Educación pública
La educación andaluza se rebela contra el gobierno de las tres derechas

De nuevo, sanidad y educación. Gobierno distinto, mismos problemas. Contra todo pronóstico dada la trayectoria de la autonomía andaluza, en lugar de cambiar los manifestantes frente al Palacio de San Telmo, ha cambiado su inquilino. Si al poco de llegar al cargo Juanma Moreno ya se veía con las batas blancas en la calle y este enero nuevas movilizaciones sanitarias recorrían todas las capitales provinciales de Andalucía, hoy ha sido el turno de las camisetas verdes de la comunidad educativa.

Susana Díaz ya sufrió a las mareas blancas y verdes. Tal fue el quebradero que en junio de 2017 cesó a los consejeros de salud y educación, Aquilino Alonso y Adelaida de la Calle respectivamente, tras apenas dos años desde su nombramiento para situar a una profesora sindicalista y a una médica gestora para intentar taponar la sangría. El resultado electoral fue el que fue en una comunidad autónoma donde sanidad y educación públicas son especialmente valorados y necesitados.

Sin embargo, a pesar de lo estructural de los problemas de la educación andaluza, el consenso generado en torno a esta huelga pone en evidencia que el gobierno de las tres derechas (PP y Ciudadanos sostenido por Vox) ha hecho méritos propios. UGT, CCOO, CGT, USTEA, APIA, CSIF, ANPE. Detrás de la sopa de siglas se esconde una pluralidad rara vez vista en el sindicalismo y que da pistas de la contundencia del rechazo al decreto de escolarización. A los que hay que sumar a distintas asociaciones de madres y padres y organizaciones estudiantiles.

Algo aparentemente muy técnico y farragoso como los puntos que se otorga a cada escolar para elegir colegio se ha convertido en la principal batalla política en materia de educación entre el gobierno de Juanma Moreno a un lado y la oposición y la comunidad educativa al otro. Tras el discurso oficial de la Junta de Andalucía de que el nuevo decreto busca “avanzar en el derecho de libertad de elección de centros de las familias”, trabajadores, familias y estudiantes denuncian que la norma beneficiará a la educación concertada y propiciará la eliminación de grupos en la pública. En efecto, tal y como señala la Junta, “la principal novedad es la existencia en todas las zonas de escolarización de un centro público y un concertado, siempre que en la localidad exista un concertado”. En resumidas cuentas, esto supone que si antes los centros concertados solo podían elegirlo familias situadas en la zona concreta de escolarización de dicho centro, ahora podrán hacerlo de todo el municipio. Aunque la medida pudiera ser muy perjudicial para la pública, lo cierto es que el 82% de municipios andaluces no tiene ningún colegio concertado. Dado que estas entidades se concentran en las capitales de provincia y ciudades mayores, que es donde se garantizan una matriculación más alta y, por tanto, rentable. Sin embargo, el decreto tendrá una importante afectación en aquellas ciudades donde la competición es feroz por un alumnado menguante por la bajada de tasas de natalidad. Casos como Cádiz y Granada donde la carrera la va ganando la concertada, que concentra al 60% de los estudiantes en educación primaria y secundaria.

Y ahí es donde de algo aparentemente técnico nace un conflicto político que ha conducido a una huelga “histórica”, la más secundada según los convocantes de los últimos años. Diego Molina, secretario de la Federación de enseñanza de CCOO explica que “hacia mucho tiempo que no se veía a tantísima gente, y sobre todo, a tantísimos trabajadores de la enseñanza”. “He visitado muchisimos centros a los que siempre voy y estaban como un erial”. “No se veía algo similar desde la huelga general contra la LOMCE  de marzo de 2017” asevera el portavoz andaluz del Frente de Estudiantes, Juan Helios García, que apunta a la unidad de todos los sindicatos como algo “completamente inédito”.

Por su parte, la presidenta de Confederación andaluza de AMPAS (CODAPA), Leticia Vázquez valora en declaraciones a El Salto Andalucía muy positivamente la huelga y reclama la retirada del decreto. “Según el consejero no se ha entendido el sentido del decreto, no solo lo hemos entendido, es que lo hemos estudiado. Si se ha echado encima a toda la comunidad educativa y a los sindicatos de trabajadores, es él el que tiene que mirarlo” afirmaba tajante. Vázquez explica que el decreto ya recibió un dictamen contrario a los puntos claves en el Consejo Escolar autonómico, en contra de las declaraciones de Imbroda que asegura que “nace del consenso con la comunidad educativa”. “El consenso se lo ha encontrado en la calle. Debería retirarse después de la jornada de huelga” asegura la presidenta de CODAPA.

Deterioro de la pública

Más allá del decreto de la Junta, lo cierto es que la educación pública andaluza lleva años tensionada entre cambios legislativos, conflictos laborales y recortes económicos. Y las llamadas al diálogo de la consejería no convencen ya a familias, estudiantes y profesorado. “Este consejero tiene por costumbre lanzar buenas palabritas. Desde el principio nos han dicho de tener reuniones para negociar una serie de deficiencias pero se van retrasando” afirma Molina de CCOO. García del Frente de Estudiantes considera que “el ignorar a la comunidad educativa es una constante” y pone como ejemplo el conflicto en Granada a cuenta de los recortes en escuelas rurales. Desde CODAPA lamentan que “lo único que están haciendo es cambiar leyes a toda prisa”. “Los procesos requieren más reflexión, sentarse con las partes y aunar sentires con la escuela publica, que es la mayoritaria en Andalucía” reclama Vázquez.

“La educación pública sufre una degradación constante” lamenta García. Molina lo concreta en falta de profesorado, en especial para refuerzo, atención a la diversidad y niños/as con necesidades especiales; la alta ratio; los servicios externalizados o la precariedad y temporalidad en el personal laboral de administración y servicios. “Un montón de problema que estaban y que no le han dado ninguna solución”.

Para el portavoz del Frente de Estudiantes el punto de arranque de esta situación se sitúa en 2008 “cuando empezaron los recortes con el PSOE, y luego la LOMCE del PP”. “Hemos dicho basta ya, aunque el problema no sea nuevo, necesitamos de una vez una financiación suficiente y el fin de peleitas entre gobiernos con las leyes educativas”.

Comisiones Obreras lamenta que esta situación de debilidad de lo público se perpetue, ahora con la excusa de la falta de natalidad. “En lugar de aprovecharla para bajar la ratio, que esta demostrado con estudios cientificos cuanto más baja es, se consigue una enseñanza más individualizada y con más calidad” afirma Molina. En una línea idéntica se manifiesta CODAPA, que califica el decreto de “oportunidad perdida” por no “aprovechar el descenso de la natalidad para apostar por una bajada de la ratio, regular las necesidades educativas especiales o mejorar la atención y los recursos de la pública”. En el curso 18-19 las unidades públicas recortadas fueron 487, y en el 19-20, el plenamente gestionado por el gobierno de las tres derechas, de 333. Y estas cifras sí afectan por igual a todo el sistema educativo andaluz, más allá de la presencia de la concertada. De ahí el especial seguimiento de la huelga en el ámbito rural según CCOO y CODAPA.

A esto habría que sumar el último conflicto laboral educativo abierto. Este dejaría en la calle a 1.400 técnicos de integración Social (PTIS) e intérpretes de lengua de signos (ILSE). Unos servicios externalizados durante el periodo socialista y que ahora el gobierno conservador se ve obligado a reintegrar por dictamen de la Intervención de la Junta, pero no abre la puerta a la subrogación. Misma situación que vivieron 73 trabajadoras de cinco escuelas infantiles en septiembre de 2019 y que continúan reclamando sus puestos de trabajo.

Una consejería tocada

Hasta ahora, el peso político del ejecutivo andaluz recae casi exclusivamente en Moreno y Marín, presidente y vicepresidente del gobierno bipartito de PP y Ciudadanos; y en el popular Elías Bendodo, portavoz y consejero de presidencia, a la postre, el gestor cotidiano del gobierno. De modo que cuando un consejero se ha vuelto noticia, ha sido en contra de los planes. La salida no prevista a los focos de un consejero anteriormente, Jesús Aguirre de Salud, a cuenta de la crisis de la listeriosis no salió bien. Así ha sido también para Javier Imbroda, cuya incapacidad en rueda de prensa para explicar el decreto de escolarización se volvió viral.

“Nervioso”, “tocado”. Son algunos de los calificativos utilizados por las organizaciones consultadas para calificar el estado del consejero de Educación. “No se esperaban esto por mucho que lo nieguen” asegura García del Frente de Estudiantes. Aunque las tres organizaciones reconocen que la retirada del decreto se presenta difícil. “Bendodo ha sacado todos los misiles, diciendo que mentimos, que la huelga es ideológica” criticaba Molina de CCOO. De hecho el portavoz del ejecutivo andaluz declaraba con absoluta contundencia que “la huelga ha fracasado, la gente no es tonta”. Más comedido se mostró el propio consejero interpelado. Imbroda llamaba a “seguir dialogando” con los agentes educativos, y desplazaba las críticas hacia PSOE y Adelante Andalucía, a los que acusaba de “intentar manipular a la comunidad educativa con mentiras y falacias”. La única andanada desde la Consejería de Educación ha sido el tradicional, casi litúrgico, baile de cifras de toda convocatoria de huelga y que situaba el seguimiento de media en un 15% según el ejecutivo andaluz, frente al 80 en secundaria y 60 en primaria de los convocantes.

Un marco de debate y datos que no son casuales. No en vano tener a la comunidad educativa ampliamente en contra de las políticas del ejecutivo andaluz choca frontalmente con los planes de Moreno Bonilla de presentar a Andalucía como paradigma de estabilidad política y a la par confrontar con el gobierno de coalición progresista, en especial ahora que se reabre a nivel estatal el debate educativo con la LOMLOE propuesta por la ministra Celaá.