México
México renueva el Poder Judicial en las urnas con una participación del 13%

México afrontó el 1 de junio una jornada electoral sin precedentes a nivel global. Por primera vez, la ciudadanía estaba llamada a las urnas para elegir por voto directo a quienes integrarán las principales instancias del renovado Poder Judicial, incluidos los 11 ministros de la Suprema Corte, jueces de distrito y magistrados de circuito.

Unas elecciones que supusieron todo un reto logístico, debido a que se convocó a votar por 2.681 cargos judiciales, entre ellos jueces, magistrados y ministras de la Suprema Corte, y que estuvieron marcadas por el desconocimiento ciudadano sobre las funciones, trayectorias y perfiles de las personas candidatas, lo que se tradujo en una participación de tan solo el 13%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE). Organismos civiles y observadores electorales venían denunciando durante las semanas previas la falta de información clara y accesible que permitiese al electorado ejercer su voto de forma debidamente informada, lo que sumado a la escasa participación plantea dudas sobre la legitimidad del proceso.

Estas elecciones suponen el primer paso para la instauración efectiva de la reforma del Poder Judicial impulsada por López Obrador, que modifica la arquitectura del sistema de justicia del país

La excepcionalidad de estas elecciones se vio también en el escrutinio. Al contrario que en otras jornadas electorales en México, la complejidad del sistema de voto en esta ocasión, el que cada votante recibió hasta seis boletas correspondientes a diferentes cargos judiciales en las que debían marcar los candidatos de su elección, obligó a implementar un sistema de conteo más lento y minucioso. Las casillas electorales en esta ocasión no asumirán la tarea del recuento, sino únicamente la de clasificación y entrega de boletas electorales al INE, quien verificará manualmente que las marcas correspondan a candidaturas válidas, que no excedan el número permitido por cargo y que los números escritos coincidan con los registrados oficialmente. Es por ello que la noche electoral cerró sin los habituales resultados preliminares y que se espera que el escrutinio oficial no se de a conocer hasta el 15 de junio.

El inicio de una reforma controvertida

Estas elecciones suponen el primer paso para la instauración efectiva de la reforma del Poder Judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador, que modifica de forma sustancial la arquitectura del sistema de justicia del país. Presentada como la vía para erradicar la corrupción y acercar la justicia al pueblo, las medidas propuestas en ella han sido desde sus primeros planteamientos públicos duramente cuestionadas por especialistas, preocupados principalmente por el debilitamiento de la independencia judicial, la eliminación de la carrera judicial y la apertura a una posible captura política de los órganos de justicia.

Aunque la jornada electoral transcurrió de forma tranquila en más de 50 ciudades del país se registraron acciones y marchas de protesta, siendo la más significativa la llevada a cabo en la Ciudad de México, donde cientos de personas marcharon bajo el lema “Domingo Negro: el Despertar de la Ciudadanía” para manifestar su rechazo a la reforma del Poder Judicial. Desde el Ángel de la Independencia, recorriendo el Paseo de la Reforma hasta llegar el Monumento a la Revolución, los asistentes caminaron de forma pacífica vestidos de blanco y portando lazos negros cargando pancartas en las que se podían leer consignas como “Sin Poder Judicial no hay libertad” o “¡La Corte no se toca!”.

“Esta reforma implica un enorme riesgo para la vida constitucional en México”, advierte Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, preocupado por la desprofesionalización de la carrera judicial. “En este nuevo sistema lo importante de los candidatos es el grado de popularidad que puedan tener y lo más peligroso, el respaldo de los poderes políticos que puedan lograr, no la formación, la experiencia o los méritos que hayan logrado como profesionales”, explica Ortega, quien observa una estrategia clara dirigida a desmontar los contrapesos democráticos que permiten la independencia judicial.

“Se acotan los recursos que nos permitían, con limitaciones, emplear el sistema judicial para defendernos”, asegura el abogado y activista indígena Mario Quintero

Además de la elección por sufragio directo de los principales cargos del Poder Judicial, la reforma contempla la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, órgano hasta ahora encargado de la disciplina, evaluación y administración interna del sistema judicial, por un órgano que cumplirá las funciones administrativas y por el Tribunal de Disciplina Judicial, que será el encargado de la supervisión y control del sistema de justicia. “El gran problema es que, en el contexto que actualmente vivimos en México, ese Tribunal acaba con la inamovilidad judicial, permitiendo que se remueva a jueces y juezas por emitir criterios que no gusten al poder político”, advierte Ortega, destacando la posibilidad de sancionar a integrantes del Poder Judicial aplicando argumentos y criterios imprecisos como la carencia de honorabilidad o imparcialidad puede convertirse en una herramienta de presión que socave la independencia judicial.

“En cualquier democracia constitucional, remover a un juez solo es posible por causas extraordinariamente graves, como corrupción o faltas graves a la imparcialidad. Aquí, en cambio, se abre la puerta para usarlo como un mecanismo de castigo contra quienes resulten incómodos al poder”, concluye.

Una justicia menos accesible y más punitiva

Más allá de los cambios estructurales en la organización del Poder Judicial, defensores y organizaciones sociales alertan que la reforma limita seriamente los mecanismos de defensa frente al poder político y económico. “Estamos muy preocupados por la reforma judicial y por las votaciones que vienen en junio, porque eso va a cambiar totalmente la posibilidad de defenderse, pero también va a aumentar la criminalización de las personas a través de presiones judiciales”, advierte Mario Quintero, abogado y activista indígena quien, aún consciente de los graves problemas de corrupción del sistema, sostiene que una reforma “que abre la puerta a una elección partidista de jueces y magistrados solo va a empeorarlo”.

“Se acotan los recursos que nos permitían, con limitaciones, emplear el sistema judicial para defendernos”, asegura Quintero, quien destaca el rol fundamental que han tenido mecanismos como los llamados “juicios de amparo”, diseñados para proteger los derechos constitucionales frente a las autoridades que los vulneran y que han permitido a comunidades y organizaciones sociales lograr la detención de megaproyectos o la anulación sentencias arbitrarias. “Si antes ya era difícil enfrentar al sistema desde abajo, ahora será aún más complicado sin jueces imparciales y con criterios técnicos”, resume Quintero.

Desde el ámbito académico, Ricardo Ortega advierte que la reforma profundiza la desigualdad en el acceso a la justicia. “Hoy en día, los sectores más pobres enfrentan enormes dificultades para defenderse legalmente: no pueden pagar abogados, desconocen los procesos y con frecuencia terminan en prisión preventiva sin que se respeten sus derechos más básicos”, señala añadiendo que con un Poder Judicial sometido a intereses políticos, “el escenario solo puede empeorar”. Según su análisis, la politización y la presión sobre los jueces en este nuevo esquema impulsarán procesos más rápidos y punitivos, sin un análisis profundo de los casos, lo que incrementará el riesgo de injusticias y arbitrariedades.

“En lugar de acercar la justicia al pueblo, esta reforma la aleja aún más de quienes más la necesitan”, explica Ortega, recordando que en México la cárcel suele ser el destino final para quienes no pueden costear una defensa efectiva, mientras que quienes tienen poder económico o político acceden con mayor facilidad a resoluciones favorables. “Es una justicia que castiga la pobreza y premia la influencia”, concluye.