Vivienda
La banca y los fondos de inversión deberán ceder sus viviendas vacías a los municipios catalanes
El movimiento por la vivienda hace honor a uno de sus lemas: “Hacer posible lo imposible”. Con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de emergencia social catalana, la banca y los fondos de inversión deberán ceder las viviendas vacías y ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables en caso de desahucio.
“Ahora sí que sí”, comenta a El Salto Lucía Delgado, portavoz del Grupo Promotor de la Ley 24/2015, la ley de emergencia social paralizada parcialmente por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016, seis meses después de su aprobación en el Parlament catalán.
Mientras todas las miradas están fijadas en el juicio del procés, el movimiento por la vivienda catalán está de enhorabuena. Después de meses de espera, este 11 de febrero ha llegado la noticia más esperada. El Tribunal Constitucional les ha dado la razón y la ley de emergencia social, pionera en el Estado español en la defensa del derecho a la vivienda y contra la pobreza energética, volverá a tener plena vigencia. Las consecuencias son enormes, cuenta Delgado. “Estamos felices de la vida”, confiesa.
Desde el principio
El 23 julio de 2015, el movimiento por vivienda conseguía una de sus más grandes victorias. El Parlament catalán aprobaba por unanimidad la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios y la pobreza energética.
Durante meses, las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Catalunya, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatori Desc —promotores de la ley de emergencia social— habían recogido 150.000 firmas y forzaban la aprobación de una norma vanguardista en España. Según reconocían entonces desde la PAH, la 24/2015 “permitirá poner en marcha mecanismos para acabar con los desahucios y los cortes de suministro indiscriminados, al tiempo que movilizar vivienda vacía para alquiler social”.
Y así lo parecía. Al menos durante los primeros meses. Se firmaron alquileres sociales, se cedieron pisos de la banca a los ayuntamientos, relata Lucía Delgado, pero la legislación más avanzada del Estado español en materia de vivienda no iba a durar.
En mayo de 2016, el Tribunal Constitucional admitió el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy contra dos de las medidas incluidas en la ley de emergencia social, dejándolas automáticamente en suspenso. Una de ellas obligaba a los grandes tenedores de viviendas —fondos de inversión, bancos o personas jurídicas con más de 1.200 m2 de vivienda— a ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables ante un proceso de desahucio de hipoteca o de alquiler. La otra, continúa esta portavoz de la PAH, obligaba a estos grandes tenedores a ceder sus viviendas vacías a los municipios para alquileres sociales.
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, la parte de la Ley 24/2015 referente a la emergencia habitacional quedó en suspenso. Sin embargo, recuerda Delgado, todo el articulado que hablaba sobre pobreza energética y suministros básicos nunca fue recurrido. “En Catalunya, desde 2015, a ninguna familia vulnerable se le puede cortar el agua ni la luz ni el gas… Ha habido casos en los que ciertas empresas se han saltado la ley y ahí la Generalitat las sancionó, porque la Ley también lo permite”, dice.
Con la medida del Tribunal Constitucional notificada este 11 de febrero, la totalidad de la ley de emergencia social, incluidos los dos artículos suspendidos, será aplicable en Catalunya.
La presión funciona
El 30 de octubre de 2018, la presión del movimiento por la vivienda catalán surtió efecto: el Gobierno español y el de la Generalitat firmaron un acuerdo para retirar el recurso de inconstitucionalidad contra estos dos artículos impugnados de la Ley 24/2015. “En octubre conseguimos que hubiera un acuerdo entre el Gobierno de la Generalitat y el Estado, pero lo que no teníamos claro era qué iba a hacer el Tribunal Constitucional. Ahora sí que sí, nos hicieron llegar la sentencia del Constitucional desestimando los artículos que habíamos negociado”, dice Delgado.
Esta sentencia significa, explica la portavoz del grupo impulsor de la ley, que las PAH ya pueden “aplicar estos artículos en todos los casos de familias vulnerables que tienen un proceso abierto por impago de hipoteca o por impago de alquiler”.
La inminente entrada en vigor de toda la ley 24/2015 significa un importante aliado legal en la lucha de las PAH catalanas: “La administración está obligada a realojar con alquileres sociales a las familias vulnerables. Y siempre nos dicen que no tienen pisos. Ahora se ha creado una herramienta para captar pisos de estas entidades financieras y fondos de inversión”.
Lucía Delgado destaca el significado de haber logrado sentar, en medio del conflicto abierto entre el Estado central y Catalunya, a los dos gobiernos para “poner el derecho de la vivienda por encima de otras cuestiones más ‘políticas’ porque, a fin de cuentas, no hay nada más político que la vivienda, porque la vida de todas pasa por este derecho”.
Se trata de un gran avance, afirma, pero la intención de la PAH es que la 24/2015 sirva de referente al resto de España y que esta sentencia sirva para destrabar la tramitación de la Ley de Vivienda propuesta por la PAH para todo el Estado, una medida bloqueada por el PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso.
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Esto está bien, pero no es una solución.
La solución al problema de la vivienda pasa por asumir que es un derecho, y, como tal, protegerlo. Y hay que ser valiente. Una propuesta: prohibir por ley que una empresa sea propietaria de una vivienda. Y todavía más: prohibir que una familia (unidad fiscal) sea propietaria de más de un cierto numero de viviendas (2? 3?). Esa medida beneficiaría a la inmensa mayoría a costa de esa minoría que especula con los derechos de todos. Y se acabó el problema ecológico de la destrucción de territorio por la excesiva construcción.
Es una medida que tiene mucho que precisar, pero es innegablemente justa y efectiva.
Estoy de acuerdo contigo pero yo no limitaría el número de viviendas que pudiera comprar una "unidad familiar", lo que haría es subir los impuestos progresivamente y ese dinero destinarlo a subvencionar vivienda social. Es decir primera vivienda un 4% de impuestos, segunda vivienda un 12%, tercera vivienda un 40%, cuarta vivienda un 60% ...
SI yo puedo comprar viviendas porque no lo voy hacer? estamos hablando de vivienda social no de los bienes privativos de las personas que puedan comprar inmuebles y utilizarlos con intenciones positivas. estamos hablando que no se sabe que parque de vivienda hay, estamos hablando que los requisitos para acceder a vivienda social son un horror, estamos hablando que hay fondos buitre que tienen viviendas cerradas y se niegan a alquilar socialmente, estamos hablando que tal cual ves la vivienda te la entregan, sin lo básico, estamos hablando que te piden un riñon y parte del de tu vecino para poder alquilar hoy en dia...no de cuanto inmuebles privativos tenga o no tenga una persona a nivel particular y el uso LICITO
NO entiendo como los políticos de todos los países permiten que se especule con la vivienda y no hagan nada para resolver este problema. Los problemas son los mismos en Barcelona, Berlin, Madríd, Tanger, etc. Es decir es un problema a nivel prácticamente mundial y sin embargo todos lo ciudadanos tenemos que admitir que se especule con la vivienda y que los gobiernos no hagan nada salvo pequeños parches que no sirven para nada.
NO a los inversores en vivienda, NO a los pisos turísticos, NO a la especulación con el suelo, SI a un parque de viviendas estatales con una única base de datos nacional que evite que se acaben vendiendo dichas viviendas a particulares. SI a impuestos progresivos para el que tenga más de una vivienda, SI a la dación en pago, etc. Como decía una amiga "la justicia está secuestrada por las leyes", por esas leyes que permiten que esto ocurra y que en algunos casos no sólo lo permiten si no que lo promueven.
Toda ley que expropie a los bancos las viviendas que ellos mismos le robaron flagrantemente a la gente inflando precios y vendiendo dinero a prevcio de usura, es UNA MARAVILLAAAAA!!
Vergüenza de banqueros...que nos devuelvan los pisos y el dinero de los rescates chanchullo!! Gracias COMPAHS por tanto curro, tanto empeño, tanta ilusión puesta en acción.
Esta ley es para familias en situación de vulnerabilidad para eso en servicios sociales se hace un trabajo.
No es una ley de la que puedas beneficiarte si no demuestras tú situacion
Barcelona acabará sin alquileres. "Tonto el que pague". Eso es lo que va a pasar. Estaremos al final en un pais sin ley, sin seguridad jurídica y eso no es bueno para nadie.
¿Te imaginas? ¿Que la vivienda fuera un derecho garantizado y uno una forma de especulación ? ¡Qué locura!
¿Donde vamos a parar?
Por esa regla de tres deberiamos tener la mejor energia de europa, por lo menos asi la pagamos.
La seguridad juridica se la pasaron por el forro los del tribunal supremo hace unos meses ya. Sin entrar que la judicatura sigue llena de franquistas que la manejan a su antojo...
Excelente noticia, ahora toca expandir esta ley por el resto de CCAA
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