Comunidad de Madrid
Suspendidas las declaraciones de los cabecillas de los protocolos de la ‘vergüenza’

Por primera vez en cinco años, tres responsables de los protocolos de la ‘vergüenza’ tenían que declarar como imputados en el caso de los fallecidos en las residencias madrileñas. Aunque habrá que esperar unos días o semanas en poder escuchar sus declaraciones, al haber sido suspendida la comparecencia de hoy, los familiares de los fallecidos lo celebran. Las defensas de los tres imputados, Carlos Mur, Fancisco Javier Martínez Peromingo y Antonio Burgueño, han reclamado que se suspenda la sesión de hoy y se aplace su comparecencia al entender que no se ha respetado en forma y tiempo su citación en los juzgados madrileños. 

Por parte de las acusaciones, la abogada Alejandra Jacinto consideran una “maniobra dilatoria” esta petición de los acusados, ya que consideran que desde el 1 de abril el auto ya estaba publicado y los imputados ya estaban citados como tal. Unas citaciones que se conocían al final de la semana pasada y que ha sido posible después de una macro querella establecida por 109 casos presentados por Marea de Residencias y 7219: Verdad y Justicia por denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria. Este delito ha hecho posible que los tribunales reabran la causa cerrada hace tres años y que han impulsado la primera imputación de altos cargos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las residencias de mayores durante la primera ola del covid. 

Así, el juzgado número 3 de Madrid llama este lunes 26 de mayo a declarar a Carlos Mur, por aquel entonces director de Coordinación Sociosanitaria y firmante del conocido como “protocolo de la vergüenza”, a Francisco Javier Martínez Peromingo, coordinador del llamado protocolo técnico, que complementaban al primero y que sustituyó a Mur en su cargo, y a Antonio Burgueño, responsable de un plan de medicalización de las residencias para evitar el colapso hospitalario y que nunca se llevó a cabo. 

A los imputados los querellantes les piden que digan la verdad, que expongan a quienes les pidieron que hicieran los protocolos excluyentes y que no tapen la responsabilidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso

Esta última imputación se conoció el sábado, un día después de la llamada a declarar en este mismo papel de Mur y Martínez. Burgueño, que ha entrado en los juzgados bajo los gritos de las familias de los fallecidos, ha dicho a los medios que “en esta España, las víctimas y los ciudadanos estamos en el mismo sitio”. Tanto a él como a los demás imputados, los querellantes les piden que digan la verdad, que expongan a quienes les pidieron que hicieran los protocolos excluyentes y que no tapen la responsabilidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. 

Se trata de una declaración muy esperada por quienes buscan justicia, verdad y reparación por las muertes que se produjeron los primeros meses de la crisis por coronavirus y que, en muchos casos, pudieron evitarse con una atención sanitaria adecuada. La esperanza de los querellantes es que esta declaración sea el inicio de una investigación en profundidad y que llegue a acusar a los cargos de la Comunidad de Madrid responsables en la última instancia, los consejeros que tuvieron competencia y la presidenta. 

“Son personas que han muerto indignamente y no podemos dejar que pase sin pena ni gloria. Esta debe ser la entrada a un gran juicio donde se sienten todos los acusados”, explica en las puertas del juzgado a los medios Lola Parra

Esta causa que sienta hoy en el banquillo a estos tres altos cargos es la primera causa de otras que están abiertas en más tribunales. “Son personas que han muerto indignamente y no podemos dejar que pase sin pena ni gloria. Esta debe ser la entrada a un gran juicio donde se sienten todos los acusados”, explica en las puertas del juzgado a los medios Lola Parra, de Marea de Residencias, cuyo suegro murió con una denegación de prestación de atención sanitaria en hospital por parte de la residencia en la que residía. 

En octubre de 2024 los familiares presentaban 109 denuncias en representación de 115 residentes, de los cuales 111 fallecieron sin recibir asistencia médica. Después de esto, fiscalía les llamaba a declarar en enero. El pasado 1 de abril, el juzgado de instrucción número 3 de Madrid decidió reabrir una de las causas, a petición de la fiscalía, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes. Las víctimas argumentan que los altos cargos de Ayuso habrían cometido un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del código penal.