Sareb
¿Qué puede hacer el nuevo Gobierno con el Banco Malo?

Fumata blanca del primer Gobierno de coalición de la Historia democrática española. Arranca un mandato en donde, según algunos, acabaremos viendo cómo nos expropian nuestras casas de la playa y la banca será nacionalizada o donde, según otros, los problemas de vivienda y precios del alquiler serán solucionados gracias a la intervención del nuevo equipo ministerial. Ni tan negra ni tan blanca, la realidad es que el futuro de esa lucha entre el sector inmobiliario/financiero y el nuevo Ejecutivo acaba de empezar. Cada uno tiene sus armas, pero falta ver si, como esperan muchos de sus votantes, este nuevo Gobierno es lo suficientemente valiente como para usarlas y enfrentarse a ellos.

Una de esas principales armas es una bomba a punto de estallar en medio del campo de batalla. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), más conocida como el Banco Malo, participado en un 45% por el Estado y el resto por inversores privados —principalmente grandes bancos nacionales— puede ser ese arma, pero también puede estallarle en los morros a Iglesias y Sánchez. Continuas pérdidas, opacidad, pérdida de su control por parte de los poderes públicos y un préstamo avalado por el Estado y que no tiene pinta de poder devolverse, convierte al Banco Malo en un cuchillo de doble filo.

Abrir los cajones

Si en algo coinciden todas las fuentes consultadas para este artículo es en la opacidad con la que ha funcionado la entidad. Años de pérdidas, de ventas no publicitadas, de creación de herramientas de gestión o venta de activos hechas a medida para intentar salvar la cara al Banco Malo y al Gobierno que lo creó, lo han convertido en una caja negra para el ojo público e, incluso, para el institucional. “Lo primero que el Gobierno debe hacer es investigar exhaustivamente qué ha sucedido en ella”, explica a El Salto Manuel Gabarre, autor de Tocar fondo: la mano invisible detrás de la subida del alquiler (Traficantes de Sueños, 2019), apelando a la realización de una auditoría de la SAREB para conocer “qué obligaciones ha asumido y de qué bienes dispone ahora mismo”, además de publicar qué se ha vendido hasta el momento, por cuánto y a quién.

Manuel Gabarre: “Dentro de poco la Sareb quebrará y España pagará millones de euros por el préstamo que le dio la UE”

Ter García

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Manuel Gabarre explica en su libro Tocar fondo: la mano invisible detrás de la subida del alquiler cómo la creación de la Sareb fue una gran estafa por la que fondos de inversión estadounidenses se han quedado con los inmuebles de la banca española quebrada a precio de saldo en una operación que costará a España decenas de miles de millones de euros.

Para el responsable de políticas económicas Izquierda Unida y exconcejal de Economía y Hacienda de la ciudad de Madrid, Carlos Sánchez Mato, hay un paso preliminar a cualquier acción económica: “El Gobierno debe reconocer públicamente el grave quebranto causado por su creación en 2012 por parte del Partido Popular”. El exconcejal recuerda que el plan de negocio hablaba de rentabilidades del 15%, cuando los críticos con su creación ya denunciaron que “eso era imposible y que lo único que se pretendía era ocultar un quebranto brutal de las entidades bancarias y sostener los precios de mercado para salvar al resto de las entidades bancarias privadas”. Algo en lo que coincide Alejandra Jacinto, abogada y portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), que denuncia que ese plan económico “se ha demostrado tan inviable como ineficaz, acumulando más de 1.300 millones de euros de pérdidas desde su creación, a base de deshacerse de viviendas vendiéndolas a fondos a precio de saldo”, lo que, según la abogada, es un “despropósito” teniendo en cuenta el escaso parque público de vivienda social que tenemos en nuestro país.

“El Gobierno debe reconocer públicamente el grave quebranto causado por su creación en 2012 por parte del Partido Popular”, Carlos Sánchez Mato

El listado de bienes que, según Gabarre, debería realizar el nuevo Gobierno sobre los activos para conocer “qué pisos con sus direcciones, qué solares o que préstamos a promotores” tiene la entidad, sería el punto de partida para el principal uso que le darían tanto Sánchez Mato como la abogada de la PAH: “Hacer política de vivienda y convertirla en herramienta de provisión de vivienda social”.

“Lo más sencillo y eficaz sería nacionalizar la SAREB para poner sus viviendas en alquiler a precios asequibles”, explica Jacinto,  quién además cree que “el Gobierno podría sacar al mercado esas viviendas y hacer promoción pública con el suelo del que también dispone”. Porque, afirma el exconcejal, continuar con la senda actual “que no es otra que regalar suelo, créditos y vivienda a fondos buitre oportunistas”, solo ahonda las pérdidas mientras que, según él, el Gobierno hace dejación de funciones en materia de Vivienda.

“Esta legislatura en la CAM ha sido la de la antipolítica de vivienda”

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El 26 de mayo se decidirá en las urnas quién gobernará la Comunidad Autónoma de Madrid los próximos cuatro años. En El Salto hemos querido hacer balance de las políticas autonómicas en Sanidad, Educación, Vivienda, Medio Ambiente y Urbanismo y para ello hemos conversado con varias activistas. En esta segunda entrevista dialogamos con la abogada Alejandra Jacinto, portavoz de la PAH

¿Qué lo impide?

El camino no es de rosas y el PP lo dejó todo “atado y bien atado” con la SAREB. Los beneficiarios de la marcha de la entidad en los últimos años son “personas muy bien relacionadas con el poder”, declara Gabarre, “que se opondrán a cualquier acción que vaya en contra de sus intereses”, pero remarca que los grandes beneficiarios son los fondos buitre y la gran banca, que ha funcionado como músculo financiero gracias en parte a las enormes cantidades de dinero que han conseguido a tipos de interés cercanos al 0% y que han prestado a dichos fondos. Por lo tanto, añade, “cualquier acción en materia de vivienda que perjudique a los fondos de inversión va a ser rechazada por la banca, que es un enemigo muy poderoso”.

Para Liliana Pineda, abogada y activista de ATTAC, todas las limitaciones son de carácter político. Pineda explica que “con base a la garantía de no repetición de riesgo, principio jurídico que debiera aplicarse con toda normalidad en el ámbito de lo económico, debe acometer una reestructuración a fondo de la Sareb y, valorando el riesgo y el peligro asumido, transformarla en un instrumento útil a la sociedad”.

"Sánchez e Iglesias tendrán que valorar qué intereses han de anteponerse, los económicos o los que ponen en el centro la vida de la gente", dice Alejandra Jacinto

En cambio, para Jacinto sí que puede haber complicaciones de carácter económico para este nuevo Gobierno en caso de que, como ella recomienda, se nacionalice la SAREB y se utilice para realizar políticas de vivienda social, ya que “supondría que el Estado tendría que asumir la deuda de la entidad e incumplir los objetivos del déficit”. Pero coincide con Pineda en que “no se puede ni se debe mantener la entidad así, como una espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas y que en cualquier momento caerá sobre nosotros”. A lo que la portavoz de la PAH añade que el tándem Sánchez-Iglesias “tendrá que valorar qué intereses han de anteponerse, los económicos o los que ponen en el centro la vida de la gente”.

Pero la bomba puede estallar

La espada de Damocles a la que se refiere la activista de ATTAC tiene forma de aval, uno de 40.000 millones de euros. Cuando se conformó la entidad, 45% pública y 55% privada para evitar contabilizar sus deudas y pérdidas como públicas, tuvo que pedir un préstamo de 50.000 millones, concedido por la Unión Europea en el marco de los acuerdos para el rescate a la banca española en 2012, usados para comprar las viviendas, solares y préstamos a los bancos. Pero el Banco Malo no ha arrojado más que pérdidas. “Ya en marzo, la Sareb presentó las cuentas relativas al ejercicio de 2018 en el que perdió 878 millones, un 55% más que en 2017, y estimó que obtendrá un resultado similar en 2019”, lamenta Sánchez Mato.

Todo ello lleva a ese escenario donde la bomba puede estallarle en la cara al nuevo Gobierno: el día que venza el préstamo, el Banco Malo no tendrá dinero para pagarlo y el Estado es el único garante. Quedan 40.000 millones por pagar, ya que se han devuelto unos 10.000 hasta el momento, y, según Gabarre, “el aval que concedió el Estado a Sareb, es decir, la obligación del Estado de pagar todo lo que la Sareb no pueda devolver, es por tanto una obligación legal que contrajo España con la Unión Europea”.

Sonia Martínez |Manuel Gabarre

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Para un 1%, negocio, para el resto, un problema de acceso a la vivienda. Entramos en un encuentro para los oportunistas del mercado inmobiliario.

La contratación de un SWAP —producto derivado sobre tipos de interés— por parte del PP que ha provocado pérdidas acumuladas por valor de unos 3.800 millones de euros, las contínuas pérdidas ejercicio tras ejercicio y el maquillaje de sus cuentas mediante un Decreto Ley de 2016 o su “contabilidad creativa” la convierten, según enumera a El Salto Sánchez Mato, en una bomba de relojería que puede declararse en quiebra en cualquier momento, y hacer saltar el resorte del préstamo y su aval.

Y la cosa no parece que vaya a mejorar. El precio de la vivienda está subiendo, pero la SAREB ya ha vendido los lotes más apetitosos para los mercados y sus intentos de crear herramientas para su venta, SOCIMI principalmente, tampoco parecen que vayan a llenar las arcas del Banco Malo como para poder devolver los 40.000 millones. La opacidad que rodea los activos de la entidad dificultan saber qué puede recuperar exactamente la entidad, pero observando lo que se adquirió en su día y el precio del m² de vivienda libre en España que el mismo SAREB ha calculado, según Pineda, es “a todas luces insuficiente para garantizar que el aval dado a los bancos no termine costando un céntimo al contribuyente, como todos nos tememos”.

En resumen, PSOE y Unidas Podemos tienen por delante la difícil tarea de afrontar una legislatura donde el mismo arma les puede servir para materializar una verdadera política de vivienda social y calmar los precios del alquiler en muchas zonas del Estado español, pero que, en caso de estallar, puede provocarles un quebranto que desfigure los Presupuestos Generales y el déficit exigido por Bruselas, provocando unos recortes que dejarían a los que sufrimos en la época de crisis como un chiste.