Los habitantes del campo charro contra la mina de uranio

Charra es la cultura, charra es la gente. Así se le llama al conjunto de tradiciones locales que caracterizan la región rural de Salamanca. Charro es el campo, zona de almendros y de encinares centenarios, tierra de ovejas y pastores, de ganado y ganaderos.

Al oeste de la provincia salmantina, en Villavieja de Yeltes, el pasado 28 de octubre se reunían alrededor de mil personas en una manifestación. Vecinos y vecinas, activistas ecologistas y representantes de partidos políticos están luchando contra la apertura de una mina de uranio a cielo abierto. El proyecto minero, impulsado por la empresa australiana Berkeley, se emplazaría a unos poco metros de este municipio, justo a lado del patio de la escuela primaria.

“El riesgo es altísimo”, explica Verónica, activista de la Plataforma Anti-Nuclear de Salamanca. “Las colas, o sea los restos de la extracción del mineral, en las que queda el 80% de la radiación, pueden ser transportadas en polvo que viaja por el aire a través del gas radón por una extensión de hasta mil kilómetros”.

La mina, la más grande de Europa en cuanto a extracción de uranio, se instalaría en un área que ha sido protagonista de varios proyectos de recuperación ambiental financiados con dinero público y se encuentra dentro de la red de protección Natura 2000. El proyecto afecta a una zona considerada clave para los ecosistemas fluviales, con un microclima mediterráneo único. Un lugar de interés comunitario (LIC) caracterizado por la presencia de bosques de encinas centenarias, alcornoques y robles, hábitat de especies de fauna protegidas legalmente como la cigüeña negra, la sarda salmantina, el águila real y el galápago leproso. 

“Era un bosque maravilloso, lleno de encinas centenarias. Siempre llevaba a los grupos por aquí porque era muy impresionante”, explica Mati, apasionado de la botánica y la micología, experto conocedor de la flora y de la fauna del área, que suele acompañar grupos al monte como guía desde hace años para enseñarles la belleza de los alrededores. Sin embargo, cuenta con tristeza que “ya han cortado miles de encinas y pretenden llegar a talar casi treinta mil ejemplares”.

A juicio por alertar del proyecto

“Es inaudito lo que ha conseguido Berkeley hasta ahora, nadie se lo explica”, afirma con energía Jesús Cruz, habitante de Retortillo y activista de la Plataforma Stop Uranio. Desde el principio, Jesús se posicionó en contra de la mina, informando a los vecinos de lo peligroso que sería abrirla tan cerca de los núcleos habitados. A causa de expresar sus opiniones en El blog de Jesus y compartir informaciones sobre el proyecto, ha sido denunciado por Berkeley y acusado de injurias.

El martes 31 de octubre fue llamado a declarar en los juzgados de Ciudad Rodrigo, donde contó con el apoyo de vecinos y activistas de la Plataforma Anti-Nuclear de Salamanca y de la Plataforma Stop Uranio. Desde esta última señalan que “Berkeley utiliza todos los recursos que tiene para evitar oposiciones y callar quien se opone a su proyecto”.

La empresa, que no tiene ninguna experiencia minera pero sí acciones en bolsa, ya ha llevado a cabo el desvío de una carretera, además de la tala de encinas y los movimientos de tierra consecuentes, para abrir una balsa en los terrenos destinados a la extracción del mineral radioactivo. “Es un proyecto que no cumple con la legalidad y que está denunciado en distintos ámbitos judiciales”, apuntan desde Stop Uranio, ya que las obras preparatorias se habrían realizado sin los permisos necesarios y sin respetar los estándares de excelencia medioambiental de la zona. “Es puro chanchullo”, continúan.

Varios concejales del Ayuntamiento de Retortillo, otro pueblo afectado por la mina, trabajan directamente para Berkeley. Uno de ellos se encargó de talar, trocear y luego vender las encinas centenarias por el valor de un millón de euros. Además, ha denunciado haber recibido una carta postal con la imagen de un ahorcado y ha inculpado a los vecinos contrarios a la mina de amenazas y presiones. En la postal aparecía una pegatina con el símbolo de la empresa minera. Al haber destacado el detalle, apuntan los activistas, no se volvió a hablar del tema. 

familias divididas

“Éstas son mezquindades propias de gente sin alma interesada en destruirlo todo”, comenta Vitorino Calderon, habitante de Retortillo. Son muchas las divisiones que se están generando, sobre todo en su pueblo, con al menos ocho familias divididas irremediablemente. “El aspecto humano es el más doloroso”, sigue con lágrimas en los ojos: “Mi familia ha sido destruida entre quien está a favor de la mina y quien se opone. Como con las encinas, esto va durar generaciones”.

Pareciera que la compañía esté aplicando el famoso divide et impera, creando brechas para destruir el tejido social y jugando con las necesidades económicas de las familias. En una región pobre, donde se vive sobre todo del sector primario, y casi despoblada, con una densidad de población menor de 10 habitantes/km², la empresa promete prosperidad y puestos de trabajo por diez años, el tiempo estimado que duraría el funcionamiento de la mina hasta que se extraiga la totalidad del metal.

Y después, ¿qué quedaría? “Todo se iría a pique y en unos años nuestros pueblos desaparecerían”, asegura Jenara Moro Tapia, trabajadora del balneario de Retortillo, ubicado a unos metros de donde se proyectan las explosiones mineras. “Están pillando para trabajar a los maridos desempleados de muchas mujeres del balneario, con lo cual toda la familia queda pillada por Berkeley y ya no se opone a la mina”, continúa. “Están comprando voluntades y callando oposiciones”. 

portugal reclama información

Los afectados por las consecuencias de la apertura de una mina de uranio a cielo abierto, con planta de concentrado de minerales y almacenamiento de residuos radioactivos, única en Europa, no serían solamente los habitantes de los alrededores. Portugal, limítrofe al área afectada por la mina, está reclamando información sobre el proyecto en cuanto a la afectación de las aguas del Duero, en el cual confluye el río Yelte. El país luso, junto con Francia, ya ha abandonado este tipo de actividad minera por su alto impacto ambiental y su escasa rentabilidad actual.

La minería de uranio es una de las actividades industriales más contaminantes y controvertidas. Después de la fase de extracción del material, y dependiendo de su concentración, el uranio pasa al proceso de lixiviación, que consiste en disolverlo con diferentes compuestos ácidos y/o microorganismos y mantenerlo a reposo. En ambos procesos se utiliza una gran cantidad de agua que queda gravemente contaminada y que, o bien permanece en la mina si el proceso se hace in situ, o bien queda almacenada en “lagos” donde contamina el terreno y el subsuelo por generaciones. El producto de la lixiviación se manda inmediatamente a lavado y la pulpa restante se pulveriza sobre una corriente de aire caliente, secándolo y enfriándolo para obtener un polvo con una altísima concentración de uranio, que se almacena en bidones.

Uno de los grandes problemas resultantes es el agua residual de los “lavados” de la lixiviación, ya que contienen compuestos radioactivos y muchos metales pesados. Si no se tratan adecuadamente –o son almacenadas en lugares donde poco a poco van filtrándose al subsuelo– a la larga producen problemas relacionados con la alta toxicidad de uranio en el agua y la posibilidad de que se creen alteraciones cromosómicas que tienen una gran relación con la exposición al radón que aparece en forma gaseosa.

Las últimas de Europa

A excepción de República Checa y Rumania, todas las minas de uranio han sido clausuradas en Europa. A pesar de que sea un proyecto anacrónico y de que se carezca de los permisos oportunos –y de la oposición que ha encontrado–, el proyecto salmantino sigue en marcha. Pese a todo, el único periódico en papel de la zona, La Gaceta de Salamanca, sigue sin informar de las múltiples manifestaciones que ha habido en la capital de la provincia en contra del proyecto. 

“Es que lo han comprado. La Gaceta no informa verdaderamente de lo que está pasando y si no sale en el periódico la gente no se lo cree. No es noticia, entonces no es verdad, no existe”, cuenta una vecina de Boada, pueblo cuyos habitantes se han declarado en mayoría contrarios al proyecto minero. “Se ha dado más visibilidad al tema a nivel nacional que en Castilla y León. La Junta está favoreciendo en todo a Berkeley, mucho más que a los de aquí de toda la vida”, prosigue. “Para arreglar un roble para olivar o para cerrarlo para hacer leña hay que pedir permisos que son muy difíciles de obtener. Pero los de la empresa pueden hacer todo lo que quieren, como cortar miles de encinas y solicitar la expropiación forzosa de los terrenos que entran en su proyecto”.

Una gran parte de la oposición que se está generando en contra de la mina proviene de los propietarios de las tierras que la empresa necesita y que ellos se niegan a vender. “Para que accedas al precio que ellos imponen, te presionan amenazándote de expropiación forzosa”, señalan desde las plataformas contrarias al proyecto. Algunos han vendido por sobreprecio, como el antiguo alcalde de Retortillo, cuyas tierras son hoy en día sede de las oficinas de Berkeley, y otros están cediendo a cambio de otras tierras. “Quien no quiere vender, no vende”, afirma Jenara. “Para la gente que ha vivido de la zona, de la agricultura o de la ganadería, y tiene el recuerdo de sus padres trabajándola, esa tierra ya tiene sentimientos, tiene memorias. No solo vendería las tierras, sino también el recuerdo de su familia. Dime dónde está la justicia aquí”.