País Valenciano
Colectivos por la sanidad pública piden a la Generalitat que acabe con las concesiones del modelo Alzira

Ximo Puig planteó recientemente en una entrevista que la reversión del modelo de privatización del hospital de Torrevieja es una cuestión “a analizar” y reconoció que las conversaciones se han “paralizado” por la pandemia. Colectivos en defensa de la sanidad responden a las declaraciones del President exigiendo la supresión de las concesiones y reclamando que se cumpla el pacto electoral. 

Hospital de Torrevieja
Hospital Universitario de Torrevieja.

La Asociación Ciudadana para la Promoción y Defensa de la Salud del País Valenciano (ACDESA-PV) tachan de “excusa” los motivos argumentados por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para abandonar el que afirman que era su “objetivo estrella del pacto del Botánic”: el fin de las concesiones sanitarias. El denominado modelo Alzira comenzó en la época de Zaplana cuando este cedió la gestión de algunos hospitales valencianos a empresas privadas a cambio de un canon.

En los años del Govern del Botànic, de acuerdo con la investigación sobre la privatización de la sanidad valenciana de Sergi Castillo, La batalla per la sanitat valenciana (Institució Alfons el Magnànim, 2019), la Generalitat Valenciana ha ido revirtiendo este modelo de manera progresiva, pero la situación de algunos de los centros quedaron en el aire, como es el caso del Hospital de Dénia y de Torrevieja. En el caso del hospital de Dénia-Marina Salud la concesión finaliza dentro de unos años, aunque se había avanzado en un acuerdo para la reversión anticipada; pero en el caso del hospital de Torrevieja, la concesión expira en octubre de 2021 y los trámites deberían iniciarse dentro de unos cinco meses. 

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Sin embargo, en una reciente entrevista concedida a El Economista, Ximo Puig declaraba que la reversión del modelo Alzira en el caso del hospital de Torrevieja es una cuestión “a analizar” y hacía referencia a la emergencia sanitaria por el coronavirus y a la paralización de conversaciones que tienen que ver con cuestiones diferentes a la pandemia: “Las conversaciones están en stand by porque no es pertinente”, respondía Puig a este medio, apuntando que había buena coordinación entre todos los hospitales. “Es cierto que va a haber una situación muy diferente que tenemos que analizar, y tenemos que hacerlo con parámetros que tienen que ser: garantía absoluta de la salud de los ciudadanos e igualdad ante la enfermedad y, en segundo lugar, la mayor eficiencia posible”.

ACDESA-PV no ha tardado en responder a estas declaraciones para mostrar su desacuerdo. “Lo que está demostrando esta pandemia es que el modelo de sanidad pública es el que mejor puede hacer frente, ante cualquier contingencia, a pesar de los constantes recortes y la precariedad a que ha sido sometido durante los años de gobiernos conservadores”, enuncia el colectivo en un comunicado, haciendo referencia a que Madrid y Catalunya, comunidades azotadas por los recortes y modelos sanitarios privatizados, han presentado un impacto más negativo de la pandemia.

“Esta razón [las repercusiones que podría tener la reversión de las conversiones sobre el déficit público] nos parece una excusa para abandonar el objetivo estrella del pacto del Botànic”, defiende ACDESA, que hace referencia a que el impacto sobre el déficit público de la reversión de Torrevieja “es nulo” y en el caso de Dénia “el coste podría ser cero si se tienen en cuenta los incumplimientos sistemáticos de contrato por parte de la empresa concesionaria, que se han denunciado en numerosas ocasiones por los ayuntamientos del departamento y la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública de la Marina Alta”. Por eso, el colectivo tacha de “falaz” el argumento del déficit público y apunta que las declaraciones del president “parecen más bien influidas por la presión que Ribera Salud está ejerciendo sobre el gobierno valenciano, negociando su permanencia en el Complejo concesional Elx-Torrevieja; ultimando la negociación con Sanitas para hacerse con el control del departamento de Manises y poniendo todos los inconvenientes que ha podido en la negociación entre Generalitat y DKW para evitar la reversión anticipada de Dénia a la que se comprometió Ximo Puig”.

Por eso, insiste la asociación, “exigimos que se haga frente al compromiso electoral firmado en los pactos del Botànic y que se revierta al sistema sanitario público el modelo concesional, mediante una negociación transparente y en la que primen los derechos ciudadanos a una asistencia sanitaria pública, de calidad, equitativa y que no genere beneficios económicos a la empresa privada”.

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Covid-19 y recursos privados

A principios de abril, la patronal de la sanidad privada aseguró lamentar la infrautilización de hospitales privados valencianos, asegurando que se estaba haciendo un uso “testimonial” de sus equipamientos y recursos. Ana Barceló, consellera de Sanitat, se apresuró a negar estas afirmaciones asegurando que “desde la Comunidad Valenciana estamos también haciendo uso de esos recursos y en estos momentos [a fecha de 2 de abril] hemos derivado a hospitales privados a 241 pacientes, así que no creo que ese comentario pueda hacerse respecto a la Comunidad Valenciana”, respondió.

En ese momento, Barceló concretó que los pacientes que se estaban derivado no eran afectados por el covid-19. La Conselleria de Sanitat, preguntada por El Salto, ha confirmado recientemente que, a fecha de 22 de abril, “no se ha remitido ningún paciente covid-19 a UCI” de la pública a la privada, pero sí “personas que debían ser atendidas por urgencia” y que actualmente sí hay pacientes con coronavirus siendo atendidos en la privada: “También se han derivado pacientes con coronavirus. Si su situación ha empeorado, han podido entrar en UCI”, contestan desde la Conselleria. 

En cuanto al número concreto de pacientes, responden que los datos serán facilitados más adelante. En lo relativo a cuánto asciende el importe de atender a un paciente covid-19, se remiten a la Ley de Tasas que especifica el precio de cada intervención, donde las neumonías, por ejemplo, rondan entre los 3.000 hasta los 9.000 euros según el nivel de severidad.

En el caso del País Valencià, los casos registrados desde el inicio de la pandemia suman 10.500 a fecha de 5 de mayo según la actualización del Ministerio de Sanidad. El número de nuevos positivos sigue siendo bajo y la ocupación de las UCI lleva dos semanas descendiendo: los últimos datos de la Generalitat señalan que hay 114 personas ingresadas en UCI con covid-19 de las 626 que están en hospitales por la enfermedad. Más de 7.500 personas se han recuperado y el total de fallecimientos hasta la fecha asciende a 1.279 defunciones.  

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