herramienta de monitoreo, Red Malla, ha registrado 1.140 vulneraciones de derechos en un total de 228 casos durante el pasado año. Estos datos suponen que la plataforma registró casi las mismas vulneraciones en 2024 que los dos añores anteriores juntos (314 y 870, respectivamente).

En su informe Diagnóstico del derecho a la protesta, la plataforma, formada por personas defensoras de derechos humanos, expertas legales, colectivos sociales, institutos universitarios, movimientos sociales y organizaciones que trabajan juntas frente a la criminalización y represión de la protesta social y las vulneraciones de derechos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, detalla que “las vulneraciones sistematizadas engloban detenciones, multas, amenazas, censura, afectaciones a la integridad psicofísica, identificaciones y/o encausamientos”.

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Libertad de expresión

Acuerdo entre Sánchez y EH Bildu ¿Qué queda intacto en la Ley Mordaza?

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El acuerdo pactado entre EH Bildu y PSOE ha sido presentado por el partido abertzale y su entorno mediático como el fin de la Ley Mordaza. Aunque sobre el papel constituyan un avance, no hemos de olvidar que la norma continuará en vigor.

Según hacen constar en el texto, el objetivo de esta recopilación es doble: “disuadir y mitigar las vulneraciones de derechos (...), y recopilar datos que ayuden a procesos de rendición de cuentas, den apoyo en procesos judiciales e interpelen a las instituciones para realizar cambios que garanticen el ejercicio de derechos y libertades para la población”. Aunque el derecho a la protesta no está reconocido como un derecho en sí mismo, es un concepto que se utiliza para englobar un grupo de derechos fundamentales, como el derecho a la reunión pacífica, la libertad de expresión, la libertad de información y la libre asociación.

“Este año ha sido testigo de una escalada represiva. La movilización social ha crecido, pero también lo han hecho los mecanismos de represión y criminalización”, ha advertido Clara Calderó, de Novact, en la presentación a la prensa del informe. “Hemos observado tres tendencias a destacar: la diversificación de la represión, el surgimiento de nuevos movimientos de protesta, tales como la eclosión de los movimientos contra la masificación turística en varios puntos del Estado, las movilizaciones de los agricultores o las protestas que tuvieron lugar en Valencia por la gestión de la dana y el repunte de otros movimientos que los últimos años habían registrado menos vulneraciones, de manera especialmente relevante, el movimiento de solidaridad con Palestina”, ha explicado Calderó.

El movimiento propalestino, el más reprimido

Según los datos del citado informe, las protestas en solidaridad con Palestina representan el movimiento más perseguido con 57 casos. Entre las principales vulneraciones destacan las 34 detenciones, al menos 133 identificaciones, 16 casos de represión judicial y más del 58% de los casos de censura en todo el Estado. 

Los casos más graves sucedieron en Catalunya, con la detención en Barcelona de diez activistas que participaron en la huelga convocada el 7 de febrero, y en Santiago de Compostela, con otras nueve personas jóvenes detenidas tras una multitudinaria marcha en la capital gallega, que además fueron víctimas por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de la Policía Nacional.

Los 16 procedimientos de represión judicial contra el movimiento pro Palestina también han sido muy significativos en relación con los tipos delictivos aplicados, como el de “organización o grupo criminal”

Las vulneraciones más recurrentes en las manifestaciones del movimiento han sido las 133 identificaciones, algunas de ellas en redadas por perfilamiento racial. Sin embargo, el caso más numeroso fue la identificación de 92 estudiantes en la acampada estudiantil por Palestina en la Universidad Complutense de Madrid. Los 16 procedimientos de represión judicial contra el movimiento en solidaridad con Palestina también han sido muy significativos, especialmente en relación con los tipos delictivos aplicados, como el de “organización o grupo criminal”.

Otro caso reseñable es el de un hombre de Puerto de la Cruz (Tenerife), que fue condenado a dos años de cárcel por comentar públicamente en las redes sociales opiniones en contra de Israel y del sionismo, lo que fue interpretado por la Audiencia Provincial como un “delito de incitación al odio”. También se han aplicado otros tipos delictivos contra activistas propalestinos, tales como “enaltecimiento del terrorismo”, “desórdenes públicos”, “resistencia” o “desobediencia”.

La represión contra el movimiento por el derecho a la vivienda

Las protestas vinculadas al derecho a la vivienda y la okupación han sido el segundo movimiento más criminalizado, concretamente en Barcelona, donde se concentran 24 de los 32 casos registrados. Las vulneraciones que más se han repetido han sido las identificaciones (67) y las sanciones económicas (60). Sin embargo, también cabe destacar que se trata de la familia con más vulneraciones a la integridad psicofísica (41), dado el uso recurrente de violencia policial en los desahucios, a la vez que se trata del movimiento en el que se han dado más casos de represión judicial (41).

En este sentido, especialmente remarcable es el caso de las 21 personas encausadas por la manifestación contra el desalojo del Bloc Llavors, en Barcelona, que tuvo lugar en mayo y por la que la Fiscalía exigió en diciembre un total de 35 años de prisión y 190.000 euros en multas. Se han registrado al menos dos casos en los que el presunto racismo policial y la represión del movimiento por el derecho a la vivienda han confluido en dispositivos policiales de desalojo de espacios habitacionales okupados en los que vivían personas en situación administrativa irregular, concretamente en los desalojos de la Tancada Migrant y del Bloque de Calle Muntaner, ambos en Barcelona.

La Sareb desahucia tres centros sociales del País Valencià en una semana

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Centros sociales

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En este contexto, se ha detectado el uso del encarcelamiento en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) como medida de represión de personas vinculadas con los sindicatos de vivienda. En el informe, destacan que es “importante señalar que las personas que se encuentran en situaciones más vulnerables son las que experimentan una mayor recurrencia e impacto de la represión, y más dificultades para darle respuesta”.

El “Chilling effect” o efecto disuasorio

En 2024 se ha evidenciado la desmovilización del movimiento ecologista tras registrar niveles muy elevados de represión durante 2023, año en que fue, por primera vez, la corriente activista que más vulneraciones presentó. Según Dqd, los 19 casos registrados “evidencian el chilling effect o efecto disuasorio como consecuencia de la represión, y suman 116 identificaciones, 85 multas, y 33 encausamientos, entre otras vulneraciones”.

Cabe destacar la práctica de las identificaciones masivas, como en el caso de la protesta organizada por Rebelión o Extinción (XR) y Rebelión Científica (RC) que intentó ocupar pacíficamente una empresa siderúrgica en Gijón para denunciar el impacto de la industria en la crisis climática y terminó con 100 personas identificadas. Esta misma semana, se ha conocido el archivo de la causa.

Archivada la causa por la protesta en Arcelor contra las ayudas a la industria más contaminante

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La Audiencia Provincial de Asturias ha sobreseído el caso contra cinco activistas de Extinction Rebellion que cortaron el acceso a la planta de la siderúrgica en Gijón en el marco de la campaña Stop Subsidios Fósiles.

Análisis La industria del acero más allá de la descarbonización

De entre todos los movimientos, el ecologista ha sido el que ha registrado más sanciones económicas, que además son especialmente elevadas. Destaca la sanción de 180.000 euros impuesta, en el marco de la Ley de Seguridad Aérea, a dos activistas de Futuro Vegetal por paralizar momentáneamente el tráfico en una pista del Aeropuerto de Barajas en 20236. Finalmente cabe señalar que se han registrado 33 vulneraciones en relación a la represión judicial, como una continuación de las detenciones y encausamientos abiertos en años anteriores.

Las vulneraciones a la libertad de expresión e información

El informe recopila 13 casos vinculados con las limitaciones y obstáculos a periodistas y profesionales de la comunicación en contexto de protesta, “cada vez más frecuentes”, señalan en el texto, así como las vulneraciones a la libertad de expresión a través de denuncias, sanciones y procesos judiciales, específicamente contra artistas, humoristas y comunicadores.

Destacan especialmente los 11 casos de represión judicial y las 4 vulneraciones a la integridad psicofísica. Esta última cuestión tiene que ver con las personas periodistas que cubren las movilizaciones de protesta y, muchas veces, suelen recibir golpes de las cargas policiales, así como identificaciones y, a menudo, detenciones. Los 11 casos judiciales mencionados anteriormente guardan relación con dos sucesos.

En primer lugar, la detención del cantante del grupo musical Raimundo El Canastero y la citación a declarar de 4 miembros más del grupo por escribir una canción crítica contra la gestión de la alcaldesa de Lizarra (Navarra).

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El cantante del grupo fue detenido ayer y ha sido puesto en libertad esta mañana. Se le acusa de un delito de amenazas e injurias graves por las letras de Beff D' Alda

En segundo término, se destaca la oleada de denuncias contra humoristas como el caso del presentador David Broncano, condenado por un chiste sobre el coaching tras la denuncia de una empresa del sector; o las dos denuncias por parte de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos: una contra el cómico Héctor de Miguel, imputado por “provocación a la discriminación, al odio y a la violencia” y otra junto a Hazte Oír contra la actriz Lalachús por “posible delito de odio y contra los sentimientos religiosos” a causa de una broma en las campanadas de fin de año en TVE.

Estas últimas vulneraciones, según el informe, se pueden categorizar como SLAPP (conocida por sus siglas en inglés que significa: demanda estratégica contra la participación pública), “un fenómeno criminalizador y censurador al alza en la Unión Europea”, afirman.