Frontera sur
“Es todo un sistema que desprestigia a quienes defienden los derechos humanos”

Desmentir las versiones oficiales y poner de manifiesto el racismo institucional y la violencia en las fronteras le ha supuesto a Helena Maleno sufrir un sinfín de ataques, críticas y amenazas de muerte. Pero ha permitido a la investigadora y defensora de los Derechos Humanos poner de manifiesto que el Estado español no es tan democrático y que en la Frontera Sur se da una situación de excepción con unas políticas de control que se amparan en la violencia.


publicado
2017-08-22 15:20
La criminalización y presiones a los defensores de los derechos, especialmente en la Frontera Sur, es una práctica política que han sufrido aquellas personas que sacan a la luz el racismo institucional. Helena Maleno, periodista e integrante de Caminando Fronteras, denunció la connivencia de un sistema que criminaliza a las personas migrantes y el racismo que normaliza la violencia en las fronteras.

Ante las amenazas y la desprotección que sufren las activistas, el colectivo Caminando Fronteras comenzó una campaña bajo el lema “Defender a quien nos defiende” que cuenta ya con la adhesión de más de 200 colectivos y asociaciones civiles. “Estamos desbordadas y muy contentas con la ola de solidaridad, porque hay mucha gente que está contra la persecución de los derechos humanos y fundamentales que están siendo eliminados de nuestra realidad”, explica Maleno a El Salto, al mismo tiempo que muestra su preocupación ante la naturalidad con la que se recortan libertades en toda Europa: “Es triste ver cómo a través del miedo las organizaciones sociales ven coartada su labor”.

No esconde su alegría ante el apoyo recibido, al tiempo que explica que muchas de estas agrupaciones, a raíz de la campaña, han manifestado el acoso y las amenazas a las que se enfrentan. “Nos cuentan que tienen miedo de las instituciones que las señalan, así como de la intolerancia y el racismo que sale a la luz”.

“No es una parte de la población con prejuicios raciales, es todo un sistema que desprestigia a quienes defienden los derechos humanos”, comenta Sara Olcina, activista de Harraga, asociación que trabaja con menores extranjeros no acompañados de las calles de Melilla y que recientemente ha sufrido el acoso ciudadano e institucional por su labor de denuncia. 

Harraga es una palabra que hace referencia a las personas que queman fronteras en busca de una vida mejor, a quienes intentan traspasarlas. Las integrantes trabajan desde la confianza que establecen con los chavales de las calles de Melilla. “Teníamos claro que vivían en la calle y que eran ellos quienes tenían que aceptarnos”, explica Olcina y asegura que se han convertido en agentes de acompañamiento, personas que forman parte de la vida de esos niños. 

La semana pasada la Consejería de Bienestar Social de Melilla anunció que interpondrá una denuncia contra la asociación ante la mala imagen que da unos carteles que la ONG Médicos del Mundo había distribuido en Gijón con motivo de la iniciativa “Personas que se mueven”, en los que las integrantes de Harraga criticaban el abandono institucional que padecen los menores. El consejero Daniel Ventura forzó su retirada ya que, según él, transmitían “un mal mensaje que hace daño a Melilla”, y que “no encaja con la realidad”. Los carteles fueron instalados en marzo y les quedaba apenas una semana de exposición.

Comenta Olcina que la campaña buscaba dar visibilidad a las personas que se mueven, tanto a quienes trabajan con colectivos migrantes como quienes viven el proceso migratorio en primera persona y que su retirada es parte del “acoso y derribo” a Harraga que existe desde la publicación del informe “De niños en peligro, a niños peligrosos”, un estudio que muestra que los menores no acompañados sufren violencia policial, institucional y abandono.

Con motivo de la publicación recibieron una denuncia de la Consejería de Bienestar Social de Melilla, quien recurrió a la fiscalía. Al poco, las autoras del informe fueron llamadas por la Guardia Civil, encargada de su investigación, y les pidieron acudir a las dependencias policiales para tomarles declaración. “Nos negamos porque no había citación judicial”, recuerda Olcina. Poco después volvieron a ser citadas, oportunidad que aprovecharon para entregar ocho casos con violencias documentadas, con partes de lesiones y denuncias ya interpuestas. Sin embargo, la investigación se archivó. “Era un informe predestinado a ser archivado porque nadie tenía voluntad de investigar lo que allí se decía”. En la actualidad, Harraga sigue elaborando el recurso para que se reabra la investigación relativa a la violencia y la vulneración de los derechos de los menores.

No es Gijón, es Melilla

El informe se basa en estudios cualitativos y cuantitativos y enumera las violencias sufridas por los menores: violencia documental, policial, mediática, poblacional, sanitaria e institucional. Esta última sobresale por encima de todas las demás. “Se abandona a estos niños en la calle, hay un negocio detrás de todo esto, porque se cobra por tener a niños en centros en los que no están”, denuncia la activista y se pregunta si lo que ofende de los carteles retirados es que Harraga diga que hay menores en las calles u ofende que seacuse a las instituciones de que se están lucrando con estas prácticas. Los niños llegan a Melilla y saben que pueden pasar años en los centros sin obtener una documentación ni educación, “vienen con una tradición de estar en la calle y no hay programas, voluntad, ni interés de abordar la situación de calle que tienen”.

“Parece que el último cabreo del Consejero de Bienestar Social de Melilla, tiene que ver con los malos tratos que sufren los menores y que se denuncian fuera de su ciudad”, explica en su muro de Facebook José Palazón, presidente de la asociación Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN).

En los últimos días, ha compartido numerosas imágenes para demostrar que no es Gijón sino Melilla. “El abandono y maltrato que sufren los menores es manifiesto y evidente en cada rincón y momento. Las consecuencias también son evidentes y los menores intentan escapar de un sistema de protección del que desconfían”, es el texto con el que acompaña una de estas fotografías bajo el rótulo “No es Gijón, es Melilla”. En otra publicación comenta: “Publico la foto y yo también digo que en Melilla se producen habitualmente abandono y malos tratos a la infancia”.

Preguntado sobre las presiones que sufren quienes denuncian la situación de los menores, explica a El Salto que hay dos tipos. Por un lado, las presiones desde las instituciones –”cualquier cosa que se haga o se diga, informes, denuncias, inmediatamente se intentan anular”– y por otro lado, las presiones personales “por parte de la sociedad civil movida desde el envenenamiento que se hace desde las instituciones”. Señala Palazón que no es un envenenamiento general, pero que buena parte de la ciudadanía participa en el acoso a quienes luchan contra la violación de los derechos fundamentales. “Melilla es una ciudad con mucho paro y una parte de la población se siente presionada en lo económico desde la administración”, comenta quien lleva dos décadas documentando, denunciando y acompañando a las víctimas de la violencia en Melilla.

Los diferentes colectivos y asociaciones señalan a las instituciones por la dejadez de sus funciones y la desprotección de los menores. “Hemos sido testigos de la violencia policial y las palizas que se les dan a los chavales, redadas e incluso torturas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”, explican desde Harraga. PRODEIN denuncia que “la violencia viene de muchas partes, desde la administración, donde se incluyen las fuerzas del orden a buena parte de la ciudadanía. Es algo muy extendido que lleva pasando mucho tiempo”.

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