Derecho a la vivienda
El Sindicato de Inquilinas y BDS exigen al Gobierno que rompa el contrato de la Sareb con el fondo KKR

Primero fue ERC, con el apoyo de EH Bildu, que lanzó después de una investigación de El Salto una moción y una pregunta parlamentaria. Y ahora se suman el Sindicato de Inquilinas de Madrid y la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) a Israel. Cada vez hay más voces que exigen al Gobierno de Pedro Sánchez, responsable en última instancia de la Sareb, que no renueve el contrato que tiene el banco malo con el fondo de capital riesgo Kohlberg Kravis Roberts (KKR) para gestionar y vender el patrimonio residencial de la entidad nacionalizada. El contrato vence este verano y el Gobierno debe decidir en estos días cuál será el papel de KKR y Blackstone, el otro fondo buitre que gestiona las viviendas de la Sareb, en la transición hacia la empresas estatal de vivienda prometida por Sánchez. Esta exigencia entronca con la lucha de distintas organizaciones por el derecho a la vivienda, entre ellas el Plan Sareb, que llevan años pidiendo la paralización de las ventas del patrimonio del banco y expulsar a los servicers privados de la gestión de las viviendas.  

Según publicó El Salto, KKR tiene inversiones en compañías israelíes de ciberseguridad y posee la mayoría accionarial de un conglomerado mediático que ofrece viviendas en Jerusalén Este y Cisjordania, territorios en los que Israel está ejerciendo una ocupación ilegal y donde la actividad empresarial está perseguida por Naciones Unidas. 

KKR y el negocio del ladrillo: de vender pisos en territorios ocupados a gestionar las viviendas de la Sareb

Martín Cúneo

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Derecho a la vivienda

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Desde 2022, el fondo proisraelí KKR es el encargado junto a Blackstone de gestionar la cartera residencial del banco malo. En verano vencen sus contratos y los fondos presionan para seguir sacando rédito del patrimonio público.

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“Romper este acuerdo no solo es una cuestión internacionalista en un contexto de genocidio, también lo es de justicia social: implica dejar de financiar con dinero público a un fondo buitre que ha contribuido al desmantelamiento de la vivienda pública en nuestro país. El boicot funciona, pero debemos seguir presionando y movilizándonos para acabar con todo vínculo de nuestro gobierno con el sionismo”, dicen desde el Sindicato de Inquilinas y BDS. 

A través de este tipo acuerdos, el Estado español es “cómplice del genocidio en Palestina”, con acuerdos que canalizan fondos públicos hacia intereses empresariales que “colaboran directamente con régimen de ocupación israelí”. 

ERC, por su parte, continúa insistiendo en el Congreso y el Senado. El pasado 23 de junio solicitaban formalmente en estas dos cámaras que se hicieran públicos los contactos con Hipoges (KKR), y las dos filiales de Blackstone (Aliseda y Anticipa) que gestionan el patrimonio residencial de la Sareb, una información que no es pública a pesar de que el Estado tiene mayoría accionarial desde 2022. 

“El gobierno y la Sareb son totalmente opacos en cualquier asunto que tenga que ver con Sareb. Y, ahora que acaban estos contratos, no han informado qué va a pasar con ellos”, dicen desde prensa de ERC. Para esta formación, todos los inmuebles de Sareb “deberían pasar a ser de gestión pública, ampliando así el parque público de vivienda”. Los pisos que se rescataron con dinero público, agregan, deben estar "al servicio del interés general y no de unos fondos que anteponen los beneficios económicos al derecho a la vivienda”.