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Es una de las medidas más delicadas del mandato de Emmanuel Macron: la reforma de las pensiones. El gobierno francés promete que hará más equitativo el sistema de pensiones. Pero prácticamente todos los sindicatos se oponen a ella. A partir del 5 de diciembre los trabajadores del sector ferroviario y el transporte metropolitano de París preparan una huelga indefinida contra esta medida. Su seguimiento apunta que será más que notable, al menos en los primeros días. De esta forma, confían en establecer un pulso con el ejecutivo, que amenaza con menoscabar uno de los regímenes de jubilación más generosos del viejo continente.
“Con esta medida se pueden ver alterados equilibrios históricos”, advierte la economista Annie Jolivet, investigadora en el Centro de Estudios de Empleo y Trabajo (CEET), un laboratorio público de ciencias sociales. De la órbita del colectivo keynesiano Les Économistes Atterrés, esta experta en sistemas de pensiones recibió en su despacho a El Salto en la periferia este de París. Durante una entrevista de casi una hora, analizó los claroscuros de esta reforma. Una ley de apariencia técnica que el ejecutivo quiere dotar de una aureola progresista repitiendo el mantra: “Un euro cotizado dará los mismos derechos a todos”.
¿Pero en qué consiste la reforma de las pensiones de Macron?
El ejecutivo centrista pretende armonizar los actuales 42 regímenes de cotización y establecer un único sistema por puntos. La prestación de jubilación final dependerá de los puntos acumulados a lo largo de la carrera profesional. Debatida con los sindicatos desde otoño de 2017, su aprobación ha quedado aplazada hasta el verano del año que viene, tras las elecciones municipales que se celebrarán en marzo. El joven presidente es consciente del potencial explosivo de una medida que puede comportar una disminución significativa de las pensiones públicas.
¿Una bajada de más del 15% de las pensiones?
Tras la entrada en vigor de esta reforma, prevista para 2025, los futuros pensionistas percibirán una jubilación entre un 15% y un 23% más baja que la de sus conciudadanos que se jubilen ahora a los 64 años con el mismo perfil profesional, salario y años cotizados, según el colectivo ciudadano Réformedes Retraites (Reforma de las Pensiones), formado por trabajadores y economistas. “No dispongo de una estimación exacta, pero está claro que habrá una reducción, sobre todo en el caso de los funcionarios”, explica Jolivet. En el caso de los trabajadores públicos, “la pensión dejará de calcularse en función de los últimos seis meses de trabajo y pasará a hacerse en función del conjunto de la carrera (más de 40 años cotizados)”.
También pueden verse perjudicados otros sectores. Hasta ahora la prestación de los empleados del sector privado se determinaba a partir de los 25 mejores años de cada trayectoria profesional. “Pero con el nuevo modelo se hará en función de todos los años cotizados, esto comportará forzosamente una disminución”, prevé la economista del CEET. Desde el gobierno francés sostienen que no se producirá ninguna bajada, pero Jolivet recuerda que “sí que han reconocido que uno de sus objetivos es limitar el gasto público en las prestaciones de jubilación”. Es decir, mantenerlo estable en torno al 13% del PIB. Teniendo en cuenta un previsible envejecimiento de la sociedad francesa, esta limitación “comportará probablemente una reducción del poder adquisitivo de los pensionistas", afirma.
De hecho, según Jolivet, el sistema por puntos permite al gobierno —o la institución pública encargada de ello— determinar el valor del punto y de la pensión. Por consiguiente, “mantener el control del gasto destinado a las prestaciones y ajustarlo en función de la coyuntura económica”. Es decir, rebajarlo en caso de recesión. Un mecanismo acorde con las políticas de austeridad europeas. “En el marco de la zona euro, los países europeos no pueden devaluar su propia moneda, lo que ha favorecido en los últimos años las devaluaciones salariales internas. La reforma de las pensiones de Macron favorecerá una devaluación de la protección social francesa”.
La Comisión Europea aconsejó en los últimos años de forma reiterada a Francia reformar su sistema de pensiones. Su objetivo: reducir el gasto y la deuda pública. Sin embargo, cuando Macron inició su mandato en 2017, las cuentas de los regímenes de pensiones disponían de superávit. “Pero ahora el déficit de la Seguridad Social ha vuelto a aumentar después de que el Parlamento francés decidiera en octubre que esta asuma el coste de algunas concesiones hechas a los chalecos amarillos, como una exoneración fiscal de las horas extra o de una prima de final de año”, lamenta Jolivet. Un déficit que servirá como pretexto para la aplicación de “reformas dolorosas pero necesarias”.
Favorecer el sistema privado de ahorro
Pese al tópico de que Francia es un país irreformable, “en las últimas décadas se han aplicado numerosas reformas del sistema de pensiones francés”, considera esta experta en la economía del envejecimiento y sistemas de pensiones. En 1993, 2003, 2007, 2010, 2013…la lista es larga. “Tanto en 1993 como en 2003 se aplicaron dos medidas cruciales que alargaron el periodo de cotización y armonizaron los regímenes del sector privado”, explica.
La edad legal de jubilación para los franceses se sitúa en 62 años, por debajo de los 65 de los españoles. Pero el periodo de cotización necesario para conseguir una prestación completa alcanza los 43 años, siendo superior a los 36 años y nueve meses de España en 2019. A pesar de su complejidad, el sistema francés es uno de los más avanzados en Europa, puesto que garantiza a los pensionistas un poder adquisitivo parecido al que disponían durante su vida activa. Solo el 8% de las personas mayores en Francia se encuentran en riesgo de pobreza, ante el 15% del Estado español o el 18% en Alemania, según datos de la oficina de estadística europea (Eurostat). Una tasa de natalidad francesa más elevada que muchos países de su entorno —de 1,87 hijos— garantiza asimismo una menor presión demográfica sobre el sistema de jubilación.
Macron apuesta, sin embargo, por culminar su reforma. Una medida que no solo comportará una probable bajada de las pensiones, sino que también retrasará la edad real de jubilación. Aunque en el gobierno existen discrepancias sobre la necesidad de establecer en 64 años la edad de referencia para jubilarse, esta medida favorecerá en cualquier caso trayectorias profesionales más largas. “Si a uno le dicen que su prestación de jubilación bajará en torno al 20%, intentará alargar su carrera para cotizar más. Pero aquellos que no puedan hacerlo deberán conformarse con una pensión inferior”, asegura.
Según Jolivet, “estos cambios también incentivarán el ahorro privado”. “Cuando aquellos que dispongan de unos ingresos más elevados vean que sus futuras pensiones serán más reducidas que las actuales, apostarán por productos de ahorro. También resulta probable que algunas empresas ofrezcan planes de ahorro privados a sus trabajadores para compensarles los recortes en las prestaciones públicas”. Toda una oportunidad de negocio para el sector financiero.
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