Coronavirus
Choque entre ministerios por el plan para abordar la crisis social y política

Desde que el pasado lunes 9 de marzo se confirmara el crecimiento vertiginoso de casos de contagio y fallecimientos por el coronavirus, España ha entrado en un escenario inédito. Mañana, 17 de marzo, el Consejo de Ministros debe plantear las medidas económicas iniciales y, más que eso, apuntan fuentes del partido morado, la “filosofía” o el rumbo económico con el que se afronta esta crisis. 

Tras la comparecencia a primera hora de la noche del 15 de marzo de los cuatro ministros que coordinarán la respuesta sanitaria y securitaria de la crisis, el Consejo de Ministros del martes 17, que se prevé largo y tenso, enfrentará, como en las semanas precedentes, dos visiones diferentes sobre cuál debe ser la respuesta adecuada a la situación social. 

Sobre la mesa está romper con el principal dogma del artículo 135 de la Constitución Española y modificar, en lo esencial, el Tratado de Maastricht, o mantener ambos principios de actuación y supeditar las decisiones de “choque” al cumplimiento de los criterios de déficit y deuda.

El temor es que, aunque no sea inmediato, el estallido social provocado por la parálisis de la economía pueda ser “cabalgado” por la extrema derecha

Aunque nadie de Unidas Podemos lo mencione, también está en peligro la cohesión lograda hasta ahora en el interior del propio Gobierno de Coalición, en tanto que se trata de un momento crucial de la democracia española salida de 1978. La ruptura de ese Gobierno, hoy por hoy, no es un escenario que contemple la dirigencia de Podemos, pero una victoria de las tesis más “duras” a nivel social puede abrir una grieta difícilmente salvable para la coalición PSOE-Unidas Podemos.

La pelea comenzó antes de que el lunes 9 de marzo se tomaran las primeras medidas de “distanciamiento social” y se centra no solo en el paquete de decisiones sino, especialmente, en las cantidades que se dispondrán para cubrir la emergencia social abierta.

Se sitúa en el centro de la crisis la necesidad de un plan de choque “fuerte” en Sanidad y en Servicios Sociales, con el que evitar que sectores de la población queden excluidos socialmente —como ya sucedió con la crisis económica de 2008—. 

“No lo ven, no lo ven”, explican desde Podemos. Esta fuente consultada por El Salto se refiere a la postura de una mayoría del Consejo de Ministros ante uno de los escenarios que abre la factura social y económica del coronavirus: el escenario de un estallido social de las clases populares. El temor es que, aunque no vaya a darse de manera inmediata (en las próximas semanas o meses), ese posible estallido social pueda ser “cabalgado” por la extrema derecha y agrave la situación crítica de xenofobia en puntos localizados de la península.

Yago Álvarez Barba

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Tres grandes líneas de inversión

A lo largo del fin de semana, especialmente a través del Twitter de la ministra de Trabajo, Unidas Podemos ha lanzado propuestas de cara la opinión pública. El partido planteará tres grandes líneas de inversión. Con la primera se trata de frenar el colapso del empleo y ordenar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), una cuestión sobre la que la patronal y sindicatos mayoritarios también inciden dado que se está produciendo un goteo de solicitudes de expedientes que se extenderán más allá de la quincena de cuarentena efectiva desde el domingo. Hoy mismo, 16 de marzo, Burger King ha presentado un ERTE para toda su plantilla en España, 14.000 empleados.

Una segunda línea abordaría la “compensación” para familias, empresas y autónomos. Desde el partido morado se plantea que se abran líneas de financiación, se flexibilicen los requisitos para tomar bajas laborales y se extiendan los permisos de cuidados para atender a personas dependientes, niños y niñas. 

En tercer lugar, se abordan inversiones en necesidades estratégicas para facilitar una “vuelta a la normalidad” tras la emergencia sanitaria. Se trataría de medidas para la rehabilitación energética, la digitalización de la economía y la transición energética.

Alianzas

El ala más favorable a abordar la crisis desde un paquete social pide un pacto fiscal de un alcance desconocido hasta la fecha. Un plan sobre el que se conoce poco pero para el que suenan algunas de las propuestas explicitadas en las campañas electorales de 2019: impuesto a la banca y una reforma de la fiscalidad para las grandes fortunas —algo que está en el acuerdo de Gobierno PSOE-Unidas Podemos—.

En el pasado Sánchez ha sido una “esfinge” difícil de interpretar, tanto para sus rivales como para compañeros de partido, y ahora para sus socios.

Desde Podemos piensan que hay aliados suficientes en el propio Gobierno, en el que se resalta el papel del ministro de Seguridad Social, el economista José Luis Escrivá, y la posición de la ministra de Industria, Reyes Maroto. Fuera del Gobierno, en otros sectores del establishment, también aparecen posiciones en sintonía con lo que proponen los ministerios sociales: el editorial de El País del 15 de marzo, la entrevista en eldiario.es del exjefe económico del Gobierno Zapatero, Miguel Sebastián, y algunos mensajes recibidos desde la esfera empresarial, que marcan la línea entre los sectores socialistas no alineados en torno a los ministerios económicos.

No obstante, la correlación de fuerzas depende finalmente del giro en un sentido u otro del presidente, Pedro Sánchez.

En el pasado, Sánchez ha apurado todas sus opciones en cuanto a la comunicación política. Ha sido una “esfinge” difícil de interpretar, tanto para sus rivales como para compañeros de partido, y ahora para sus socios. La comparecencia del 12 de marzo, en la que el presidente anunció una serie de medidas económicas, no sirvió para tranquilizar ni a los mercados —el Ibex ha vivido su peor semana desde que existe—, ni al conjunto de las clases populares. 

La capacidad de endeudamiento del país para ganar esa guerra es el punto fundamental de disputa: la profundidad del “rescate social” y las cantidades a las distintas partidas dependen de dos escenarios que tienen, cada uno, sus propios riesgos. 

En el escenario Calviño, se cortan las medidas que puedan incrementar el actual ratio deuda/PIB, situado en el 98% del Producto Interior Bruto. Los críticos con esta sujeción apuntan que el peligro es que, paradójicamente, al disminuir el crecimiento (al reducirse el PIB), es previsible que empeore la ratio, puesto que la deuda se mantendrá constante.

En el escenario que plantean los partidarios de multiplicar la inversión, se presenta un posible aumento de la deuda de entre cinco y diez puntos, lo que, recuerdan, seguiría situando a España lejos de Portugal en la comparativa PIB/Deuda pública, y aún más lejos de Italia, país que con un 135% de deuda en relación al PIB, está en peligro de entrar en bancarrota.

Distintas fuentes indican a este periódico que posiblemente estamos ante dos formas de llegar al mismo camino: es inevitable que la deuda crezca. Pero los partidarios de que los paquetes de medidas sean profundos y lleguen al conjunto de las clases trabajadoras sostienen que es posible evitar la crisis política y social que aparejaría no asumir las políticas de expansión fiscal y estímulo de la demanda interna.

Este sector considera que el propio artículo 135 de la Constitución, modificado para introducir la austeridad en España por vía del límite al endeudamiento y la prioridad del servicio del pago de la deuda a cualquier inversión económica, facilita un argumento legal para esta ocasión, ya que, en su punto 4, establece que “los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado”. Para poner en marcha esa superación de los límites, se requiere la mayoría absoluta en el Congreso.

La propia Comisión Europea ha avanzado que se flexibilizarán los mecanismos de control. Italia y Francia han anunciado —en el caso de Francia sin demasiados detalles— que se sacarán adelante planes redistributivos “cueste lo que cueste” . 

“Es una guerra”, resumen fuentes cercanas a las negociaciones para definir la situación por la que atraviesa España. Los choques en el Consejo de Ministros son, por tanto, solo una consecuencia más de una crisis que afecta a un Gobierno recién formado y que se ha topado con una crisis que atravesará nuestra época.