El borrador del Real Decreto por el que se pretende aprobar la nueva norma de calidad del pan tiene revuelto al sector por la opacidad en su redacción y por sus singulares carencias. Muchos ven la legalización de un posible fraude alimentario y, sobre todo, un perjuicio a consumidor.

Las compras públicas de alimentos y la contratación de empresas para comedores determinan la economía de ciudades y comunidades autónomas. Una iniciativa madrileña recoge firmas para que esas compras introduzcan criterios sociales y ecológicos, como ya se están haciendo en experiencias pioneras en Valencia y las Islas Canarias.

Ser conscientes es el primer paso. Decidir voluntariamente el modo en el que nos alimentamos es la solución. Nuestra cesta de la compra al final está en los pozos de crudo. Al comprar nuestros alimentos estamos realmente comprando gasoil. Comer productos de cercanía y de temporada reduce al máximo el transporte.