El nacionalcatolicismo apeló al Concilio de Trento para condenar la masonería

Habiendo tenido la oportunidad de consultar cientos de expedientes del llamado Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (TERMC), y sobre todo y más concretamente los pertenecientes a la masonería, no me pude sustraer al interesante artículo que publicó recientemente en su blog ( La iglesia de Trento contra la masonería ) el historiador Ángel Viñas. El artículo se refiere al libro La consagración del Derecho penal de autor durante el franquismo: El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, del que es autor el investigador en la historia del Derecho Guillermo Portilla. La obra fue publicada hace ocho años por la Editorial Comares, de Granada, que se viene distinguiendo por dar a la luz una serie de obras fundamentales sobre la represión franquista.

Señala Viñas, y coincido con él de pleno -sobre todo por la acumulación reiterativa que comportó haber leído el texto repetidamente en cada uno de los expedientes-, que resulta impactante el documento de retractación que debían firmar todos los que abjuraban de haber pertenecido a la masonería -a los que se les aplicaba la ley de modo retroactivo-, y que, como dice el citado historiador, pone de manifiesto el dilatado retroceso de la iglesia nacional-católica a un período anterior a las guerras de religión de los siglos XVI y XVII, en choque con el siglo de las luces (XVIII) y los progresos científicos ulteriores del XIX y XX. Podría decirse, por lo tanto, que ese tribunal fue una continuación formal de los antiguos tribunales inquisitoriales, casi mediado el siglo XX.

El TERMC tuvo su primera ubicación en un viejo palacio sito en el número 18 del paseo de la Castellana de Madrid. Empezó a funcionar meses después de la promulgación de la Ley de Represión de Masonería y Comunismo, fechada el 1 de marzo de 1940, con un total de 12.000 sumarios tramitados en el primer trienio. Con esa ley se creaba una nueva jurisdicción especial, cuyo objeto era castigar a los partidarios de "ideas disolventes contra la Religión, la Patria y sus instituciones fundamentales y contra la armonía social". Se definía, en primer lugar, a los masones como aquellos que hubiesen ingresado en la Masonería, que no se hubiesen dado de baja o que no hubiesen roto explícitamente su relación con ella, y, en segundo lugar se definía como comunista a los inductores, dirigentes y activos colaboradores de la tarea o propaganda soviética, trotskista, anarquista o similares. La máxima pena que imponía era la de treinta años de reclusión, reducidos habitualmente a doce, que era la pena más habitual.

Ramón Serrano Súñer, ministro de la Gobernación, Marcelino Ulibarri, jefe de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos (DERD), y el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, Isaías Sánchez Tejerina, redactaron la ley formaron el tribunal y juzgados que veían las causas. Esta jurisdicción dependía directamente de Presidencia del Gobierno y sus actuaciones, así como sus sentencias, eran secretas. El primer tribunal estuvo presidido por Marcelino Ulibarri. Participaron como como vocales el general Francisco Borbón y de la Torre, el consejero nacional de Falange, Juan Granell Pascual, y los juristas Juan García Luna y el mencionado Sánchez Tejerina. Poco después pasó a presidirlo el teniente general Saliquet, con Wenceslao González Oliveros como vicepresidente, catedrático de Filosofía del Derecho, y, a la par, presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas. Ulibarri, por su parte, fue nombrado vocal ponente, y el general Borbón pasó a vocal junto Juan José Pradera Ortega, falangista de origen tradicionalista e hijo de Víctor Pradera.

Es sabido que al dictador le producía una proverbial obsesión la masonería, tal como se desprende de estas opiniones expuestas en el último de los artículos que publicó con su seudónimo habitual de J. Boor en el diario Arriba en mayo de 1951. “Los que creen que la masonería se da alguna vez por vencida se equivocan. Hija de la maldad, su espíritu demoníaco sobrevive a la derrota y encarna en nuevos seres y nuevos territorios. Hemos de desconocernos al sol de la gloria y del resurgimiento, si queremos librarnos de la sombra inseparable de las acechanzas masónicas”. Para el general Franco había dos poderosas razones para el ataque de la masonería: “la independencia española, malquerida no sólo de la masonería propia, sino también de las extrañas, y el resurgimiento del espíritu católico de nuestra nación que, por católica, apostólica y romana, se convierte en blanco predilecto de la conspiración masónica”.

El núcleo básico de la documentación generada por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que funcionó entre 1941 y 1963, lo conforma un total de algo más de 64.000 expedientes judiciales que están depositados en el Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca. El material, a quienes lo investiguen, les puede deparar informaciones muy interesantes.

El documento al que se refiere el historiador Ángel Viñas en su blog y que remonta la más competente y pertinente autoridad de la santa iglesia católica, apostólica, romana nada menos que al concilio de Trento, especialmente, es el que a continuación transcribo, en la posibilidad de que al actual prior y exfalangista de la basílica del Valle de los Caídos, defensor de que los restos del dictador permanezcan en su santo sepulcro, este texto le merezca suma consideración y aprecio. Aprecio y consideración que probablemente compartirán los redactores de la próxima Ley de Concordia con la que el gobierno de la derecha radical en Andalucía sepultará la Ley de Memoria Histórica y Democracia, vigente hasta ahora, en la región donde la represión franquista causó casi 50.000 muertes, con más de 700 fosas comunes. Leamos:

“La Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica, Romana, es la única y verdadera Iglesia fundada por Jesucristo en la Tierra, a la cual de todo corazón me someto. Creo todos los Artículos que me propone creer; repruebo y condeno cuanto Ella reprueba y condena y esto pronto a observar cuanto me manda, y especialmente prometo creer: la doctrina católica sobre la Encarnación, Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y la unión hipostática de las dos naturalezas, divina y humana; la divina maternidad de María Santísima, así como su integérrima virginidad e Inmaculada Concepción; la presencia verdadera, real y sustancial del Cuerpo, juntamente con la Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía; los siete Sacramentos instituidos por Jesucristo para salvación del género humano, a saber: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Extremaunción, Orden y Matrimonio; el Purgatorio, la resurrección de los muertos, la vida eterna; el Primado, no tan solo de honor, sino también de jurisdicción, del Romano Pontífice, sucesor de San Pedro, Príncipe de loa Apóstoles y Vicario infalible de Cristo; el culto de los Santos y de sus imágenes; la autoridad de las apostólicas y eclesiásticas tradiciones y de las Sagradas Escrituras, que no deben interpretarse y entenderse sino en el sentido que ha tenido y tiene la Santa Madre Iglesia Católica; y todo lo demás que por los Sagrados Cánones y por los Concilios Ecuménicos, especialmente por el Sagrado Concilio Tridentino y por el del Vaticano ha sido definido y declarado…”