El calor empieza a notarse en las colas de reparto de comida de Brigadas Voluntarias en Paiporta, donde la espera del turno al sol cada vez se hace más larga. El local de la calle Josep Iturbi abre a las 9:30 y una mujer vestida de rojo espera como cada mes para poder llenar el carro con los alimentos y enseres que reparten Ximo Escrivá y Raquel Rubio, coordinadores de Brigadas Voluntarias.

Agradecida, Luisa García Muñoz asevera que la ayuda del vecindario ha sido imprescindible para poder alimentarse después de la dana. Junto a ella, más de 3.500 familias de la zona cero son atendidas por puntos de reparto no institucionales. Desde el primer momento y ante la falta de respuesta institucional, estos puntos de reparto independientes se convirtieron en el sustento de las colas del hambre.

Durante los primeros días, los municipios valencianos de l'Horta Sur se vieron desbordados ante la carencia de servicios públicos y provisiones para la población. La demanda de bienes de primera necesidad recibió una respuesta solidaria y hubo iniciativas sociales que se encargaron de esta gestión.

Las personas voluntarias en los puntos de reparto independientes de comida denuncian  que, desde el 21 de marzo, el director general de Servicios Sociales, ha cesado la entrega de productos alimentarios a los puntos de distribución no gestionados por la administración

Con motivo de la efeméride de los seis meses de la dana, el director general de Servicios Sociales, Stephane Soriano, recibe una carta de la zona cero. Como remitente: “una ciudadanía comprometida que no tiene miedo ni intención de bajar los brazos”. Las personas voluntarias en los puntos de reparto independientes de comida denuncian en este documento que, desde el 21 de marzo, Soriano ha cesado la entrega de productos alimentarios a los puntos de distribución no gestionados por la administración. Al mismo tiempo, aseguran que, en los pabellones bajo control institucional, las donaciones ciudadanas están siendo retenidas y, en muchos casos, se dejan caducar sin llegar a ningún destino.

Así lo testifican las voluntarias en la Nave Albal, el centro logístico de las ayudas no institucionales, donde Ana Isabel Martínez trabaja sin descanso desde la catástrofe. La activista de València es Refugi es parte de una red improvisada, un “colectivo de colectivos” donde confluyen varios movimientos sociales que decidieron no esperar más después de la dana.

El presupuesto de este proyecto se basa de forma exclusiva en transferencias corrientes destinadas a la adquisición de productos de primera necesidad y logística de distribución, no se contemplan transferencias de capital. Con València es Refugi como coordinadora —y el apoyo principal de Dandelion ONG, Decidimos y Sillas Contra el Hambre—, Nave Albal se ha convertido en una “nave buque”, es decir, el centro proporciona semanalmente a otros puntos los suministros que distribuirán en la población necesitada. A día de hoy atienden a más de 3.500 familias entre los 11 puntos repartidos de ocho municipios de la zona cero —Albal, Catarroja, Paiporta, Beniparrell, Riola, Algemesí, Benetússer, Sedaví, Alfafar, Aldaia y otras zonas del alrededor.

Fiscalización de la ayuda humanitaria

La bajada del nivel de emergencia en las 28 poblaciones más afectadas —de nivel 3 a niveles 1 y 2— se produjo al mismo tiempo que se firmaban contratos millonarios. Con este cambio, la gestión dejó de estar en manos del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada) para pasar directamente al control de la Generalitat, sin supervisión externa. El 11 de marzo de 2025, la Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la GVA firmó un contrato con la empresa Tragsa por un valor aproximado de 3,7 millones de euros. Según el documento público de adjudicación, el objetivo era claro: “distribución de mercancías, lotes y productos de primera necesidad para contribuir a paliar los daños ocasionados por la dana en la Comunidad Valenciana”.

Sin embargo, los colectivos integrantes sostienen que, solo diez días después de la firma, la distribución de alimentos desde los pabellones institucionales hacia los puntos de reparto independientes cesó, cosa que consideran “una fiscalización sistemática de la ayuda humanitaria independiente y una ruptura unilateral en la cadena de colaboración entre Generalitat y redes voluntarias”. Las voluntarias de reparto apuntan directamente el director general Sthepane Soriano, responsable desde el 20 de enero de 2025 de la gestión logística de almacenes y distribución de bienes de primera necesidad.

Desde que se produjo el cambio el 20 de enero, no hay trazabilidad pública sobre cómo, cuándo o a quién se está entregando los lotes

Desde que se produjo este cambio, no hay trazabilidad pública sobre cómo, cuándo o a quién se están entregando los lotes. Mientras que algunos puntos continúan recibiendo lotes de comida, como es ahora el caso de Paiporta, a otros se les proporcionan únicamente determinados productos como por ejemplo agua o papel higiénico. Así mismo, las asociaciones han difundido vídeos en los cuales muestran y denuncian que los lotes repartidos por la Generalitat no cumplen los criterios básicos: alimentos caducados, envases abiertos y productos con indicios de contaminación por roedores.

Soriano justifica la paralización del reparto de enseres argumentando que la comida ya se ha agotado y que el reparto de los productos restantes se realiza a través de los Ayuntamientos. Por su parte, el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, considera que la ayuda no corresponde al Consistorio, puesto que asegura que en Albal “no existe esta necesidad” y las personas beneficiarias pertenecen a otros municipios. Mientras tanto, entre debates de competencias administrativas, Nave Albal continúa ofreciendo el reparto diario con los recursos con que cuenta. 

Promesas de ayudas que nunca llegan

En Paiporta solo hay que mirar a cualquier lado para que la realidad se haga evidente. Los garajes siguen abiertos de par en par, las reformas en las casas afectadas continúan, muchas paredes tienen grietas y, en algunos bloques, los ascensores no funcionan desde hace meses. Han pasado siete meses desde la dana y el nivel de alerta ha bajado, pero nadie repara en las casas que no figuran en ningún plan de reconstrucción. En los contenedores que pagan las propias comunidades de vecinos. En los préstamos personales que muchas familias han pedido para apuntalar paredes, alquilar furgonetas o sustituir el coche que se fue con la riada.

El impacto es especialmente grave en los hogares con niños y niñas. Según Save the Children, más de 70.000 menores del País Valenciano viven todavía hoy en condiciones insalubres, con problemas de salud como por ejemplo bronquitis continuas a causa del nivel de humedad y la falta de reconstrucción de sus viviendas. Muchos han perdido el acceso regular a la educación, al transporte escolar y a servicios médicos básicos.

20.000 trabajadores en ERTE por la riada continúan esperando el complemento económico prometido por el Gobierno autonómico, familias enteras se están sosteniendo gracias a las redes de solidaridad

La pobreza generada por la riada no solo no ha sido paliada, sino que se ha cronificado. Mientras tanto, 20.000 trabajadores en ERTE por la riada continúan esperando el complemento económico prometido por el Gobierno autonómico. Familias enteras se están sosteniendo gracias a las redes de solidaridad.

Las cifras desmienten por completo el relato institucional de eficacia y respuesta rápida. A día 21 de mayo, solo se habían concedido 4.210 ayudas directas de las 43.592 solicitudes registradas. Es decir, menos del 10% de las familias valencianas afectadas por la dana ha recibido la prestación por “necesidades básicas” anunciada como solución de emergencia. Y, cuando llegan, dan para cubrir las primeras vendas: 2.000 euros para quienes perdió efectos, 6.000 si la vivienda quedó inhabitable. Las ayudas se han quedado atascadas a la misma maraña burocrática que lleva años asfixiando a las personas más vulnerables.

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Hasta la última gota de barro

Ante la ausencia de ayudas, crece la indignación, la desconfianza y la organización vecinal. La crisis humanitaria no fue solo la riada. Fue —y es— también la gestión posterior. Ante la desmemoria y los impedimentos institucionales, las redes vecinales persisten en Nave Albal, en Alfafar, en Paiporta, en Picanya, en Sedaví, en Catarroja. Allí continúan sosteniendo lo que otros dejaron caer y recuerdan que “el pueblo valenciano fue dejado ahogar entre el barro, pero no podemos permitir que se ahogue también en la indiferencia. Quienes continuamos acompañando el pueblo valenciano hacemos hoy un llamamiento en el mundo: No nos olvidéis”. Las colas continúan, la necesidad continúa, Luisa continúa.