El Ayuntamiento de Madrid escucha a la ONU y paraliza los desahucios de la EMVS
El Consejo de Administración de la empresa pública de vivienda ha acordado prorrogar la paralización de lanzamientos de viviendas de la EMSV vigente desde el 8 de agosto. El abogado que consiguió el dictamen de la ONU recuerda que es vinculante y espera que otras administraciones escuchen las recomendaciones del Consejo Económico y Social de este organismo.
El consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid ha acordado en su última sesión, este jueves, prorrogar la suspensión de los desahucios de familias sin título legal de ocupación de viviendas del Ayuntamiento de Madrid. Así lo ha anunciado Marta Higueras, presidenta de la entidad, tras la celebración del consejo, que además ha acordado ofrecer nuevas alternativas habitacionales para paliar la situación de las familias desahuciadas. La suspensión se mantendrá hasta contar con el informe de servicios jurídicos sobre un dictamen del Consejo Económico y Social de la ONU que critica duramente la actuación de las instituciones en el caso de una familia desahuciada en 2013.
La entidad que preside Higueras ha tomado esta decisión después de que el pasado 8 de agosto anunciara la suspensión temporal hasta la convocatoria del siguiente consejo de Administración de los lanzamientos judiciales sobre viviendas de la empresa pública, como adelantó El Salto.
El Ayuntamiento reconocía entonces la “situación de precariedad económica y laboral de gran parte de los ocupantes” de estas viviendas, por lo que consideraba “previsible que no dispongan de recursos para hacer frente a un alojamiento en el mercado libre”. Los datos son claros al respecto: de los 17.000 inscritos en la EMVS para solicitar una vivienda, 9.000 cuentan con ingresos inferiores a 0’75 IPREM (lo que supondría, en el caso de una familia de cuatro miembros, unos 600 euros), según recoge ese mismo documento.
La decisión se produjo entonces tras emitir la presidenta de la entidad y primera teniente de alcalde, Marta Higueras, un informe justificativo en el que incluía los argumentos contenidos en la Iniciativa Legislativa Popular impulsada en Madrid por diversas asociaciones, los artículos relativos a la vivienda de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la vivienda recogido en la Constitución Española, así como el ya mencionado dictamen del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, que el 20 de junio de este año se pronunció duramente contra el Estado español por sus políticas de viviendas a raíz de la denuncia de una familia.
LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
En sus conclusiones, este dictamen reconoce que el Estado violó el derecho a la vivienda de la familia de Mohamed Ben Djazia, un ciudadano residente en Tetúan. Este ciudadano fue desahuciado por impago de alquiler en 2013 y pasó diez días en un albergue que le proporcionó el Servicio Municipal de Emergencias, que abandonó por orden de las autoridades, según recoge el dictamen, y tuvo que pasar cuatro días durmiendo en un coche junto a su mujer y sus hijos de 8 meses y 2 años. "Decidimos acudir al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas porque aquí no encontramos respuesta, e incluso el Tribunal Constitucional acordó no admitir el recurso de amparo", explica el abogado de este ciudadano, Javier Rubio.
El dictamen recoge que el proceso judicial no observó las garantías suficientes y que las autoridades no concedieron a la familia una alternativa
El dictamen recoge que el proceso judicial no observó las garantías suficientes y que las autoridades son solo no concedieron la familia una alternativa en el parque de vivienda pública, sino que la Comunidad de Madrid vendió parte de su parque de viviendas públicas a fondos de inversión privados y hace una serie de recomendaciones generales, entre las que se encuentran la adopción de medidas para asegurar que los desalojos que afecten a personas sin recursos contemplen la propuesta de una alternativa habitacional para las personas afectadas, como recoge la decisión del consejo de la EMVS.
Rubio espera que otras administraciones se sumen a la iniciativa del Ayuntamiento madrileño de escuchar este dictamen, dado que, recuerda, es vinculante en virtud del PIDES (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) suscrito por España en 1977. "Esperamos que después del Ayuntamiento de Madrid, otras administraciones sigan el ejemplo", dice el abogado.
En cuanto a su cliente, Rubio indica que ya han iniciado los pasos para que se efectúe una compensación, como indica el Consejo Económico y Social.
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