‘Esas Latinas’, la defensa del catalán y de las personas migrantes

Una obra de teatro protagonizada por mujeres migrantes latinoamericanas ha sacudido la opinión pública catalana durante la pasada semana. Los debates sobre la lengua han sucumbido ante la preeminencia del racismo estructural.
Estación de Sants 2024
Álvaro Minguito Casi 1,5 millones de personas nacidas en otros países reside en Catalunya, según el Instituto de Estadística de Cataluña.
22 jul 2025 05:18

El catalán era la lengua más hablada en Cataluña hasta el año 2002, desde entonces el castellano le ha pasado por delante, y cada vez por más diferencia. Según la Encuesta de Usos Lingüísticos del Instituto de Estadística de Cataluña, actualmente solo el 33% de la población catalana habla habitualmente el catalán. En 1930 era el 90%.

En la última década, gracias al crecimiento demográfico que ha significado la migración, el número de hablantes de catalán ha aumentado en 267.000. Sin embargo, el 46% de la población habla en su día a día el castellano y el 12% otras lenguas. Dadas las circunstancias, la administración catalana y sus especialistas en sociolingüística tienen el gran reto de facilitar que las personas migrantes que llegan a este territorio encuentren una oportunidad en el aprendizaje de la lengua de Mercè Rodoreda. Un reto que, por ahora, presenta obstáculos y debilidades.

La polémica tras la presentación de la obra Esas Latinas, protagonizada por mujeres migrantes latinoamericanas, que tanto ha sacudido la opinión pública catalana durante la pasada semana, ha circunvalado los debates sobre la lengua y las condiciones de aprendizaje de la misma sin abordar la cuestión fundamental de cómo hacer compatibles a la vez la defensa del catalán y la defensa de los derechos de las personas migrantes.

Racismo estructural y una lengua minorizada

El permiso de residencia y trabajo requiere concretamente de un informe de esfuerzo de integración regulado por el artículo 127 del nuevo reglamento de extranjería que dice que “hay que demostrar el aprendizaje de las lenguas oficiales del territorio”. Pero, “eso no se pide por igual a todas las personas extranjeras que llegan a Catalunya, en la práctica se pide solo a las que están en situaciones más vulnerables y esto es una muestra más del racismo estructural en el que habitamos, que nos conforma como sociedad”, explica la abogada especializada en extranjería Laia Costa Gay.

Para quienes acceden a la residencia a través de su patrimonio —por medio de las conocidas golden visa— o a través del matrimonio o pareja de hecho con una persona con nacionalidad española, este módulo de acogida desaparece. Igual que desaparece también el requisito de saber catalán e incluso la necesidad de entenderlo en el caso de los expats y nómadas digitales que gentrifican barrios y ciudades y logran comunicarse en inglés u otras lenguas en su día a día.


“Es mucho presuponer que la gente que viene de según qué países no tienen intención de aprender nuestras lenguas y por lo tanto hay que forzarlos a aprenderlo y a integrarse. Hay una percepción del otro negativa y criminalizadora que no se tiene con la gente que viene, por ejemplo, de países de la Unión Europea”, continúa Costa. Efectivamente, según el país de origen de la persona migrante, los requisitos cambian igual que también la realidad lingüística.

En el caso de las personas que han tenido que irse del territorio latinoamericano y por lo tanto hablan la lengua impuesta por la colonización española en ese territorio desde 1492, la complejidad está en aprender el catalán a pesar de poder expresarse en una lengua que también es comprendida en Cataluña —y también ha sido impuesta a lo largo de la historia—. Tener el castellano como lengua materna puede presentarse como un privilegio ante, por ejemplo, otras personas migrantes que tienen el árabe como lengua materna. Pero aprender el catalán, sobre todo para las personas migrantes en situaciones más vulnerables, puede resultar un obstáculo vital.

“Es fundamental insertar una lectura de clase social porque solo analizarlo en términos de identidad, de culturas y de naciones, nos impide ver la dimensión socioeconómica”, asegura Del Valle

“Aprender una lengua no debería ser una barrera excluyente, sino una oportunidad compartida”, asegura María Ignacia Ibarra, investigadora feminista descolonial originaria de Chile. “Para muchas personas migrantes, como quienes venimos de Abya Yala o Latinoamérica, el castellano no es un privilegio sino una herida colonial. Por eso, imponer otra lengua sin comprender nuestros recorridos puede ser una doble carga”, continúa Ibarra. La tensión entre todo esto y la situación de desventaja cada vez mayor del catalán frente al castellano, plantean un conflicto desde hace años en el territorio catalán.

Políticas lingüísticas con lectura de clase social

José Del Valle, sociolingüista gallego catedrático en la City University of New York, explica que “es particularmente difícil diseñar políticas lingüísticas en un contexto en el cual la lengua de la comunidad es una lengua minorizada porque coexiste con una lengua dominante que tiene un estatus jurídico superior como es el caso de la lengua española en el Reino de España”. Del Valle hace referencia a las dificultades históricas y presentes que tanto el catalán como el euskera o el gallego han tenido para instalar su uso en todos los ámbitos de la sociedad. “Ha sido necesario crear políticas de discriminación positiva o de defensa de estas lenguas y desde la Constitución del 78 se han logrado consolidar, en mi opinión, sistemas culturales anclados a estas lenguas: el reto llega cuando esas acciones de defensa entran en contacto con un nuevo fenómeno demográfico que es el de la migración”, plantea el sociolingüista.


En ese marco, “es fundamental insertar una lectura de clase social porque solo analizarlo en términos de identidad, de culturas y de naciones, nos impide ver la dimensión socioeconómica”, asegura Del Valle. La dimensión socioeconómica española y también catalana, según afirmaba el diario El País en abril de 2024, es que “España necesitará 24 millones de inmigrantes para mantener la relación entre trabajadores y pensionistas”, un titular que claramente reduce la migración a mera mano de obra. “Pues resulta que esa fuerza laboral son seres humanos y eso conlleva una serie de responsabilidades para una sociedad democrática que se pretende igualitaria como la nuestra”, explicita Del Valle.

Esta deshumanización de las vidas de las personas migrantes las desvincula de sus experiencias y caminos migratorios, a menudo atravesados por la violencia. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones se les está exigiendo hablar una lengua nueva incluso antes de poder acceder a algo tan básico como un trabajo o una casa. Quizá aprobar la ILP para la Regularización de medio millón de personas migrantes sería también una buena política lingüística.


Más allá de la realidad social, hay que ver cómo está la práctica institucional, ya que “es responsabilidad de quienes están a cargo de la política lingüística el pensar democráticamente y en términos de justicia social la imposición de obligatoriedades, que debe estar siempre ligada al acceso a los recursos para que se pueda cumplir con esas obligatoriedades”, explica el sociolingüista Del Valle.

Falta de acceso al catalán

El requisito del catalán, como hemos visto, no es para todos igual y por lo tanto no incorpora la perspectiva interseccional que la mayoría de políticas públicas de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona proclaman y que asimismo exigen en sus convocatorias para subvenciones y convenios públicos. Se trata de un requerimiento reservado solo a las personas sin capital patrimonial o social, consideradas mano de obra, que buscan acceder a los derechos básicos que la regularización administrativa ofrece en el estado español o luchan por acceder al mercado laboral, sobre todo en el caso de ciertos sectores. “En definitiva, si tienes dinero sí que puedes llegar sin saber catalán, ni castellano”, afirma Laia Costa Gay.

“Para mí, acceder a los cursos del Consorcio fue un auténtico dolor de cabeza”, asegura Jorge Romón, psicólogo e integrador social especializado en acogida y derechos humanos, de origen venezolano

Tampoco cuenta con una perspectiva interseccional el modelo de acceso a los cursos de los distintos niveles de catalán facilitados por el Consorcio para la Normalización Lingüística de Catalunya (CPNL). Distintas organizaciones de personas migrantes, como el sindicato de manteros Top Manta con esta campaña, denuncian desde hace tiempo que el CPNL no ofrece suficientes plazas en sus cursos ni garantiza horarios compatibles con el trabajo o la conciliación. “Para mí, acceder a los cursos del Consorcio fue un auténtico dolor de cabeza”, asegura Jorge Romón, psicólogo e integrador social especializado en acogida y derechos humanos, de origen venezolano, quien vive en Barcelona desde 2022.


“Yo siempre he manejado un discurso de defensa lingüística del catalán, el euskera, el galego etc. y lo sigo manejando, pero después de mi experiencia personal en Cataluña, se ha convertido en una defensa solamente ideológica, teórica, porque la vivencia ha sido compleja”, relata. Para el caso de Romón, el catalán se convirtió en un requisito imprescindible para su inserción laboral dado que el tercer sector, donde tiene más experiencias, en Barcelona se desarrolla principalmente en catalán.

“A pesar de que yo migré a Cataluña en una situación de mucho privilegio, vengo con una racialización latina y soy leído como latino y lo que me pasó es que toda mi experiencia laboral de repente no valía, aparentemente, porque no sabía catalán”, relata el psicólogo. Jorge Romón envió más de cien currículums a distintas entidades del sector social, asegurando que estaba aprendiendo el catalán y lo seguiría haciendo, pero no recibió ninguna llamada. “Claro, eso es frustrante de por sí, pero es que si no consigues trabajo no puedes seguir viviendo en Catalunya y por lo tanto no puedes seguir aprendiendo catalán, es un pez que se muerde la cola”, relata el psicólogo venezolano. “Pero necesitaba salir adelante así que llegué a tomar la decisión de irme de Cataluña por ese motivo, pero acabé trabajando en sectores laborales que no son los míos para poder continuar”. Y mientras tanto siguió estudiando catalán para llegar a trabajar de lo suyo.

Para obtener el informe de arraigo que hay que presentar para solicitar la residencia española se debe realizar el curso A1 o A2, los más básicos. En el caso del mundo laboral, en muchas ocasiones en Cataluña se exige el nivel C, de bastante dificultad. Jorge Romón empezaba desde 0 y iba a por el C. “La primera vez que lo intenté me quedé sin plaza, cuando logré entrar al A1 me di cuenta que no estaban ni mínimamente habilitados para personas que no hablaban el español, que hablaban wolof o mandinga, era altamente complejo para un nivel tan básico”, continúa Romón, “y luego me encontré profesores que nos llegaron a decir que si habíamos elegido vivir en Catalunya teníamos que aprender catalán”, desconociendo la realidad de miles de personas que no eligen llegar a Cataluña, que después de ser desplazadas forzadamente de sus territorios, llegan por ejemplo a Barcelona a través de redes de apoyo, vínculos familiares u opciones laborales a las que poder agarrarse.

Esas Latinas y la falta de empatía

La experiencia de Jorge Romón, como la de otras 15 personas migrantes consultadas para este reportaje, acabó por convertir el catalán en un obstáculo en su proceso ya de por sí complejo de estabilizarse en un nuevo territorio.

Y es de este tipo de vivencias personales que hablaba la obra de teatro Esas Latinas, protagonizada por mujeres migrantes latinoamericanas, que tanto ha sacudido la opinión pública catalana durante la pasada semana. Esta expresión artística, representada desafortunadamente en la presentación de un informe sobre discriminaciones en el que se evidencia que tanto el racismo como la discriminación a las personas catalanohablantes son dos de las principales problemáticas en Barcelona, ha sido rápidamente categorizada como transmisora de “catalanofobia”.

La asociación Hablamos español y otros grupos e individualidades representantes de la derecha “tabarniana” —del nacionalismo español afincado en Cataluña— ha aprovechado la polémica para sostener su agenda contra la lengua catalana. Las protagonistas de la obra, ajenas por completo a ese espectro político, han sido violentamente atacadas en redes sociales y medios de comunicación, en una constatación del racismo estructural y el clasismo del que hablan las fuentes citadas en este artículo.

La violencia con la que se ha recibido esta polémica no permite enunciar las preguntas adecuadas ni debatir con más profundidad la situación con un objetivo transformador, que busque la manera de hacer compatibles a la vez la defensa del catalán y la defensa de los derechos de las personas migrantes. ¿Este tipo de vivencias atravesarían también a un joven catalán que va a Noruega a vivir y trabajar? ¿A una mujer de Países Bajos que va a Madrid? ¿Cómo de importante sería la clase social o la raza de esa neerlandesa? Esas personas serían leídas como migrantes o extranjeras? Sin una mirada interseccional no lo podríamos analizar.

Y una pregunta que está en la cabeza de muchos catalanes estos días: si el catalán fuera una lengua mayoritaria como lo es el español en Madrid, ¿se darían estas situaciones con personas migrantes castellanohablantes? “El peligro de la cultura y la lengua minorizada no es la migración”, aseguraba la escritora Brigitte Vasallo respondiendo a la cuestión con un vídeo en Instagram, “la migración es un proceso global de injusticia social donde quien peor lo pasa son los territorios que expulsan gente y la población migrante, no la población que los recibe”, aclaraba.

“Creo que la mejor forma de que las personas migrantes se entusiasmen con la idea de aprender el catalán es desde el reconocimiento mutuo, no desde la exigencia” asegura María Ignacia Ibarra

Las reacciones agresivas que han dado más visibilidad aún a la obra de la compañía Teatro Sin Papeles ponen de manifiesto la existencia de este racismo estructural —expresado en catalán, en euskera, en castellano o en inglés— y de un sistema de acogida y un marco legal —la Ley de Extranjería y la Ley de Asilo— que no ponen en el centro los derechos y la vida de las personas migrantes sino el mercado laboral español. El diálogo está siendo muy difícil, si no imposible.

“El arte es un medio de expresión y un catalizador importantísimo para hablar de las vivencias propias, sin limitaciones siempre y cuando mantenga el respeto hacia los demás, y en este caso es imprescindible respetar las vivencias de unas mujeres que están expresando situaciones con las que yo, por ejemplo, me sentí reflejado y que ahora están recibiendo odio por ello”, asegura el psicólogo Jorge Romón. Además, muestra su convencimiento de que el arte es una manera de gestionar todo el impacto psicológico que genera el proceso migratorio y también la frustración de la barrera lingüística que las personas que nunca han migrado quizás no puedan imaginar.

“Creo que la mejor forma de que las personas migrantes se entusiasmen con la idea de aprender el catalán es desde la empatía y el reconocimiento mutuo, no desde la exigencia ni el castigo” asegura María Ignacia Ibarra. “Quizá en lugar de exigir el catalán como requisito para acceder a derechos o empleos, podríamos multiplicar los espacios gratuitos y accesibles para aprenderlo: en bibliotecas, centros de barrio, casales o incluir horas de formación lingüística dentro de la jornada laboral. Hoy más que nunca necesitamos cuestionar las estructuras y relaciones de poder históricamente impuestas para vincular y construir una lucha común entre el movimiento catalanista y el antirracista”, concluye Ibarra.

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