Cambiar las políticas de drogas: una tarea pendiente

El reciente cambio de Gobierno ha sido saludado con esperanza por amplias capas de la población, que han considerado que se abren nuevas posibilidades para la realización de políticas con más sensibilidad social, medioambiental y de género. Ahora, la sociedad civil organizada debe ejercer una labor de impulso de sus legítimas reivindicaciones para que estas esperanzas se vean cumplidas.

Las personas que integramos el movimiento asociativo de drogodependencias, desde nuestro compromiso apartidista y plural por la justicia social, queremos añadir a la lista de tareas pendientes del nuevo Gobierno una más, que nos parece fundamental: hay que abrir nuevos enfoques en las políticas de drogas. Hay muchas razones para ello.

En primer lugar, si este Gobierno se declara feminista, tiene que implementar medidas para acabar con la violencia machista que sufren las mujeres consumidoras de drogas y para reducir el encarcelamiento desproporcionado de mujeres drogodependientes que cometen pequeños delitos relacionados con su adicción (el 70% de las mujeres que están en prisión son consumidoras de drogas condenadas por delitos contra la salud pública o contra el patrimonio).

En segundo lugar, si este Gobierno se declara defensor de las libertades públicas fundamentales y quiere modificar los aspectos más regresivos de la Ley, debe eliminar las sanciones que criminalizan a las personas consumidoras de drogas y que obstaculizan, en vez de incentivar, los procesos de tratamiento y de incorporación social que se facilitan en las redes de tratamiento de las adicciones.

En tercer lugar, si este Gobierno quiere volver a universalizar el acceso a la sanidad pública, debe empezar por las prisiones ya que, pese a la unánime moción aprobada por el Senado, todavía no se ha producido la transferencia de la sanidad penitenciaria a los sistemas de sanidad autonómicos, lo cual supone una violación del derecho a la vida y el derecho a la salud de las personas presas, trágicamente ejemplificada por las inaceptables muertes por sobredosis en prisión.

En cuarto lugar, si este Gobierno tiene un compromiso claro con la lucha contra la pobreza, especialmente la pobreza infantil, no debe olvidar ese enfoque para abordar la situación crítica que viven algunas zonas, como el Campo de Gibraltar, donde la violencia relacionada con el narcotráfico nace en un caldo de cultivo de desigualdad, desempleo y pobreza, por lo que son necesarias actuaciones integrales basadas en el fomento del desarrollo urbano sostenible y no solo en la represión policial.

Finalmente, si este Gobierno quiere ser coherente con las altas expectativas despertadas, debe ser valiente al afrontar el replanteamiento general que necesitan las políticas de drogas en nuestro país y a nivel internacional, ya que el enfoque prohibicionista que enmarca la mayor parte de las actuaciones en el mundo no ha conseguido reducir el “problema de las drogas” sino que, por el contrario, ha servido para enriquecer y fortalecer a las mafias y organizaciones criminales, que campan a sus anchas en una clandestinidad que parece hecha a su medida. Ha llegado el momento de explorar otras vías, de estudiar y valorar iniciativas innovadoras como las que se están ensayando con éxito en otros países, como Canadá o Uruguay, con las que se está consiguiendo, además del control de las sustancias, arrebatar la principal fuente de ingresos y de poder a los narcotraficantes.

Desde este punto de vista, una nueva regulación del cannabis, enfocada a un uso controlado de la sustancia, permitiría volcar los esfuerzos de las políticas de drogas en la prevención de los consumos abusivos, la educación y el desarrollo económico de las zonas desfavorecidas. Para ello, este Gobierno debería empezar por desbloquear la Comisión encargada del estudio de esta regulación.

En las pasadas décadas de los 80 y 90, España se enfrentó a un reto terriblemente complicado, cuando miles de personas morían por las consecuencias de su adicción a la heroína, y ese reto se superó gracias al trabajo conjunto de la sociedad civil y las administraciones públicas, que entendieron que resolver el problema era responsabilidad de todos y todas. Ahora volvemos a reclamar lo mismo: entender el problema de las drogas de manera global, interrelacionándolo con las políticas de igualdad de género, con el respeto a las libertades fundamentales, con el fortalecimiento de la sanidad pública y con la lucha contra la pobreza. Por eso hacen falta nuevos enfoques. Por eso la reforma de las políticas de drogas debe estar en la agenda política.