La gestión de los servicios públicos en España: el caso del hospital de Alzira

Existe una idea fuertemente arraigada en la cultura económica española según la cual lo público es sinónimo de mala gestión mientras que lo privado equivale a una buena gestión. Sin embargo, la realidad, que siempre es muy tozuda, nos demuestra que esto no siempre es así. Podríamos poner muchísimos ejemplos que demuestran todo lo contrario, tanto en un caso como en el otro. La banca pública española fue un claro ejemplo de gestión pública eficiente y eficaz, lo cual no evitó que fuera privatizada y entregado su negocio a un gran grupo bancario privado. Por el lado de la gestión privada podríamos citar numerosísimos casos de empresas privadas mal gestionadas que han tenido un coste económico colosal para los ciudadanos.

Pero permítanme que me centre en el caso de un hospital valenciano, el hospital de Alzira (municipio situado en la comarca de la Ribera Alta de la Comunidad Valenciana), por ser noticia durante estos días, yo diría per ser una muy buena noticia. Después de casi 20 años de gestión privada, el hospital de Alzira vuelve a la gestión pública valenciana desde el 1 de abril de 2018. Este ejemplo fue el buque insignia del modelo de privatización de la sanidad pública que implantó el Partido Popular en la Comunidad Valenciana al poco de hacerse cargo de la Generalitat Valenciana y con el tiempo se convirtió en el ejemplo más característico del fracaso de su política económica y social. La empresa concesionaria, Ribera Salud, que obtuvo el permiso para gestionar el hospital a través de una concesión administrativa en 1999, empezó a acumular pérdidas desde el primer año de su gestión, hasta que la Generalitat Valenciana tuvo que rescatarla por un importe de 69 millones de euros.

El Modelo Alzira, que así era como le gustaba al PP que se le llamara, estaba basado en cuatro pilares: propiedad pública, control público, financiación pública y gestión privada; pero algunos de estos pilares se tambalearon desde el primer momento. Así, la propiedad pública y la financiación pública fue más que evidente, mientras que el control público brilló por su ausencia como lo demuestra el hecho de que la gestión privada fuera de mal en peor hasta acumular tal cantidad de pérdidas que hubo que rescatarlo con dinero público. La inversión ascendió a 54 millones de euros y las pérdidas de la concesionaria privada ascendieron al millón de euros, ante lo cual, en el 2003, la Generalitat Valenciana anuló la adjudicación y le concedió a la empresa una indemnización de 25 millones de euros por un supuesto lucro de cesante (por lo que iba a dejar de ganar). Posteriormente, se abrió otra vez el concurso y se le dió la concesión administrativa a la misma empresa inicial, aumentando en un 68% las cantidades económicas que la Administración Pública pagaría a la empresa por la explotación del hospital. Se trata, sin duda, de un vivo ejemplo de cómo gestionaba la Genaralitat Valenciana un partido político que se ha convertido en la actualidad en uno de los casos de corrupción política más significativos de España. El Modelo Alzira es la prueba fehaciente del capitalismo de amiguetes que ha practicado el PP en la Comunidad Valenciana durante más de dos décadas y que llevó a este territorio a un colapso económico y financiero del que todavía estamos intentando recuperarnos.

La buena gestión no es exclusiva ni de la derecha política ni de los neoliberales; es más, yo diría que es incompatible con ellos

Pero el Modelo Alzira no ha sido un caso aislado, sino que su aplicación se fue extendiendo, no solo en la Comunidad Valenciana (Torrevieja, Denia, Manises y Vinalopó-Elche) sino también a otras comunidades autónomas como Madrid (cuatro hospitales), todas ellas gobernadas por el PP y donde también se están produciendo conflictos importantes. Además, este modelo de gestión público-privada donde se conserva la propiedad pública (con un enorme coste para el ciudadano) y el control público (almenos aparentemente, ya que los gastos son totalmente opacos) mientras que la gestión la ostenta una empresa privada, ha sido fuertemente alabado por los neoliberales, como un sistema de gestión que puede ser altamente eficiente a través de un ahorro considerable de recursos. Sin embargo, la realidad está empeñada en quitarles la razón.

Tradicionalmente, la derecha española ha sido sinónimo de eficiencia económica y lo privado equivalente a buena gestión. Pero nada de esto es cierto. El Gobierno de M. Rajoy acumula ya una deuda pública de más de un billón de euros (100% del PIB) y los rescates de bancos (más de 100 mil millones de euros), autopistas (más de 2 mil millones de euros) y eléctricas (pendiente de cuantificar a través de una auditoría pública) dan cifras escandalosas. Mientras no muestran ningún rubor por los más de 80 mil millones de recortes sociales (en sanidad, educación y servicios sociales), que han obligado a reducir los recursos públicos en más de un 30% solo entre 2009 y 2014. ¿Dónde esta la eficiencia de la derecha y del neoliberalismo?. Seguramente se la guardan para ellos, en un ejercicio ejemplar de egoismo y de afán por el lucro.

La gestión eficiente, pero también eficaz (no olvidemos que esto último es lo más importante), es independiente del tipo de propiedad (pública o privada). Esta puede darse en empresas públicas, privadas con ánimo de lucro y privadas sin ánimo de lucro, cuando se aplican criterios y métodos apropiados y cuando estos criterios son aplicados por profesionales competentes e independientes de injerencias. Las injerencias políticas dificultan la buena gestión (es cierto), pero las injerencias privadas también: supremacía de intereses personales y privados sobre el interés general y el bien común y acaparamiento de la riqueza en manos de unos pocos a costa de las desigualdades e injusticias sociales que afectan a la mayoría. Estas son las graves consecuencias de una mala gestión privada, que hay que evitar siempre y sobre todo nunca se pueden amparar en lo público (como sucede en muchas de las concesiones administrativas que se aplican). Y no olvidemos tampoco que cuando se habla de eficiencia hay que hacerlo con criterios de sostenibilidad, es decir, no solo de eficiencia económica (que es lo que actualmente se prioriza en este tipo de concesiones administrativas) sino también de eficiencia social y eficiencia medioambiental. Solo así conseguiremos una gestión eficiente y eficaz al servicio de los ciudadanos.

La buena gestión no es exclusiva ni de la derecha política ni de los neoliberales; es más, yo diría que es incompatible con ellos. La buena gestión es sinónimo de bien común e interés general y solo se puede garantizar mediante la sostenibilidad. Apoyemos este tipo de iniciativas y dejémonos de mitos, topicazos y leyendas urbanas.