Residencias de mayores

Es el quinto procedimiento judicial en el que los ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid están citados como imputados por las muertes sin asistencia médica dentro de las residencias en los meses más duros del covid-19.

El que fuera director general de Coordinación Sociosanitaria durante la masacre en las residencias de mayores tira balones fuera con respecto a la autoría de los protocolos de la vergüenza.

El exdirector general de Coordinación Socio-Sanitaria en la Comunidad de Madrid que firmó los llamados “protocolos de la vergüenza” aprobados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha esquivado cuatro declaraciones.

Marcelo (68 años) vive en la residencia de mayores de Colmenar Viejo de Madrid. El centro es público pero tiene privatizado el servicio de suministro de alimentos con un presupuesto de menos de siete euros al día.

Los familiares celebran que algunos procedimientos sigan adelante pero denuncian lentitud y desidia en la justicia y temen por la posible prescripción de los delitos.

El que fuera director de Coordinación Sociosanitaria y firmante del protocolo que provocó la exclusión sanitaria de mayores enfermos en residencias durante la pandemia se va sin declarar como testigo de los juzgados de Valdemoro.

En Madrid solo hay 25 residencias totalmente públicas y representan el 5% del total. Sindicatos, trabajadoras y familiares denuncian su ocaso.

De esta manera se inhibe en favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, aceptando así la petición realizada por uno de los investigados, Francisco Javier Martínez Peromingo.

Antonio Burgueño reconoce en sede judicial que fue nombrado mando único durante la pandemia, tras ser llamado a declarar en un juzgado de Leganés por la no derivación hospitalaria de residentes enfermos durante los meses más duros del covid.