¿A quién beneficia la gestión de las migraciones? (I)

Las migraciones forman parte de la historia de la humanidad, pero las fronteras nunca estuvieron tan cerradas como ahora. Las convenciones, surgidas de las políticas migratorias actuales, dividieron a los migrantes en diversas categorías: políticos, económicos, climáticos…, en función de la supuesta (o no) legitimidad para tener acceso al derecho de asilo o a poder residir en un territorio extranjero.

“El migrante económico”, que se desplaza huyendo de la miseria engendrada por las políticas ligadas al pago de la deuda, es la categoría que se beneficia menos de los derechos, y su acceso a los territorios extranjeros varía en función de las necesidades de mano de obra o de las políticas de cierre de fronteras. De esa manera, entre los millones de personas que huyen de condiciones de vida indecentes, ¿aquellas que migran por cuestiones económicas serían los migrantes ilegítimos? ¿Igual que a quienes no se les concede el estatus de refugiado político, poniendo sus vidas en peligro? ¿Estamos confrontados a una crisis migratoria o a una crisis de acogida?

Esos flujos migratorios, ligados a situaciones económicas, son en gran parte el resultado de las políticas de austeridad y de endeudamiento insostenible, impuestas por las instituciones financieras internacionales y los países industrializados del Norte a los países empobrecidos del Sur, y por los países del Centro, o sea de Europa, a los países periféricos. Esas políticas tuvieron como efecto amplificar el problema de la pobreza, generalizar la precariedad y, por consiguiente, las situaciones de exilio. Los contextos que alientan el éxodo de poblaciones pobres son consecuencia de intereses geoestratégicos ligados a los recursos y, por lo tanto, a las riquezas, o son provocados por la hemorragia de capitales que sirve para honrar el servicio de la deuda, con mucha frecuencia, tachada de ilegítima.

Agotados por la guerra o la miseria, los candidatos al exilio se encuentran con rutas cada vez más peligrosas, debido a las políticas de gestión de la inmigración irregular. Esas políticas son criminales, costosas e ineficaces, ya que obligan a los migrantes a tomar vías aún más inseguras, como la travesía por mar en frágiles embarcaciones después de tener que ponerse en manos de las mafias de traficantes. Y esa es una cuestión extremadamente onerosa para las poblaciones de origen que soportan esos costes. Los muros nunca resolvieron conflictos y solo benefician a las compañías que los conciben, los construyen y los controlan.

Lejos de adoptar una política de acogida a los refugiados conforme al derecho internacional, como lo estipula la convención de Ginebra, los Estados adoptan políticas de seguridad que violan el derecho fundamental de libertad de circulación inscrito en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mientras que los nuevos tratados de libre comercio no dejan de propugnar la libre circulación de las mercancías y de los capitales, los candidatos al exilio hacen frente a las “agencias de seguridad”, fuertemente armadas y equipadas por los grandes industriales que frenan el derecho de circulación de los “olvidados”.

El fondo del Mediterráneo se ha transformado en una verdadera fosa común, las fronteras se cierran y se erigen muros por doquier en el planeta. Una vez pasada la frontera, si no son deportados hacia sus países de origen, los migrantes se hacinan en campos inhumanos o son encerrados en centros de internamiento, especiales para ellos, como los 260 que se contaban en 2015 en el seno de la UE. Solamente un bajo porcentaje de todos los demandantes, siguiendo un fastidioso recorrido burocrático, logra obtener el derecho de asilo, distribuido con parsimonia.

¿Hasta qué punto las políticas migratorias europeas son dictadas por la presión de las empresas privadas de las armas y de la seguridad? Con esas políticas de seguridad, los migrantes ya no son considerados como personas, sino como números que llenan las cuotas arbitrarias para cumplir con las irracionales curvas estadísticas, que satisfacen más a la cotización de la Bolsa que al bienestar colectivo, y a los valores de solidaridad y de apoyo mutuo.

¿Qué le importan las condiciones de trabajo de los empleados y las condiciones de acogida de los migrantes, en detrimento de sus derechos y de la dignidad humana, a las empresas privadas nacionales o multinacionales? Estas se aprovechan cada vez más de un negocio en plena expansión, a expensas de la justicia social y de los presupuestos de nuestros Estados.

Frontex, una agencia costosa, poderosa, opaca y sin control democrático

Europa creó en 1985 el espacio Schengen, que entró en vigencia en 1995, y que está en los tratados de la UE desde 2009. El objetivo enunciado era crear un espacio de “libertad, seguridad y justicia” en el seno de la Unión Europea. Pero, en los hechos, la circulación dentro de la UE avanzó a dos velocidades en función de los países y, en particular, concernió a las mercaderías. A medida que avanzaba el proyecto, la UE se coordinó para controlar las fronteras exteriores intentando aplicar una política común y un “sostén” a los países que tienen una frontera exterior propicia a la entrada de migrantes como Grecia, España e incluso Italia.

Esta agencia es la que tiene mejor financiación de todas las agencias de la UE, cuando, de hecho, el esfuerzo presupuestario se impuso en todos los sectores. Frontex posee aviones, helicópteros, buques, unidades de radar, detectores móviles de visión nocturna, medios aéreos, detectores de ritmo cardíaco… Además organiza vuelos de deportación, operaciones conjuntas en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, la formación de guardias fronterizos, el intercambio de información y de sistemas de información, especialmente por medio de su sistema EUROSUR, que tiene por objetivo la puesta en común de todos los sistemas de vigilancia y de detección de los países miembros de la UE, etc.

Su presupuesto anual no ha dejado de aumentar hasta hoy: de 19 millones de euros en 2006 ha pasado a 238,7 millones en 2016. Los medios militares que le son asignados y su autonomía con respecto a los Estados miembros no cesan de crecer.

Desde finales de 2015, la tendencia hacia una injerencia de la Comisión Europea en los Estados miembros se acentúa: la Comisión Europea amplía el mandato de Frontex, que se transforma en el “cuerpo europeo de guardias de fronteras y de guardacostas”. Esta nueva agencia puede desde ahora actuar en el proceso de adquisición de equipamientos de los Estados miembros. En particular, tiene la posibilidad de intervenir directamente en un Estado miembro sin su consentimiento por simple decisión de la Comisión Europea. Por ejemplo, puede hacer “operaciones de retorno conjuntas” por su propia iniciativa, siendo el objetivo subcontratar a la agencia de retorno obligado de personas indeseables, al menor coste pero en detrimento del respeto a los derechos humanos.

Migreurop y Statewatch, dos ONG que defienden los derechos de los migrantes, denunciaron la zona gris que rodea a la agencia Frontex, que no permite hacer respetar los derechos humanos fundamentales: una responsabilidad diluida entre la agencia y los Estados, una violación del derecho de asilo y un riesgo de tratamiento inhumano y degradante. La prioridad del rescate en el mar, normalmente reconocida en Frontex, pasa a un segundo plano frente al control militarizado.

En noviembre de 2014, Italia ilustró dramáticamente esa situación poniendo fin a “Mare Nostrum”, operación de rescate de la marina italiana que salvó decenas de miles de vidas en el mar. Fue reemplazada por la operación Tritón, puesta en marcha por Frontex, con un presupuesto tres veces menor, un alcance geográfico más limitado y sobre todo un cambio de perspectiva orientado al refuerzo de las fronteras, en lugar de la misiones de búsqueda y rescate en el mar.

Cuantas más subvenciones recibe Frontex, esta agencia delega más en empresas privadas. Mediante el dinero público que percibe, la agencia se dirige a empresas privadas para la vigilancia aérea y también para la tecnología puntera (drones, aparatos de visión nocturna…). Numerosas multinacionales están dispuestas a asumir los “servicios” que antes eran asumidos por los Estados, y por cuestiones de rentabilidad propia al sector privado, los costes aumentan. El control de las fronteras se ha convertido en un negocio floreciente.