La vida, ese problema común

Suele decir la filósofa catalana Marina Garcés que la vida no es otra cosa que un problema común. En efecto, una sociedad no puede llegar muy lejos sin reconocer que existen toda una serie de bienes, saberes y riquezas que son comunes a todas las personas que la integran. Sin embargo, hoy día se está dando la paradoja de que cada vez son más los bienes comunales que están siendo gestionados por manos públicas y privadas sin mostrar el más mínimo respeto hacia ellos, poniendo trabas a su conservación y mejora e incluso patrocinando su destrucción. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de bienes comunes? ¿Qué son? Sin duda, son elementos diversos, aunque esenciales para el mantenimiento y reproducción de la vida. Hablamos de los recursos naturales, como la tierra, el agua, las masas forestales o el aire, pero también de otros recursos inmateriales como el conocimiento, la cultura, los cuidados, la sanidad o la educación, además de creaciones, instituciones y sistemas sociales, como pueden ser internet, un parque o un derecho adquirido. Los bienes comunes no son de nadie y, a la vez, son de todo el mundo.

Una historia de desposesión

Los commons han constituido tradicionalmente el epicentro de un modo de vida determinado, aquel que pone en el centro la colectividad y la cooperación por encima de la individualidad y la competencia. Por eso, como se han encargado de evidenciar en sus obras E. P. Thompson o Silvia Federici, los bienes comunales son difíciles de enmarcar dentro de la realidad material y cultural de una sociedad regida por las normas de una economía capitalista. No es casualidad que la autonomía y gestión de los bienes comunes hayan sido uno de los principales blancos de ataque del Estado moderno y luego del Estado-nación contemporáneo. La historia sobre los cercamientos rurales en la Inglaterra de los siglos XVII, XVIII y XIX, en paralelo a la génesis y desarrollo de la Revolución Industrial, muestra que este proceso no solo buscaba la destrucción económica de la comunidad, mediante la universalización de la propiedad privada individual, sino también cercenar la autonomía y la capacidad de gestión colectiva de los recursos, así como de los valores e instituciones ancestrales del pueblo llano. La historia europea está plagada de ejemplos que evidencian que la construcción del poder político moderno, que culmina con el triunfo del liberalismo burgués en el siglo XIX, está intrínsecamente unida a la enajenación y sustracción de los bienes comunes.

Ya en la Baja Edad Media estos ataques intentaron contrarrestarse con regulaciones emanadas del poder real —Carta del bosque y Carta Magna, en Inglaterra (1215), o Las siete partidas de Alfonso X, en Castilla (1256)—, garante todavía en un contexto feudal en vías de disolución de los derechos consuetudinarios de campesinos, villas y ciudades frente a los intereses nobiliarios. No obstante, a partir de estos siglos, el conflicto entre los bienes comunes y su usurpación se hará cada vez más latente, en paralelo al reforzamiento del poder político de los reyes, con una dimensión estatal cada vez más totalizadora. Pero será, finalmente, la ofensiva burguesa y el desarrollo durante la Ilustración de tesis económicas como la fisiocracia y el liberalismo lo que origine que las situaciones de desposesión que se dan tanto en el mundo rural como en los contextos urbanos consigan desmantelar por completo las atávicas condiciones que hacían practicable la vida de amplios sectores sociales, al tiempo que la economía de mercado y la propiedad privada se sitúan como elementos básicos del desarrollo social y económico. Se generó, de esta forma, un total desequilibrio de poderes, así como también un distanciamiento abismal entre las formas de vida de las dos principales clases sociales que se consolidan en el siglo XIX, el proletariado y la burguesía.

La historia del capitalismo es, pues, una historia de desposesión continua, de extracción de todo lo que se ha producido o produce colectivamente. En la base de este modelo injusto está lo que Marx denominó “acumulación originaria”, que hace referencia a ese salvaje proceso que dejó al campesinado sin sus tierras comunales. Por su parte, la historiadora y militante feminista Silvia Federici sitúa como elemento constitutivo de tal proceso la persecución y quema de “brujas” durante la Edad Moderna. Anular a la mujer, normativizar su cuerpo y usurpar sus modos de existencia, por cuanto que la invisibilizaba y recluía en el hogar, era un paso necesario para derrotar todas las herejías heterodoxas y movimientos campesinos y urbanos que, como el liderado por el clérigo alemán Thomas Münzer en 1524-1525 bajo el lema de Omnia Sunt Communia o el de los diggers ingleses durante el mandato de Cromwell, reivindicaban y ponían en práctica distintos experimentos de vida comunal y reparto de la riqueza.

La propiedad privada y la capitalización de la economía pasaron a ser el mejor reflejo de esas expropiaciones generalizadas, causantes de la pésimas condiciones de vida que han tenido que afrontar amplios sectores populares desde comienzos del siglo XIX. Es por ello por lo que Kropotkin acabará postulando sus famosas tesis del apoyo mutuo y el derecho al bienestar, vinculadas directamente con la reapropiación de los comunes, y base del anarcomunismo o comunismo libertario que tanta implantación tuvo en los territorios ibéricos durante el primer tercio del siglo XX: “¡Todo es de todos! (…). Lo que nosotros proclamamos es el derecho al bienestar, el bienestar para todos (…). Ya es tiempo de que el trabajador proclame su derecho a la herencia común y que tome posesión de esta” (La conquista del pan, 1892).

¿Cómo recuperamos lo común?

Tras esta genealogía, nos es imposible hoy día entender la existencia de los bienes comunes en base a una ley concreta o a un título de propiedad, sino hacerlo vinculada a una reivindicación por el uso y aprovechamiento de los mismos. Esto quiere decir que los comunes en la actualidad están estrechamente relacionados con las luchas por la continuidad y extensión del sujeto comunitario.

En esta idea se basa, por cierto, la legitimidad de la ocupación por parte de la ciudadanía activa de edificios y espacios urbanos infrautilizados o directamente abandonados, evitando así que se conviertan en otro nuevo recurso común expoliado a manos de la especulación inmobiliaria y los intereses individuales. Por esta razón, la cuestión de los bienes comunes se puede centrar en la ciudad actual. Resulta muy difícil ir más allá de los consensos actuales sobre las lógicas de la ciudad neoliberal, son tan poderosos y están tan extendidos que nos impiden ver que la ciudad es una producción social, que nace del conflicto, de la potencia que las relaciones entre individuos pueden desplegar mediante sus iniciativas y formas espontáneas de vida.

¿Cómo recuperamos entonces lo común? ¿Cómo recuperamos la ciudad y el espacio? El derecho a la ciudad pone encima de la mesa la intervención en la toma de decisiones sobre la producción del espacio, así como en el propio uso del espacio. Se trata de entender el espacio urbano como común, como elemento esencial de soporte y reproducción de la vida y, al mismo tiempo, como invención y experimentación de otras formas de vida posibles.