Economía
Las falsas promesas económicas de PP y Ciudadanos

En el acuerdo de 80 puntos que sirvió para hacer alcalde a José Luis Martínez Almeida en Madrid, el Partido Popular y Ciudadanos pactaron varias medidas económicas que no podrán cumplir en los términos en los que las publicitan.

Almeida y Villacis
Begoña Villacís y José Luis Martínez Almeida. Foto: Ciudadanos

publicado
2019-06-21 06:00:00

La campaña electoral del Partido Popular y Ciudadanos se basó en decir lo que revertirían de la era de Manuela Carmena. Sus medidas estrella comprendían una insólita bajada de impuestos y la supresión de varias medidas que había adoptado el consistorio de Ahora Madrid.

Una de ellas corresponde a la tasa de cajeros bancarios, promovida por el ex concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato. “Cualquier modificación de ordenanzas fiscales tiene unos trámites. Junta de Gobierno, comisión de economía y hacienda, aún no conformada, periodo de información pública y alegaciones. También se necesita un informe de la Agencia Tributaria de Madrid. Después de esto llevarse a pleno y luego entrar en vigor. Es un proceso bastante largo”, cuenta Sánchez Mato a El Salto.

¿Por qué se implantó esta tasa?

El afán recaudatorio no fue la motivación que llevó a Ahora Madrid a implantar la tasa de los cajeros bancarios. De hecho, la media de lo recaudado apenas sobrepasa el medio millón de euros. “Es una tasa que debería haberse incrementado progresivamente. No era una fuente de ingresos apreciables, pero sí establecía una justicia fiscal. Era injusto que la ocupación de un espacio público a los locales con terraza les supusiese dinero y a los cajeros no”, explica Sánchez Mato, ahora responsable de políticas económicas de Izquierda Unida.

Si finalmente se revierte esta cláusula, Sánchez Mato cree que “esos favores a la banca de PP y Ciudadanos serán recompensados con puestos en consejos de administración de grandes empresas”, las llamadas puertas giratorias. La tasa tampoco ha supuesto un incremento en las comisiones a los propios clientes ni ha provocado una reducción considerable del número de cajeros callejeros.

El mismo impuesto se aplica en ciudades como Pozuelo de Alarcón y Boadilla, ambas gobernadas por el Partido Popular. El propio Tribunal Supremo avaló esta tasa.

Bajar el IBI al mínimo del 0,4 %

Reducir el impuesto sobre los bienes inmuebles es una de las propuestas del programa electoral de Vox para las elecciones municipales y otro de los acuerdos de los 80 puntos presentados por Partido Popular y Ciudadanos. El Partido Popular también lo llevaba en su programa electoral. Para ello tendrían que incumplir la Ley de estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera (la conocida como Ley Montoro).

Con esta ley, si se reduce la recaudación fiscal hay que recortar en el mismo importe los gastos. Sobre esta cuestión, Sánchez Mato se pregunta en qué van a recortar. “Lo que siempre dicen es que cerrarán la radio M21 y reducirán en publicidad, pero ninguna de esas partidas presupuestarias está al nivel de una reforma fiscal tan grande”, dice en declaraciones a El Salto.

Tanto Ciudadanos como el Partido Popular bloquearon cualquier tipo de reforma de la ley Montoro la pasada legislatura.

Bonificación de la plusvalía en donaciones y herencias

En el acuerdo, Ciudadanos y Partido Popular dicen querer bonificar al 95 % la plusvalía en donaciones y herencias de viviendas entre parientes directos. Lo llaman impuesto de sucesiones municipal, pero en realidad se llama impuesto de los incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

No existe un impuesto de sucesiones municipal, es autonómico. “Aprobaremos un plan de devolución del dinero que han tenido que pagar cuando han perdido dinero en la venta de su vivienda o inmueble”, dice el acuerdo para la constitución del Ayuntamiento de Madrid. Esta devolución de fondos retroactiva, según Sánchez Mato, “no se puede realizar con el actual marco legal, salvo que se haga a través de una malversación de dinero público”.

El Tribunal Constitucional declaró sin efecto dos cláusulas del mismo. Son las referidas a que si hay pérdidas al realizar la venta (por deterioro), no se tenga que asumir. No fue declarado inconstitucional en su totalidad, como algunas veces declara Begoña Villacís (Ciudadanos). Sin embargo, sí que pueden rebajarlo del 29 % a un valor que ellos mismos establezcan. Sus ingresos suponen unos 650 millones de euros a las arcas municipales madrileñas.

El Superávit del Ayuntamiento de Madrid

La Ley Montoro establece que el superávit se debe mantener. Así que si el nuevo gobierno de Martínez Almeida baja mucho los impuestos, dado que se recaudará mucho menos, deberán bajar en la misma medida los gastos.

Según Ciudadanos, durante el gobierno de Manuela Carmena se ejecutó muy poco presupuesto. Eso decían en todos los debates televisivos. Pero las cifras dicen que, pese a la restricción de Montoro, el presupuesto ejecutado durante los años 2016, 2017 y 2018 ha sido superior a lo que ejecutó el Partido Popular los cuatro años anteriores, cuando gobernaba la ciudad de Madrid.

Si hubiese ocurrido lo contrario, el Partido Popular habría generado superávit, al igual que hizo el equipo de Carmena. Montoro también presionó para paralizar obras e inversiones.

Regla de gasto

“Impulsaremos una nueva negociación con la Administración General del Estado que actualice la regla de gasto de acuerdo con las mejores prácticas europeas”, dice el punto 19 del acuerdo para la gobernación del PP y Ciudadanos. Resultaría bastante kafkiano que una norma que estos dos partidos han rehusado modificar en reiteradas ocasiones cuando gobernaba Ahora Madrid, tenga que negociarse con el futuro gobierno de Pedro Sánchez, bajo una legislación que partió del propio Partido Popular.

A pesar de ello, el Partido Socialista tampoco ha anunciado que tenga entre sus prioridades modificar la Ley Montoro.


Montoro y Carmena en el Ayuntamiento de Madrid
Carmena y Montoro en una reunión. Foto: ayuntamiento de Madrid

Plegarse ante Montoro

La disconformidad de Carlos Sánchez Mato con la restricción de Cristóbal Montoro, entonces ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, supuso que el Ayuntamiento de Madrid dejase de ejecutar el presupuesto al ritmo al que lo hizo los dos primeros años. Para cumplir con esto, Manuela Carmena destituyó a Sánchez Mato y abrió una grieta en su propio gobierno, aduciendo que, de no hacerlo, el Ayuntamiento de Madrid sería intervenido.

Sánchez Mato alega que la Ley Montoro sí se cumplía, ya que podía ser interpretable. “Si el Partido Popular se hubiese atrevido a intervenir el ayuntamiento más exitoso, porque reducía la deuda e incrementaba el superávit a la vez que aumentaba el gasto público, hubiera sido una ficción”, contesta.

Vivienda pública

Ni una sola referencia a la vivienda pública o protegida en el acuerdo de Ciudadanos y el Partido Popular. Tampoco mencionan la Operación Chamartín (ahora llamada Madrid Nuevo Norte), donde hay un porcentaje de las viviendas que pueden tener algún tipo de protección, pero que no son realmente viviendas públicas. Esta operación inmobiliaria se contrapone con el pacto antiespeculación que firmó Ahora Madrid, según el responsable de economía de Izquierda Unida. Pocos días antes de las elecciones, el Partido Popular y Ciudadanos querían aprobar Madrid Nuevo Norte, con el que están de acuerdo.

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1 Comentario
#36150 10:05 21/6/2019

¿Alguien podría explicar este párrafo un poco más? No entiendo que significa.

"En el acuerdo, Ciudadanos y Partido Popular dicen querer bonificar al 95 % la plusvalía en donaciones y herencias de viviendas entre parientes directos. Lo llaman impuesto de sucesiones municipal, pero en realidad se llama impuesto de los incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana."

¿Quieres que sólo se paguen impuestos por el 5% de las donaciones y viviendas heredadas?
Gracias de antemano.

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