Fronteras
¿A quién beneficia la gestión de las migraciones? (II)

La Unión Europea utiliza la financiación de la ayuda oficial al desarrollo para controlar los flujos migratorios.

frontex hamburgo
Protesta contra la agencia fronteriza europea Frontex durante la cumbre del G20 de 2017 en Hamburgo. Álvaro Minguito
Jérôme Duval
CADTM Bélgica / Traducción: Griselda Piñero
20 may 2018 07:31

La peligrosidad creciente de los recorridos beneficia a los “pasadores” y a las redes criminales a las que los migrantes se ven obligados de contactar, mientras que esas mismas políticas de flujos migratorios hablan de combatirlas. Aunque hay otros sectores de actividades menos mediatizados que obtienen un provecho financiero mucho más importante de la inmigración irregular, ¡y es tan importante que uno se puede preguntar si no hacen todo para alentarla! Para los que llevan la gestión de los centros de detención para migrantes; las sociedades que aseguran el reparto de las comidas, la seguridad y la limpieza; las empresas que proveen guardias y escoltas a aquellas y aquellos que se expulsa; los fabricantes de armas y la industria aeronáutica; la tecnología puntera para la vigilancia de las fronteras o los subcontratistas para la concesión de visados, la crisis de los migrantes constituye una verdadera ganga, incluso un filón de oro.

Esa proporción nada despreciable de servicios, que antes correspondía exclusivamente al Estado, ahora está gestionada por grandes grupos privados que—principalmente por razones de imagen— se esconden por detrás de innumerables subcontratistas. Esa privatización rampante grava todavía más a las cajas de los poderes públicos, favorece la opacidad y diluye las responsabilidades en caso de incidentes durante las intervenciones, poniendo a los Estados al abrigo de violaciones de la ley que, sin embargo, son frecuentes.  

Instrumentalización de la ayuda oficial al desarrollo

La Unión Europea utiliza la financiación de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) para controlar los flujos migratorios, como es el caso del Centro de Información y Gestión de Migraciones (CIGEM) inaugurado en Bamako, Mali, en 2008. Es así como el Décimo Fondo Europeo de Desarrollo (FED) financia, en Mauritania, la formación de la policía de fronteras. Para alcanzar los objetivos que ellos mismos se fijaron (destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la AOD), algunos Estados miembros de la UE contabilizan dentro de esta AOD los gastos que, evidentemente, no lo son. A pesar de las reticencias de los Estados miembros para armonizar sus políticas migratorias internas, logran coordinar su gestión exterior.

¿“Crisis migratoria” o “crisis de acogida”?

En la encrucijada de las rutas entre Europa y Asia, Turquía y Grecia son países de tránsito para numerosos migrantes y refugiados que huyen de los conflictos crónicos y de inestabilidad política y económica del Oriente Próximo. Después de haber abierto sus fronteras en 2015, en un contexto de crisis, la UE se retracta, desprovista de una reflexión a largo plazo sobre su política de acogida.

Y es así como la UE firma con el Gobierno turco, sin una gran oposición por parte del Gobierno de Tsipras, un acuerdo con el objetivo de controlar y filtrar la inmigración. El acuerdo que entró en vigor el 20 de marzo de 2016, prevé retornar a Turquía cualquier nuevo migrante, incluidos refugiados sirios, que llegue a Grecia. Y por cada sirio retornado, la UE reinstalará en Europa otro sirio refugiado en territorio turco. Se podría creer que solo es un mero arreglo contable. Pero no lo es. La relación es claramente desequilibrada. La UE especificó una cuota máxima de 72.000 sirios aceptados en Europa mientras más de un millón han sido expulsados del territorio europeo.

Por esos intercambios deshumanizados, la UE se concede la libertad de elegir sus inmigrantes en función de sus intereses económicos. A cambio, la UE promete a Turquía 6.000 millones de euros, le dice que quiere relanzar las negociaciones sobre la adhesión del país a la Unión y acelera el proceso de liberalización de los visados para los ciudadanos turcos. Además, Ankara se compromete a controlar el flujo migratorio hacia Europa. Como consecuencia, el dinero sirve muchos más a erigir muros que a acoger. Y ya se instalaron los muros, los alambres de púas y los militares en la frontera turco-siria para consolidar la Europa fortaleza.

Aunque se habían concluido otros acuerdos en ese sentido, ninguno había alcanzado esas sumas, ni comportaba esos riesgos. El hecho de que haya sido firmado directamente por la UE marca, también, el comienzo de una nueva era. La institución burócrata negocia ahora en nombre y por encima de sus Estados miembros, sustituyendo a las políticas nacionales en términos de relaciones exteriores.

Con este acuerdo, la UE se jacta de respetar el derecho internacional. Sin embargo, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Convención de Ginebra sobre los refugiados estipulan que solo puede efectuarse la expulsión hacia un país considerado seguro. Es evidente que no podemos considerar, en conciencia y a pesar de la firma del acuerdo, a Turquía como un país seguro y de buena acogida para los migrantes. El presidente Erdogan comenzó, efectivamente, una purga sin precedentes y se reveló aún más represivo contra sus oponentes políticos, desde que sabe que Europa es dependiente y conciliadora. Y no es suficiente fustigar al Gobierno turco. Dentro de la misma Europa, se erigen muros y las políticas autoritarias y xenófobas vuelven a la superficie.

Privatización de la “gestión” de las migraciones

La gestión que se hace ahora de la inmigración grava a la recaudación del Estado para, en definitiva, beneficiar a las sociedades privadas y a sus accionistas a expensas de la satisfacción de los servicios públicos esenciales de las correspondientes poblaciones. El lobbying de esas sociedades se enmarca en una escalada militarista que beneficia a las grandes empresas de ese sector. En lugar de invertir en una infraestructuras de acogida digna y en la gestión de los conflictos, de los que los países industrializados son en gran parte responsables, la orientación política de nuestros dirigentes propugna el aumento de los presupuestos ligados a la seguridad y a la policía de fronteras.

Los flujos migratorios constituyen no solo una fuente de ingresos para los “pasadores”, sino que también, y en proporciones mucho más importantes, un jugoso negocio para las grandes empresas que recordemos, se organizan para pagar lo menos posible de impuestos sobre sus beneficios pero aumentan los dividendos de sus accionistas. El mercado de la seguridad de las fronteras, calculado en unos 15.000 millones de euros en 2015, está en pleno crecimiento y debería aumentar a más de 29.000 millones de euros por año en 2022.

En un contexto de una crisis migratoria aguda, de controles exacerbados, de detenciones y deportaciones en aumento, una multitud de sociedades privadas se encontraron con un nicho de actividades muy provechoso para amasar grandes beneficios.

En concreto, cada vez más sociedades privadas se benefician de la subcontratación de la expedición de visados (un mercado dominado por las empresas VFS Y TLS Contact), y facturan a las administraciones públicas la recogida de datos personales, la toma de huellas digitales, las fotos digitalizadas… Como podíamos esperar, el recurso a la empresa privada hace aumentar el precio de los visados, y este aumento de coste es soportado por los demandantes. Pero las demandas introducidas para obtener un visado o permiso de residencia no están al alcance de todo el mundo, y muchos se encuentran apátridas o sin papeles, indeseables a la vista de la ley.

La gestión de los centros de detención para migrantes donde se interna a los sin papeles en espera de una expulsión es, también, subcontratada con empresas privadas. Esa transferencia hacia la esfera privada refuerza el monopolio de tres o cuatro multinacionales que, a escala mundial, se reparten el mercado de la detención. Así es como, casi la mitad de los 11 centros para migrantes del Reino Unido son gestionados por grupos privados. Esas empresas tienen todo el interés en aumentar la duración de la encarcelación y hacen lobbying en ese sentido, con buenos resultados. Por lo tanto, las sociedades de seguridad privadas prosperan a medida que el número de migrantes aumenta. Además, el alojamiento de urgencia se convirtió en un sector lucrativo para las sociedades privadas que perciben fondos de algunos Estados como Italia, a expensas de las asociaciones humanitarias que tradicionalmente toman a su cargo los refugiados.

En Bélgica, entre 2008 y 2012, el presupuesto dedicado a las repatriaciones forzadas —los gastos del viaje de retorno, sin contar con el tiempo pasado en un centro cerrado, de casi 8.000 detenidos cada año— pasó de 5,8 millones de euros a 8,07 millones de euros.

La sociedad francesa Sodexo consideró las detenciones de los migrantes como una oportunidad de extensión de sus actividades en las prisiones. El imperio francés del cemento y de los medios de comunicación Bouygues está encargado de la construcción de los centros de detención para migrantes en el marco de los contratos de partenariado público-privado (PPP) y la empresa de limpieza Onet propone sus servicios.

En el Reino Unido, las multinacionales de la seguridad tales como G4S (antiguo Grupo 4 Securitor), Serco o Geo, están en auge gracias al boom de las privatizaciones. En Estados Unidos, CCA y GEO son las principales empresas que conciben, construyen, financian y explotan los centros de detención y Sodexho Marrito es el primer proveedor de los servicios de alimentación de esos establecimientos.

Algunas sociedades aprovechan incluso para hacer trabajar a los detenidos en espera de su expulsión. Por ejemplo, en el centro de Yarl’s Word, gestionado por la empresa Serco en el Reino Unido, el servicio de cantina o de limpieza de los locales es efectuado por mujeres detenidas por una remuneración 23 veces menor que el salario en el exterior para ese tipo de tarea (50 peniques la hora en 2011 o sea 58 céntimos de euro). El grupo GEO, que en 2003 obtuvo la gestión del campo de Guantánamo, “ofrece” a sus ocupantes en los centros Harmondsworth, cerca del aeropuerto de Heathrow y de Dungavel en Escocia, “oportunidades de trabajo remunerado” para servicios que van de la pintura a la limpieza. Esas empresas no escatiman la oportunidad de explotar una mano de obra muy barata y sin derechos.

La inmigración da más beneficios que costes

Algunos inmigrantes que finalmente logran llegar a su destino, se tienen que poner a buscar trabajo y el país de acogida aprovecha una mano de obra barata de la que, además, se ahorra los gastos de formación ya asumidos por el país de origen. Esa mano de obra, flexible y explotable a voluntad, llena una necesidad que las economías de los países industrializados no pueden pasar fácilmente.

Lejos de constituir una amenaza y contrariamente a una idea falsa, las migraciones generalmente tienen un efecto positivo sobre las economías del país de acogida. En el plano puramente económico, según la OCDE, un inmigrado aporta, de media, 3.500 euros de ingresos fiscales anuales al país que lo acoge. Los sin papeles que trabajan tienen recibos de pago, con frecuencia a nombre de terceras personas y por lo tanto cotizan a una cobertura social de la que no pueden beneficiarse.

En definitiva, se instala la duda en cuanto a los resultados esperados de semejante estrategia de gestión del flujo de desplazamientos humanos. La política antimigratoria establecida mata, y Europa cuenta los muertos pero continúa levantando sus muros. Sin embargo, las migraciones no son un problema, una plaga contra la que hay que luchar. Las migraciones son la consecuencia de conflictos, persecuciones, catástrofes ambientales, injusticias sociales y económicas en el mundo. Y son esas las causas que hay que combatir, si queremos tener una política migratoria realmente humana y justa.

Relacionadas

Coronavirus
Gibraltar, el Coronavirus al otro lado de la verja
El gobierno de Gibraltar, una coalición de laboristas y liberales, ha hecho públicas las medidas económicas para intentar frenar el impacto tras la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud.
Coronavirus
Colectivos migrantes reclaman actuaciones urgentes frente al estado de alarma en la frontera sur

El virus no entiende de nacionalidades ni de situaciones administrativas, pero su efecto está evidenciando aún más la desprotección de la población migrante en la frontera sur.

Coronavirus
El Mediterráneo Central en tiempos del coronavirus

Mientras en Europa los países entran en cuarentena y los barcos de rescate de las organizaciones civiles quedan amarrados en los puertos, cientos de personas siguen intentando cruzar largas distancias en aguas abiertas para escapar de Libia. 

0 Comentarios

Destacadas

Coronavirus
Trabajadores sanitarios denuncian que son forzados a reutilizar EPI pese a existir reservas

Personal hospitalario del sur de Madrid denuncia que las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid los están forzando a reutilizar equipos de protección individual (EPI) y emplear material no homologado para tratar a las personas enfermas por coronavirus a pesar de tener existencias de reserva en los almacenes.

Coronavirus
Cuáles son los servicios considerados esenciales que se quedan fuera del “retribuido recuperable”

Los repartidores de Amazon y los empleados de Correos seguirán trabajando. El real decreto publicado en el BOE recoge la regulación de los llamados “permisos retribuibles recuperables” y la lista de servicios esenciales que no pueden acogerse a él.

Laboral
Respuestas legales sobre el “permiso obligatorio retribuido” y cómo afecta a los trabajadores

El Real Decreto-ley que establece la “bolsa de horas” a recuperar como consecuencia de la suspensión de sectores no esenciales pone la negociación colectiva en el centro del tablero. La negociación colectiva es obligatoria, por lo que no tiene cabida el pacto individual empresa-trabajador.

Coronavirus
La gestión desastrosa del BM y el FMI

En lugar de suspender los pagos para paliar las consecuencias del Covid-19, El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional aumentan la deuda de los países que dicen ayudar

Coronavirus
Los sindicatos de inquilinos llaman a la huelga de alquileres a partir del 1 de abril

Los sindicatos de inquilinos denuncian que las medidas que baraja el Gobierno para enfrentar el impacto del virus dejan intactos los intereses del lobby inmobiliario y llevarán al endeudamiento de las familias más vulnerables. Llaman a la huelga de alquileres en todo el territorio a partir del 1 de abril.

Coronavirus
La Unión Europea, a medio pulmón
Las instituciones de la Unión Europea desarrollan toda su capacidad retórica para esquivar el hecho de que ni está ni se espera una respuesta común y solidaria a la crisis provocada por el covid19.
Tribuna
Covid19: por qué la sociedad va ganando

Esta emergencia sanitaria es, probablemente, la primera ocasión donde una acción gubernamental mundial se regula en tiempo real por presión de la opinión pública. El gobierno resistirá porque tiene la respuesta correcta a la pregunta clave: ¿Es la sanidad pública quien nos está salvando de esta emergencia sanitaria?

Coronavirus
Xi Jinping emerge como líder mundial en la lucha contra el coronavirus

China ayudará a luchar contra el covid19 a casi un centenar de países. Se erige así como actor fundamental en la lucha contra la pandemia después de haber ocultado datos y silenciado a médicos en el inicio de la crisis. 


Coronavirus
Denuncian abuso policial en la calle San Francisco de Bilbao
La Coordinadora de grupos de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala y SOS Racismo Bizkaia denuncian un abuso policial de la Ertzaintza en la calle San Francisco, en Bilbao.

Últimas

Agroecología
Un centenar de organizaciones piden salvar la producción agroalimentaria de pequeña escala

Más de cien colectivos exigen que se revise el cierre generalizado de los mercados y ferias agroalimentarias de proximidad ante lo que consideran una interpretación “excesivamente restrictiva” de las prohibiciones decretadas por el Ejecutivo estatal ante la pandemia del covid19.

Coronavirus
Cacerolas por una renta básica de cuarentena

Este lunes 30 de marzo, la Marea Básica contra el Paro y la Precariedad convocaba una cacerolada para exigir la aplicación urgente y sin trabas burocráticas de una renta básica de cuarentena. 

Coronavirus
Se activan los mecanismos de culpabilización social

¿Podría ponerse en tela de juicio este modelo bajo el riesgo de que un efecto cascada provocase el colapso del castillo de naipes de la doctrina liberal? Desde la óptica del poder esto es inaceptable, y por ello la activación de la fase de culpabilización social.

Coronavirus
Las trabajadoras del hogar se organizan durante la pandemia

La falta de concreción y consideración hacia las trabajadoras domésticas en los sucesivos anuncios del Gobierno enfocados a paliar la crisis del covid19 ha obligado al colectivo a organizarse y prestarse apoyo mutuo. 

Memoria histórica
La izquierda se despide de Chato Galante, un emblema de la memoria antifranquista

Activista de la lucha antifranquista, torturado en cuatro ocasiones por la policía del régimen, Galante se volcó en la última década de su vida en la búsqueda de una memoria histórica basada en la verdad, la justicia y la reparación. El reconocimiento a su trabajo y su experiencia ha sido unánime cuando se ha conocido su fallecimiento.

Migración
Nyango: atrapadas en Marruecos

¿Cómo es la vida de las mujeres migrantes a las puertas de Europa? En Marruecos, ser migrante, mujer y negra no es fácil, pero, si además eres pobre, se convierte en un infierno.

Agroecología
La realidad invisible de la producción agroecológica
Muchas las personas que siguen con su actividad laboral, sosteniendo, de forma invisible (mejor dicho, invisibilizada), nuestra vida.