Región de Murcia
Torre Pacheco, explotación humana y ambiental para que Europa pueda comer lechuga los 12 meses del año

Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción en Murcia, lleva más de 20 años observando la silenciosa, pero constante, degradación ambiental del Campo de Cartagena (Región de Murcia), la cuenca vertiente al Mar Menor, de donde el regadío intensivo de la zona, incluidos los cultivos de Torre Pacheco, extrae mucha agua —que escasea— para regar, cosechar y exportar. También lleva dos décadas observando campos repletos de trabajadores migrantes, muchos de ellos en situación administrativa irregular, una mano de obra muy barata que permite elevar los márgenes de rentabilidad. Esta doble sobreexplotación, humana y ecológica, va de la mano y sustenta un modelo en el que se enriquecen unos pocos para abastecer los ‘caprichos’ alimentarios de Europa. “Todo este sufrimiento, toda esta explotación, todo este desastre ambiental lo estamos generando para que los alemanes puedan comer lechuga en febrero”, resume Luengo al reflexionar sobre lo que hay detrás de esta persecución racista.

El panorama que describe este activista tiene un respaldo estadístico, datos y cifras que dan cuenta de cómo funciona este “motor económico” de Murcia. El 30% del empleo registrado en Torre de Pacheco corresponde a migrantes, según la última actualización del Servicio Regional de Empleo (SEF). 5.345 de los más de 12.000 trabajadores son extranjeros, la gran mayoría nacidos fuera de la Unión Europea. La población africana es, por lejos, la más nutrida (3.354). Casi todos se desempeñan en el sector agrícola. Al registro del SEF le faltan los trabajadores migrantes que no tienen papeles, el eslabón más precario y descartable del mercado laboral. “Que son muchos. Hay que tener en cuenta que los empresarios se aprovechan de estos hombres y mujeres. Más explotación, más rentabilidad”, explica Luengo.

La pandemia fue un antes y un después. Tras el covid-19, el 54% de los puestos de trabajo de la Región de Murcia los han cubierto personas extranjeras, la clave del motor económico de la zona.

La dependencia productiva que el capital tiene de la mano de obra extranjera crece al ensanchar la geografía. En todo Murcia, el 54% de los puestos de trabajo generados tras la pandemia fueron cubiertos con mano de obra extranjera, según un informe de BBVA Research sobre la situación económica de esta comunidad autónoma publicado en mayo. Antes de la covid-19, entre 2014 y 2019, el panorama era muy distinto: el 92 % del empleo nuevo en la región recaía en manos de españoles.

Esta estadística desnuda que Murcia es una de las regiones más dependientes del aporte migrante para sostener su economía real. Textual del informe: “Consistentemente con algunas de las restricciones en el mercado laboral y el envejecimiento, en la Región de Murcia la contribución de los nacionales al aumento de la población activa se ha reducido con respecto a principios de los 2000. La llegada de activos extranjeros es clave para mantener el aumento de la oferta laboral”.

Muchos de estas personas migrantes son peones de otra explotación, la hídrica. Donde hace décadas había cultivos de secano, acorde al clima (pocas lluvias) y a la geografía (una cuenca hidrográfica que no tiene ningún río), hoy hay cultivos de regadío, que se han extendido con el trasvase Tajo-Segura, un sistema de transferencia que, básicamente, sustenta la vida agrícola del Campo de Cartagena, una zona con escasez de agua.

Murcia es la región española con mayor estrés hídrico, agravado además por la “fuerte demanda” del turismo o la agricultura". El 96% de la tierra cultivada en Torre Pacheco es de regadío.

En junio, la agencia de calificación de riesgo S&P Global Ratings ubicó a Murcia como la región española con mayor estrés hídrico, “agravado por la fuerte demanda de agua en sectores clave como el turismo y la agricultura”. En Torre de Pacheco, 6.841 de las 7.120 hectáreas cultivadas (96%) son de regadío. Sólo 279 mantienen el régimen de secano, según la última planilla (2023) del SEF.

Una cadena de impactos

Luengo explica que esta transformación, cultivos que han pasado de secano a regadío, data de la década del 80 del siglo pasado, con la habilitación de agua para 40 mil hectáreas. “El problema en el Campo de Cartagena es que el regadío necesita tener bastante agua y nutrientes al no tener una fertilidad natural”, explica.

En las huertas tradicionales, ubicadas en las veras de los ríos, en zonas de inundación, la fertilidad está garantizada, se renueva con los procesos de lluvias. Además, agrega el activista, “el agua se utiliza de forma muy eficientemente”, porque, al final, toda la que no se usa vuelve al acuífero, no se desperdicia. Lo que no absorben las plantas y sigue bajando, acaba en el mismo acuífero. “Es decir, no se necesitan tantos fertilizantes porque el suelo ya es fértil”, sintetiza.

La fertilidad natural no existe en el Campo de Cartagena, carencia suplida con fertilizantes químicos y sobreexplotación de los acuíferos

En el Campo de Cartagena, la fertilidad natural no existe. ¿Cómo se suple? Con fertilizantes químicos. “Se sobreexplotan los acuíferos y se los contamina”, describe Luengo. Este exceso de nitratos explica la “sopa verde” del Mar Menor, degradación ambiental que quedó al descubierto en 2016, cuando el ecosistema colapsó.

“Hay que entender que va todo dentro del paquete. El modelo de agricultura intensiva ha generado una transformación paisajística de la zona”, explica. Antes, el Campo de Cartagena era una “zona aterrazada”, una seguidilla de terrenos escalonados que retenían lluvias (humedad) y evitaban la erosión.

“El regadío intensivo necesita terrenos muy planos, cuanto más planos, mejor. Las terrazas estorban. Además, el agua llega a la planta por goteo, por un “tubito”. En este tipo de producción, la lluvia molesta, porque encharca las cosechas y genera asfixia en algunos cultivos. ¿Qué se hace? Se inclinan los terrenos para que el agua vaya hacia las zonas más bajas”, detalla.  Las inundaciones en estas “zonas bajas” —pueblos y ciudades, en muchos casos— son el “tercer impacto” de este (perverso) modelo. 

Una ilegalidad sistémica

El año pasado, la Guardia Civil encontró 74 pozos ilegales que regaban 2.050 hectáreas, “contribuyendo al deterioro del mar Menor”. La Fiscalía comprobó que 37 empresarios extrajeron sin licencia 25,5 millones de metros cúbicos de agua y vertieron 377.600 kilos de nitratos fertilizantes. Varios de los pozos fueron localizados en Torre Pacheco.

Luengo aclara que los pozos ilegales no los abren “personas que se cuelan en el Campo de Cartagena”. La ilegalidad es parte del sistema. Son los propios empresarios los que 'dopan' sus cosechas con agua no autorizada. “Esto hay que aclararlo porque, caso contrario, parece que hay empresas superlegales que lo hacen todo perfecto y que el robo de agua es por culpa de unos cuantos piratas que se meten en los campos. Los pozos ilegales los abre el propio sector para obtener aún más rentabilidad”, explica el activista de Ecologistas en Acción.

Los pozos no autorizados llegaron a ser más de mil. Tras el colapso del Mar Menor, el grifo se cerró. Las administraciones dejaron de hacer la vista gorda y la Justicia abrió centenares de expedientes. Esto generó cierto alivio en los acuíferos. “Lo que tenemos ahora es que el sector agroexportador está deseando obtener más autorizaciones. Pero claro, para poder cogerla de forma legal hay que quitarle las sales y los nitratos. Esto es caro. Y los empresarios no quieren hacer esta inversión para no perder rentabilidad. En el Campo de Cartagena se busca siempre el precio más barato para competir en Europa. La mayor parte de lo que se cultiva no es para consumo interno; es para exportarlo a Europa, principalmente a Alemania, Francia e Inglaterra”, relata.

En 2024, las exportaciones hortofrutícolas de la Región de Murcia crecieron un 10% respecto a 2023, representando el 19,5% de toda España. Las ventas de lechuga al exterior permiten dimensionar la magnitud del negocio: el 65% de todo lo exportado se cultivó en el Campo de Cartagena, según datos difundidos por la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport). Alemania lidera el ranking de destinos con un 30% de los envíos.

Urge reducir el regadío intensivo

Julia Martínez Fernández es doctora en Biología y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, una de las científicas que más conoce el panorama hídrico de España. Amplía la descripción de Luengo con más datos. Cuenta que en 2010, gracias a un rastreo por teledetección, se llegaron a contabilizar más de 55.000 hectáreas de regadío en el Campo de Cartagena, cuando históricamente, antes del trasvase, la cifra no superaba las 12.000 hectáreas.

“Ese incremento enorme de regadío supuso un aumento muy grande de fertilizantes agrícolas, con nitratos que llegaron a la laguna del Mar Menor. El colapso ocurrió en el 2016. Pero ya en el año 2000, muchos científicos alertamos junto a la Universidad de Murcia que esto iba a pasar. Es decir, la ciencia lo anticipó”, señala.

La primera mortandad masiva de peces ocurrió en 2016. La situación se repitió en 2019 y 2021. “Es una buena noticia que llevamos cuatro años sin que esto se haya repetido. Pero el Mar Menor está muy caliente, lo que aumenta el riesgo de anoxia. Si ocurre otra vez, volveríamos de nuevo a la casilla inicial. Es cierto que están entrando menos nitratos debido a un regadío ilegal más controlado. Pero la presión sigue siendo alta”, alerta Martínez.

En opinión de la directora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, la reducción del regadío es la única forma de evitar nuevos colapsos ecosistémicos en el Mar Menor.

En su opinión, la reducción del regadío es la única que puede evitar un colapso que ya está en puerta. A nivel hídrico, un índice de explotación del 20% se considera de estrés. Del 40%, estrés severo. En Murcia, el porcentaje es del 100%. “La mayoría de los acuíferos están sobreexplotados y contaminados por nitratos, con el agravante de que cada vez tenemos menos agua por el cambio climático. Este panorama hace insostenible mantener una situación mínima de futuro. El modelo ya está petando”, advierte.

La experta aclara que esta reducción debe empezar por el polo agroexportador, apoyando los regadíos tradicionales y a los pequeños agricultores. “Lamentablemente es una medida que ni siquiera aparece a nivel discursivo. Las administraciones huyen de reconocer la realidad. El cambio climático está reduciendo los recursos disponibles a una velocidad mayor de la que pronosticaban los propios modelos climáticos. O gobernamos esta adaptación desde las administraciones públicas o va a ser el mercado, con la ley del más fuerte, el que decida quién se va a quedar con el agua”, concluye.

Una explotación humana extendida por España

Las personas migrantes sin papeles o con contratos precarizados en Torre de Pacheco no son la excepción en la agricultura de España. El colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha, que este año logró inscribirse como sección sindical de mano de la Sindical Obrera Andaluza (SOA), lleva años denunciando los “atropellos laborales” que sufren las temporeras extranjeras. Estas mujeres son pioneras en la organización sindical en el campo y trazan paralelismos entre Torre Pacheco y su experiencia laboral en Huelva ante la ausencia de autoorganización de personas trabajadoras con perspectiva antirracista en el Campo de Cartagena.

Los empresarios agrícolas se aprovechan de que las temporeras y temporeros migrantes vivan en mayor pobreza para así explotarles más, según Ana Pinto, portavoz de Jornaleras de Huelva en Lucha 

En el caso de la región onubense, los empresarios, dicen las sindicalistas, se “aprovechan” de la necesidad de la gente de los pueblos de la provincia, que apenas tienen alternativas laborales a la recogida de la fresa. El nivel de explotación que sufre la población autóctona se multiplica en el caso de las personas temporeras migrantes; los señoritos ponen del lado de su cuenta de beneficios el hecho de que quienes dejaron su país de origen y ahora trabajan en España tienen en muchos casos "unas necesidades y una situación de pobreza aún mayores”, cuenta Ana Pinto, portavoz del colectivo, a El Salto.

En mayo, las Temporeras lograron interponer la primera denuncia por el despido de una temporera marroquí, contratada en origen, con un contrato fijo-discontinuo y un acuerdo para mantener la relación laboral por cuatro años. “Como les ocurre a tantas otras, que, por estar en otro país, no entender el idioma, no saber leer ni escribir, no tener un fácil acceso a la justicia española, y existir grandes vacíos legales en la ley que regula sus contrataciones, pierden todos sus derechos, y se quedan con una mano delante y otra detrás”, denuncian desde el colectivo.

A las malas condiciones laborales hay que sumarle el “expolio de la tierra y del agua”, recuerda Pinto, porque “el agronegocio es un sistema que sobrevive gracias a la explotación de las personas y de la naturaleza”. Es por esto por lo que entienden que la lucha laboral debe ser también “antirracista, feminista y ambiental”: “En muchos casos, los mismos que crean discursos de odio entre poblaciones son los que expolian el agua, agotan nuestro pulmón verde y nos van a dejar sin agua para beber”. Según la portavoz sindical, los terratenientes estarían fomentando el racismo, pero también los prejuicios raciales o nacionales: “Tratan de enfrentarnos diciendo que las marroquís recogen más fresas que las españolas o que las rumanas son mejores que las marroquís”.

Ana Pinto: “En muchos casos, los mismos que crean discursos de odio entre poblaciones son los que expolian el agua y agotan nuestro pulmón verde”

Además del tema de contratación y remuneración, están las malas condiciones de vida que sufren los y las temporeras en España. “Viven en viviendas que no cumplen requisitos adecuados para la vida y son víctimas del racismo”, dice Pinto sobre las jornaleras migrantes de la provincia andaluza. Los asentamientos de temporeros de los campos de fresas y frutos rojos llevan más de 25 años siendo la parte invisibilizada de esta industria. En el caso de Huelva, con una rentabilidad millonaria. La producción/exportación de fresas supone nada menos que el 8% del producto interior bruto (PIB) andaluz.

“Unas cifras millonarias que se basan en el trabajo de miles de trabajadores migrantes. En la última temporada agrícola, según los datos de Subdelegación de Gobierno de Huelva, llegaron a la provincia más de 13.400 personas contratadas en origen procedentes de Marruecos, Ghana, Guinea Ecuatorial u Honduras en su mayoría”, revelan.

Según datos recientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la agricultura española ha elevado su tasa de afiliados extranjeros un 6% respecto a 2023, hasta los 258.525 empleados de otros países, que convierte al sector en el segundo con mayor presencia de extranjeros (la hostelería, el primero). Andalucía es la región que cuenta con más extranjeros afiliados al Sistema Español de Afiliación (SEA): 93.211 personas. Le sigue la Región de Murcia (52.206), Aragón (22.129), Cataluña (21.364), Comunidad Valenciana (20.973), Castilla-La Mancha (20.480) y Castilla y León (7.625).

Para Luengo, el modelo agroexportador del Campo de Cartagena y de muchos otros territorios se sostiene “por la depredación de los recursos naturales y por trabajadores precarizados y sin derechos”. Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, da en la tecla: Torre Pacheco no es más que “el síntoma de un sistema agroexportador podrido”.