Desahucios
"No queremos vivir gratis, estamos aquí solicitando un alquiler social"

Lidia y Santi llevan más de un mes acampados frente a la junta de Carabanchel. En paro y con cuatro hijos a su cargo, fueron desalojados del piso del fondo buitre Fidere en el que vivían.

26 jul 2017 07:40

“Lo único que le dije a la mediadora de Fidere es que nos dejaran por lo menos hasta que terminara el período escolar de los niños; me dijo que de ninguna manera. Se portaron fatal", explica Lidia Romero en la puerta de una de las tres tiendas de campaña que desde mediados de junio son su hogar.

Impresiona el orden y pulcritud en el entorno de las tres tiendas que componen la acampada de Lidia y su compañero, Santiago Ruiz. No es solo su disposición, sino también el cuidadoso tendido de las sábanas, que se escruta desde los accesos, semiabiertos para posibilitar la ventilación. El espacio de implantación, barrido y limpio. Impecable. Un atado de sillas, bien apiladas, se oculta en un intersticio de ese conglomerado. Nos ofrecen sentarnos y así comienza la charla con Lidia. Su compañero permanece a su lado, callado, quién sabe por timidez o tal vez por la confianza en la solvencia expositiva de su pareja.

Lidia rezuma determinación y firmeza, no exenta de la contundencia cortante que suelen exhibir aquellos a los que nada les ha sido dado fácilmente. Y también una angustia contenida que la mirada y el rictus de su boca delatan.

De cinco años a esta parte ha visto cómo la vida del núcleo familiar se deterioraba, al compás de la crisis que se instaló en la sociedad. Preguntada por los responsables de este deterioro, su respuesta es vaga: “No lo sé, quizá los políticos, los bancos…”. 

Lidia y Santi han trabajado durante toda su vida, hasta que la crisis los arrojó al paro. Han llegado a pagar alquileres de hasta 700 euros. Ella estuvo empleada en Carrefour, Caprabo, Ahorra Más y como dependienta de tienda de ropa. Él, de montador de andamios, repartidor de bebidas y soldador. Actualmente cobran una Renta Mínima de Inserción (RMI) de 655 euros. Tienen cuatro hijos, de 13, 10, 8 y 3 años. 

La situación del grupo familiar se tornó más crítica cuando recibieron el primer intento de desalojo del piso que ocupaban –según manifiesta “hartos de esperar por una vivienda pública”– actualmente bajo titularidad del fondo buitre Fidere - Blackstone. El inmueble forma parte del paquete de vivienda social de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) negociado por Ana Botella, operación que el Ayuntamiento intenta revertir por la vía legal. Sucedió el 2 de junio a las 10.00h de la mañana. Se pudo parar gracias a la PAH y a los vecinos que acudieron en su apoyo; pero solo obtuvieron 11 días de prórroga, que utilizaron en intentar detener la segunda acción. De nada valieron las gestiones de Lidia ante el fondo especulativo. 

El lanzamiento se concretó el 13 de junio a las 9.30h cuando, bajo la cobertura de catorce lecheras, la Policía Nacional les tiró la puerta abajo y los expulsó de la vivienda, con posterior identificación y cacheo. Los dejaron en la calle. Por mediación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento ingresaron al Samur Social bajo el plan Estancias Breves, permaneciendo en el hostal Welcome –irónico nombre por lo que cuenta Lidia– en el Polígono Industrial de Vallecas. Un ambientazo que solo delata la frecuente impotencia de las administraciones para atender situaciones singulares de sectores sociales con diferentes tipologías y grados de exclusión. La familia tuvo que convivir durante esos días con toxicómanos, alcohólicos y una variada gama de afectados por “patologías sociales”, como si todos formasen parte de una misma y homogénea categoría administrativa.

Ante semejante experiencia, el día 19, apoyados por la Asamblea del 15M de Carabanchel, decidieron acampar frente a la Junta Municipal del Distrito del barrio, para intentar despertar la sensibilidad de los poderes públicos. La Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento, son las instancias con potestad para administrar dotaciones de vivienda pública. ¿Su demanda?, no se cansa de repetirla: “No queremos vivir gratis, estamos aquí solicitando una vivienda pública y un alquiler social acorde a nuestros ingresos”.

Lidia se prodiga en todos los frentes imaginables: atención y cuidado de los hijos que permanecen en la acampada y tienen su poso de estabilidad en los hogares de los padres y suegros. Administra la vida de la acampada y de la –no poca– gente que por allí circula. Recibe a periodistas, políticos, artistas y a la gente que se acerca a darles apoyo y solidaridad. Y no se doblega ante los vericuetos y dificultades procesuales que le antepone la administración pública, específicamente Comunidad y Ayuntamiento de Madrid.

"NO HAY VIVIENDAS"

Ambas instancias comparten el mismo mantra: “No tenemos viviendas disponibles”. En la Comunidad de Madrid, donde estuvo en las primeras semanas de julio, le pidieron actualizar la documentación para solicitar una vivienda social, un expediente que según le dijeron, empezarán a mirar en tres o cuatro meses. 

Con el Ayuntamiento la experiencia fue agridulce. Empezando por la parte dulce, relata que se presentó en el Palacio Cibeles pidiendo ser recibida por la alcaldesa y tuvo éxito. Manuela Carmena la atendió. Pero “me dijo que no había viviendas y que el principal problema nuestro es que no tenemos trabajo, que teníamos que buscar trabajo ya, ponernos a trabajar y que en el momento en que lo tuviéramos ya nos cambiaría un poquito la vida”.

Ante su alegación de que mientras continúan buscando empleo necesitan imperiosamente un techo donde vivir, la alcaldesa le habría ofrecido la –ya experimentada– alternativa del Samur Social, bajo el plan Estancias Breves, en el local situado en Puerta de Toledo. Al mismo tiempo, la exhortaba a abandonar la acampada frente a la junta de Carabanchel.

Lidia reflexiona: “Yo le dije que el Samur Social no era una alternativa adecuada para mis hijos, no lo veo yo como una alternativa. Además, te lo dice la palabra: “Estancias breves”. Te ponen ahí y luego ¿qué pasaría con nosotros después de esa 'estancia breve'? Cuando pasas allí una semana o dos, luego otra vez lo mismo, a la calle”.

¿Y todas las de los bancos que están vacías? Sí hay viviendas vacías, y todas cerradas”, dice Lidia
Y se rebela ante la respuesta unitaria de la Comunidad y del Ayuntamiento de que no tendrían viviendas disponibles: “Sí que hay viviendas, ¿y todas las de los bancos que están vacías? Y así ayudáis a las familias con alquileres sociales, que sí hay viviendas vacías, y todas cerradas”.

Diferente es la respuesta que ofrecen David Campo Acosta y Gustavo García Espejo, asesores de Esther Gómez, concejala de Carabanchel, quienes aseguran que el Ayuntamiento hace todo lo que está a su alcance para atender la situación de Lidia y Santi: “Hemos tratado de echarles un cable para sacarlos de la situación de calle pero el problema es que no tenemos recursos de viviendas, o están agotados, mejor dicho. Para una familia con seis miembros es muy difícil articular una solución habitacional”.

Alejandra Jacinto Uranga, abogada de la PAH, responde a ese argumento: “Nos consta que sí tienen viviendas aunque no sean suficientes, teniendo en cuenta los convenios que han suscrito con SAREB por ejemplo y además sabemos que han adjudicado viviendas en los últimos meses a personas desahuciadas por falta de pago". explica. "Lo que parece es que en este caso hay una penalización por haber okupado el piso, actualmente en manos del fondo buitre Fidere-Blackstone".

Aunque los asesores municipales se excusan en que "Fidere ni siquiera coge el teléfono", la abogada es tajante: "No se puede consentir que no haya mecanismos de reacción inmediata ante estas situación y eso no puede pasar por ofrecer ir cinco –o quince– noches en un albergue”.

Además, resulta difícil de comprender el argumento de los asesores que ser una familia numerosa constituye una circunstancia agravante, como si fuera una anomalía, cuando se trata de un número mayor de personas en riesgo de exclusión.

Según Jacinto, deberían realizar una política de vivienda contundente que permita –mediante fórmulas como la cesión de uso– el acceso a viviendas vacías en manos de entidades financieras, como propone la Iniciativa Legislativa Popular Madrileña”. "Apelamos a que el Ayuntamiento tenga una política de vivienda eficaz y cooperadora entre administraciones", insiste.

Relacionadas

Pobreza infantil
Uno de cada tres menores está en riesgo de exclusión en España

Las cifras de pobreza y exclusión infantil vuelven a situar a España en la cola de la Unión Europea, solo por delante de Rumanía, Bulgaria, Grecia e Italia.

Desahucios
Los Mossos desalojan el edificio Bloc Llavors de Barcelona

Los agentes de la BRIMO no han esperado a la comitiva judicial para entrar en el portal. Han desplazado a 17 furgonas en un despliegue sin precedentes. En enero, la jueza que lleva el caso frenó el desahucio amparándose en la nueva ley catalana de vivienda. En febrero, se echó atrás y siguió con el desalojo de este edificio propiedad de un fondo buitre.

0 Comentarios

Destacadas

Sanidad privada
El negocio de la sanidad privada frente a la crisis del coronavirus

Los grupos empresariales de la sanidad privada reclaman ayudas al Gobierno para afrontar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Todos ellos han tenido millones de euros de beneficios en el último año fiscal y algunos han optado por despidos y vacaciones para recortar costes mientras el número de contagiados supera ya al de toda China.

Extrema derecha
El coronavirus como arma para supremacistas blancos y neonazis aceleracionistas

Para algunos grupos de la ultraderecha militante, el covid19 se percibe como una oportunidad para desarrollar las teorías neonazis aceleracionistas y “salvar a la raza blanca”. Un ejemplo claro es el atentado fracasado de Wilson contra un hospital del sur de Kansas City.

Comunidad de Madrid
Caos, desorientación, falta de equipamientos y de fármacos en Ifema
Trabajadores sanitarios anónimos destacan como buena noticia el clima de compañerismo en los improvisados pabellones hospitalizados de Ifema. Pero destacan carencias muy graves en cuanto a equipamientos y organización del trabajo.
Coronavirus
Las limpiadoras de portales quedan desprotegidas por decreto

Las trabajadoras de limpieza de fincas urbanas denuncian el desamparo en el que las dejan el Gobierno y los empresarios: el primero las olvida en el decreto de los “permisos retribuibles recuperables” y los otros no les facilitan equipos de protección individual.

Coronavirus
Los colegios de psicólogos se movilizan para atender a la población

Psicólogos de las tres áreas con más contagio, Madrid, Catalunya y Álava, han activado teléfonos de atención, tanto para profesionales como para la ciudadanía en general. La psicología de emergencias sigue siendo la gran olvidada de los presupuestos sanitarios, que no contemplan partidas económicas para estas intervenciones.

Coronavirus
Si el Gobierno es feminista que decrete una renta básica

Comprometerse con la autonomía de las mujeres y la igualdad, pero también con no dejar a nadie atrás ni permitir que la crisis la paguen los de siempre, pasa por blindar el derecho a una base material innegociable. Para que nunca más el acceso a recursos dependa de un jefe, una pareja, o lo que venga publicado en el último BOE.

Obituario
Recordando a Manolis Glezos

Manolis Glezos ha estado presente en prácticamente todas las luchas de su pueblo desde hace casi un siglo, dejando una huella profunda en la historia contemporánea de Grecia.

Coronavirus
La industria alimentaria trata de hundir los precios de los lácteos y la carne

Durante el estado de alarma, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha registrado compras de leche de oveja de hasta 0,14 euros el litro por debajo de su precio medio. En el caso del porcino ibérico, notifican caídas de hasta 0,40 euros el kilo.

Coronavirus
Alemania registra sus primeros casos de muertes en residencias y afronta una crisis de cuidados

Una treintena de ancianos fallecen en residencias alemanas. La buena capacidad de los hospitales contrasta con los problemas en el ámbito del cuidado de mayores y los sistemas de dependencia.

Últimas

Coronavirus
Los sindicatos denuncian la muerte de una teleoperadora por coronavirus y urgen a habilitar el teletrabajo

Una teleoperadora con covid19 ha fallecido en Madrid. Sindicatos como CGT o CC OO denuncian que se siga forzando a las plantillas a acudir a sus puestos de trabajo “obligándoles a jugarse la vida” e insisten en que las empresas faciliten el teletrabajo a los empleados para evitar nuevos contagios.

Coronavirus
Adrián Vives: “Exigimos la liberación urgente de los migrantes del CIE de Valencia ante la alarma sanitaria”

Adrián Vives, portavoz de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros y el fin de las deportaciones CIEs NO, explica en profundidad en qué consisten estos espacios y qué está pasando con los internos desde la declaración del estado de alarma.

Coronavirus
Diez píldoras para después de la pandemia

Si creemos que después de la pandemia se volverá al supuesto estado del bienestar, en forma de Green New Deal o similares, somos el colmo de la ingenuidad.

Opinión
Visibilidad trans, asignatura pendiente

Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera, Miryam Amaya, la Veneno, Carmen de Mairena, Carla Antonelli, Martín Berenguer, Uge Sangil... Por mucho que se burlaran de ellas e intentaran quitarles su dignidad, estas mujeres trans y muchas otras siguieron abriendo camino para las que vinimos después.

Coronavirus
Cuba: médicos, interferón e internacionalismo

Ningún gobierno en el mundo invirtió recursos humanos, económicos y tecnológicos en el estudio de los interferones tanto como lo hizo Cuba, por eso la isla es vanguardia en estos tiempos. No tiene una solución mágica ni mucho menos una suerte de vacuna pero sí una herramienta útil para el tratamiento del covid19, que no es poco.

Obituario
Chato Galante, la dignidad de la memoria

José María 'Chato' Galante (1948-2020) dejó una marca indeleble de respeto y amor entre muchas personas. Jacobo Rivero, autor de este obituario, es una de ellas.

Agroecología
Un centenar de organizaciones piden salvar la producción agroalimentaria de pequeña escala

Más de cien colectivos exigen que se revise el cierre generalizado de los mercados y ferias agroalimentarias de proximidad ante lo que consideran una interpretación “excesivamente restrictiva” de las prohibiciones decretadas por el Ejecutivo estatal ante la pandemia del covid19.